Una masiva movilización se concentró en la Plaza de los Congresos para rechazar la reforma laboral promovida por el oficialismo que busca precarizar las condiciones laborales y quitar derechos. Mientras el Senado debatía el proyecto, miles de personas nucleadas en centrales sindicales, gremios, agrupaciones políticas y organizaciones sociales se manifestaron en repudio a la iniciativa.
En ese marco, la Policía reprimió con gases lacrimógenos y disparos a las columnas que se habían concentrado desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso, luego de montar un numeroso operativo que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Las corridas y balazos comenzaron cuando un grupo reducido de encapuchados volteó una valla policial en Entre Ríos y Rivadavia. Efectivos de infantería respondieron contra la totalidad de la marcha para dispersar y hacer retroceder a los manifestantes en dirección a la Av. 9 de Julio.
De esta manera, el Ministerio de Seguridad conducido por Alejandra Monteoliva, aplicó el ‘Protocolo Antipiquetes, a pesar de que la Justicia Federal había declarado su nulidad.
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La marcha tuvo como protagonista a la CGT, que pidió “responsabilidad” a los senadores a la hora de votar porque el proyecto “no resuelve los problemas del trabajo, solo los agrava”. También se movilizaron las dos CTA, en una jornada que incluyó un paro de estas dos centrales en todo el país.
El inicio de una sesión caliente
Durante el comienza de la sesión, el senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, calificó la reforma como un «plan de despido» que vulnera la protección constitucional contra el despido arbitrario. El legislador hizo especial énfasis en la extensión de los períodos de prueba y denunció con dureza los cambios en las condiciones de desvinculación: «¡Qué miserables que son! Lo terminan de reforzar quitándole el preaviso de 15 días a un tipo que laburó 12 meses, ahora lo podés despedir así, sin siquiera preaviso».
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Recalde cuestionó la eficacia de estas medidas para la creación de empleo y dirigió sus críticas hacia sus pares de bloque que acompañan la iniciativa oficialista. «Me da vergüenza que senadores que fueron votados por el pueblo peronista en su provincia vengan acá a convalidar esta quita de derechos a los trabajadores», sentenció el senador, vinculando el debate legislativo directamente con la pérdida de conquistas laborales históricas.
Por su parte, eI senador de LLA, Juan Cruz Godoy, duratne su intervención dejó al desnudo el intento del proyecto. «La reforma laboral está buena porque, a partir de ahora, a un trabajador no se le reconoce su antigüedad y compite de igual a igual con un trabajador nuevo, al que se le puede pagar más barato».
Una reforma regresiva
Los gremios y la oposición dura de Fuerza Patria coincidieron en que la reforma que impulsa La Libertad Avanza desprotege a los trabajadores al facilitar el despido y profundizar la precarización laboral. Se trata de un proyecto central para el programa económico del Gobierno libertario.
El debate en la cámara alta se realiza luego de semanas de negociaciones y promesas del Gobierno de dar marcha atrás en algunos puntos a pedido de los gobernadores, la CGT y las cámaras empresarias, aunque se espera hasta último momento para confirar esas modificaciones.
En ese sentido, en cuanto a la jornada, se habilita la posibilidad de trabajar hasta 12 horas diarias y se permite el fraccionamiento de vacaciones en periodos de 7 días, además de implementar un «banco de horas» donde las horas extra pueden compensarse con francos en lugar de pagarse.
Asimismo, los convenios colectivos perderían vigencia automática al vencer, a excepción de las cláusulas sobre condiciones de trabajo, alterando el principio de ultraactividad vigente hasta hoy. A si vez, el proyecto modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido al excluir el aguinaldo y premios, proponiendo además la creación de un Fondo de Cese Laboral opcional.
Por otro lado, se limita el ejercicio del derecho a huelga mediante la exigencia de coberturas mínimas más altas: un 75% de operación para servicios considerados «esenciales» y un 50% para actividades calificadas como «trascendentales», restringiendo así la capacidad de medida de fuerza de los gremios.
En este contexto, se espera una tensa sesión en el Senado, ya que las negociaciones se extenderán para aplicar modificaciones. El oficialismo apunta a conseguir 40 votos para enviar el proyecto a Diputados.