La denuncia que presentó la vicepresidenta Victoria Villarruel contra contra dirigentes y comunicadores cercanos al presidente Javier Milei, tuvo un nuevo avance en la Justicia con la decisión del juez federal, Sebastián Casanello, de un investigar un posible ataque coordinado que se instituiria además, como un ataque a las las mujeres en la vida política.
La Vicepresidenta decidió presentar la denuncia en agosto pasado. Luego de ser acusada de «traidora» por Javier Milei, se volvió blanco contanste de ataques en medios y redes sociales afines al Presidente, entre ellos su biógrafo Nicolás Márquez, la diputada Lilia Lemoine y el dueño de La Derecha Diario, Javier Negre, así como también a algunos usarios de X, a quienes los acusó en la Justicia por amenazas y ataques que atentan contra el «órden institucional».
En las presentaciones, ingresadas en los juzgados de Casanello, Villarruel argumentó que los ataques denunciados atentan contra rol institucional que ejerce. “Nada de esto sucedería de no ostentar el cargo con el que la ciudadanía me ha honrado. Ergo, los ataques a mi persona importan una amenaza directa y descarnada al orden constitucional y al sistema republicano”, escribió.
En un inicio, el juez Sebastián Casanello delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, quien analizó los mensajes denunciados por Villarruel y los clasificó en distintos grupos según su posible encuadre legal. Por un lado, identificó tuits que podrían constituir amenazas; por otro, mensajes que encuadrarían como calumnias o injurias y, finalmente, expresiones que, si bien resultaban agravantes y repudiables, no configuraban delitos penales. Aun así, el fiscal sostuvo que el caso podía inscribirse en un escenario de violencia por razones de género ejercida en el ámbito digital, con fuertes aristas políticas y mediáticas.
Disconforme con ese dictamen, Villarruel solicitó la revisión del fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, quien terminó avalando la postura de Picardi. Sin embargo, en disidencia Casanello resolvió aceptar a la vicepresidenta como querellante y avanzar con la investigación.
El magistrado reasumió el control del expediente y ordenó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal que analizara los tuits y a los usuarios señalados por Villarruel, entre ellos los de Márquez y Lemoine para determinar si hubo una acción destituyente coordinada entre estas figuras y las otras cuentas denunciadas.
Además, Casanello entendió que puede constituirse como un caso de violencia política hacia las mujeres. “La naturaleza de la violencia denunciada impone el esfuerzo de la debida diligencia, dándole un contorno público a la materia, acentuado por la alta magistratura desempeñada por quien se presenta como víctima (la querella, en sus sucesivas presentaciones, da cuenta de que el accionar denunciado continúa a diario en las redes)”