El Gobierno de Javier Milei se ha negado rotundamente a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario aprobada el año pasado por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Ahora, en el marco de un histórico ajuste sobre las casas de estudios superiores, acercó una propuesta de recomposición salarial a los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que consiste en un 12,3% de aumentos a pagar en tres cuotas de 4,1% en los meses de marzo, julio y noviembre.
Sin embargo, la oferta desconoce la pérdida salarial de docentes y no docentes de las universidades durante el año 2024, a la vez que abre una mesa de negociación paritaria para 2026, luego de negarla desde que asumió Javier Milei.
Vale recordar que en el presupuesto para este año, la gestión libertaria destinará 4,8 billones a las universidades, mientras que de acuerdo a la Ley de Financiamiento vigente (sancionada por el Congreso y ratificada luego del veto del Presidente), deberían ser 7,2 billones.
Esa diferencia entre los fondos contemplados en la Ley de Financiamiento y los que el Gobierno está dispuesto a dar generan una asfixia presupuestaria sobre las casas de estudio y una pauperización del rol docente y, por consecuencia, de la calidad educativa, según denunciaron rectores y los gremios del sector.
Las federaciones de docentes universitarios, Conadu y Conadu Histórica, adelantaron que podrían no comenzar las clases si el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento y no convoca a paritarias, ámbito institucional en el que se debe dar la recomposición salarial. En ese caso, alrededor de 2 millones de estudiantes no iniciarían sus estudios.
De ese modo, los gremios ya adelantaron que no aceptan el ofrecimiento oficial que niega la pérdida salarial y presupuestaria de todo el año 2024. Vale remarcar que, según los sindicatos, desde que asumió Milei los trabajadores del sector universitario (docentes y no docentes) perdieron el 50% de su poder adquisitivo.
El Gobierno hizo su propuesta mediante Alejandro Álvarez y Carlos Torrendell, subsecretario de Políticas Universitarias y secretario de Educación, respectivamente, quienes se reunieron con el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, y el de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, como representantes del CIN.
Así, el oficialismo apunta a modificar la Ley de Financiamiento Universitario y llevar “alivio” a las casas de estudio, a través de un nuevo texto normativo que “asegure la previsibilidad fiscal” y “resuelva los conflictos legales”.
Con todo, se da luego de las advertencias de los gremios de no comenzar las clases y después de que el juez Martín Cormick, del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, obligara en diciembre a que el Ejecutivo cumpla con el financiamiento que establece la Ley de Financiamiento Universitario. Esa normativa asegura la recomposición salarial de los trabajadores y garantiza el funcionamiento de las funciones básicas de las universidades públicas.