Trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) denunciaron una nueva maniobra del gobierno de Javier Milei para avanzar en el vaciamiento del organismo, con el objetivo de forzar un cierre que ya había sido intentado por decreto y rechazado tanto por la Cámara de Diputados como por la Justicia. Según advirtieron, el Estado busca retirarse de sus funciones esenciales, abandonando “la ejecución directa de obras y tareas operativas” y reduciendo a Vialidad a un mero ente veedor.
El Sindicato de Trabajadores Viales y afines (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, declaró el “estado de alerta máxima” a partir del nuevo organigrama impulsado por el presidente Javier Milei y diseñado bajo los lineamientos del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. «Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso Nacional le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo», denunció la referente sindicial.
Vale recordar que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Martín frenó el Decreto de Necesidad y Urgencia 461/25 firmado por el Presidente en julio pasado, que pretendian aparandose en las facultades delegadas de la Ley Bases el cierre del organismo delegando sus funciones al Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo. El DNU también fue rechazado de lleno por el Congreso.
En esa oportundiad, la Justicia reconoció que dichas facultades no le permitían al Gobierno el cierre de un organismo autorquico, creado por ley, como es el caso de la DNV. En este marco, intimaron al Ejecutivo nacional para que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.
El Sindicato advierte ahora que en post de una «reorientación institucional» anunciada en el DNV, «el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—, consumando un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial».
Ante esto, el STVyARA intimó formalmente a Sturzenegger y al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se «abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional».
En la intimación, el sindicato advirtió expresamente que no se avance en decisiones que impliquen la eliminación de funciones operativas sustantivas, la reducción estructural incompatible con los fines legales del organismo, la transferencia de competencias esenciales al sector privado o la reconversión de Vialidad Nacional en un mero ente de planificación o fiscalización, en desmedro de su rol histórico de ejecución, conservación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.