El Gobierno de Javier Milei finalmente presentó en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley que apunta a modificar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso en 2025 luego del veto presidencial. 

Mejor posicionado políticamente que el año pasado en el Parlamento, el objetivo de la Casa Rosa es buscar una salida política a una problemática que arrastra desde el inicio de la gestión, signada por protestas de la comunidad universitaria debido al ajuste sobre salarios y gastos de funcionamiento. También fue en respuesta a la judicialización por el incumplimiento de la ley, tras la decisión del juez Martín Cormick, del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, que obligaba en diciembre a que el Ejecutivo cumpla con el financiamiento.

En ese marco, los gremios que representan a docentes y no docentes insisten con que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo había promulgado pero no aplicado utilizando el pretexto de que la normativa no especifica el origen de los fondos. 

Aún así, la Rosada avanzó por su cuenta e ingresó ayer en Diputados un proyecto que propone una recomposición salarial del 12,3% por la pérdida de 2025, a pagarse en tres tramos de 4,1% cada uno, el 1° de marzo, el 1° de julio y el 1° de septiembre de este año. Sin embargo, desconoce la caída del salario durante 2024, algo que sí contemplaba la Ley de Financiamiento ya que obligaba al Gobierno a pagar todo lo perdido por IPC desde diciembre de 2023, cifra que alcanzó cerca del 40%.

A su vez, la Ley de Financiamiento dispone que el Estado nacional debe convocar a los gremios del sector a una negociación paritaria, al menos una vez cada tres meses para actualizar de forma mensual los salarios sin que queden por debajo de la inflación. Mientras que el nuevo proyecto también habla de una paritaria trimestral, pero no se refiere al compromiso del aumento mensual por inflación.

Este punto tiene especial rechazo de los gremios del sector, que denuncian que los aumentos son totalmente insuficientes y unilaterales por parte del Gobierno, es decir  por debajo de la inflación y sin ningún tipo de convocatoria a la mesa paritaria.

En otro de sus puntos importantes, sobre los gastos de funcionamiento, la ley aprobada por el Congreso establece una recuperación de lo perdido en 2024 y 2025. Como contrapartida, el nuevo proyecto libertario solo alude al año 2026 y proyecta atar la actualización de esos gastos a la inflación medida por el INDEC por encima del 14,3%, que es el valor estimado por el Presupuesto 2026.

Reclamos por el cumplimiento de la Ley

Ante este panorama, rectores, gremios y estudiantes advirtieron que el Gobierno debe respetar la ley aprobada por el Congreso y ratificaron su reclamo por esa normativa porque, señalaron, lleva soluciones a sus demandas.

En primer lugar, el Consejo Interuniversitario Nacional remarcó que el diálogo con el Gobierno debe partir del cumplimiento de la norma vigente. “Siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional”, expresó el organismo que nuclea a los rectores de las 70 universidades públicas en un comunicado.

Por su parte, los docentes de la CONADU adelantaron que no comenzarán las clases si el Gobierno no aplica la ley. “La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, se cumple”, subrayaron en un comunicado. Allí, expresaron: “El gobierno nacional se niega a cumplirla hace cuatro meses. Esta actitud antidemocrática y antirepublicana es la que está dejando al sistema universitario en una situación de alto riesgo. El funcionamiento con normalidad ya no es una posibilidad real”.

Por último, la Federación Universitaria de La Plata se acopló a los reclamos de los gremios y rectores y, a su vez, vienen denunciando el congelamiento de las becas Progresar para la continuidad de sus estudios en 35.000 pesos.