En medio de una agenda política atravesada esta semana por el debate del mentado proyecto de Ley de Reforma Laboral, el Gobierno vuelve a insistir con la baja de la imputabilidad. Tras retirar el proyecto original que pautaba reducir la edad de punibilidad a 13 años, ahora enviará uno nuevo que la fija en 14 años. A la espera de obtener dictamen favorable en Diputados este miércoles, los señalamientos persisten sobre el recrudecimiento de la criminalización de jóvenes y chicos.
En líneas generales, la iniciativa que apunta a establecer una nueva reforma penal juvenil no se alejará mucho del que ya había tenido dictamen en mayo de 2025. Uno de los puntos de diferencia respecto a aquel proyecto es que, en esta ocasión, el Ejecutivo incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para la implementación de la ley.
Ahora, la mirada está puesta en la elaboración del temario de las diversas comisiones de Diputados, donde ahora deberá encontrar su lugar la discusión por el mentado proyecto de Régimen Penal Juvenil. Mientras tanto, las críticas se mantienen firmes, en especial desde la Iglesia, que ya emitió un comunicado al respecto
“Reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, advirtieron desde la Pastoral Carcelaria y Pastoral Social. En ese sentido, pidieron priorizar políticas de salud mental y educación por sobre el enfoque punitivo. Además, señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico.
La carta enviada al conjunto de Diputados y Senadores cuenta con el respaldo de organismos e instituciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, asociaciones de psicólogos, psiquiatras, magistrados y defensores de los derechos de la niñez.
Asimismo, los organismos de derechos humanos también mantienen sus críticas con el nuevo proyecto. “El proyecto que ingresó hoy el Gobierno nacional para tratarse en el reciento es muy malo, casi violento: de hecho es peor que el que había tenido media sanción el año pasado”, expresó por su parte, Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.