Con una Legislatura vallada, un operativo policial extendido y miles de personas movilizadas desde distintos puntos de la provincia, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino —ex San Jorge— pese a una resistencia social que no cede desde hace más de una década. La norma habilita la explotación de cobre en Uspallata y reabre un conflicto que el pueblo mendocino considera vital: la defensa del agua en una provincia donde cada litro es estratégico.
El oficialismo provincial —radicales asociados a libertarios y referentes del PRO— respaldó la medida con 29 votos afirmativos, una abstención y apenas seis rechazos, provenientes del kirchnerismo y espacios ambientalistas. El gobernador Alfredo Cornejo, alineado con Javier Milei desde el inicio de la gestión libertaria, logró así avanzar con una modificación que vuelve a tensionar la relación entre ciudadanía y Estado.
La imagen de la semana fueron las columnas humanas que caminaron más de cien kilómetros desde Uspallata hasta la capital provincial. También se sumaron agrupaciones del Valle de Uco, San Rafael, Lavalle y Luján de Cuyo. Vecinos, ciclistas, docentes, productores y jóvenes marcharon bajo el sol en una de las movilizaciones más amplias desde la defensa de la Ley 7.722 en 2019.
“Lo que estamos viendo es una democracia enferma”, lamentó el activista Daniel Funes, destacado referente de la lucha por el agua pura en Mendoza. Rendido por las horas de caminata y casi sin dormir desde la madrugada previa, Funes mezcló tristeza e indignación: “Los legisladores deberían representar la voz del pueblo y, sin embargo, se presentan como empleados del Ejecutivo. Defienden más los intereses del gobierno provincial que los de la gente”.
La frase encontró eco en los manifestantes: “El agua de Mendoza no se negocia”, repitieron durante dos días de caravana que atravesó Potrerillos, el perilago, Cacheuta y Blanco Encalada.
El recuerdo de diciembre de 2019 —cuando la ciudadanía frenó una reforma regresiva que flexibilizaba el control ambiental y permitía el uso de sustancias tóxicas— sobrevoló cada paso de la marcha. Pero también el antecedente más cercano: en octubre de este año, la policía de Cornejo detuvo a dos manifestantes durante 50 horas, sin explicar motivos, mientras videos oficiales mostraban golpes y detenciones arbitrarias en protestas completamente pacíficas.
Funes considera que esa estrategia de “estigmatización y persecución judicial” buscó achicar la protesta social para fabricar la idea de una licencia social inexistente. Sin embargo, la masividad de esta semana demostró lo contrario: las calles volvieron a tensarse incluso en un clima nacional donde el gobierno de Milei intenta disciplinar cualquier disidencia.
La explotación de cobre en Uspallata estará a cargo del proyecto San Jorge, presentado por el oficialismo como un motor económico capaz de generar 600 millones de dólares e impulsar 4.000 empleos en 27 años. Pero las organizaciones socioambientales desmienten esa promesa: los propios estudios del proyecto reducen esas cifras a 1.200 empleos en etapa de construcción y unos 500 puestos permanentes. “Es una mentira que todo el mundo va a trabajar en la minería”, insistió Funes.
Instituciones científicas como el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo y entidades religiosas denunciaron graves inconsistencias del estudio de impacto ambiental. Los investigadores del Conicet incluso señalaron que un documento crítico fue censurado por presiones del Ejecutivo provincial.
El informe advierte sobre el uso de sustancias altamente tóxicas, como el xantato, y la posible contaminación de acuíferos que alimentan el arroyo Uspallata y toda la cuenca del Río Mendoza, fuente principal de agua para el 75% de la población, más de 9.000 industrias y unas 250.000 hectáreas agrícolas.
A pesar de las alertas, el oficialismo admitió que la evaluación ambiental presenta vacíos técnicos, pero aun así decidió avanzar.
Milei y la entrega extractivista
La postura del presidente Javier Milei fue explícita: apoyó el proyecto San Jorge como parte de su ofensiva para habilitar un nuevo ciclo de megaminería en el país. Cornejo fue uno de los primeros gobernadores en respaldar la agenda libertaria y hasta impulsó derogar la Ley de Glaciares, un reclamo histórico del sector minero que ahora figura entre los proyectos de sesiones extraordinarias en el Congreso.
Organismos socioambientales denunciaron desde Buenos Aires un “pacto extractivista” entre el gobierno nacional y el provincial, que —afirman— prioriza los intereses de grandes corporaciones mineras por encima de la salud pública y del acceso al agua.
La comparación con Sierra Pintada, un yacimiento de uranio abandonado con severos pasivos ambientales, aparece como advertencia constante. La Corte Suprema ya determinó que esa mina no puede reactivarse. “Mendoza tiene una experiencia tristísima con la minería metalífera. Un solo proyecto puede poner en riesgo el agua de más de 1,4 millones de personas”, recordó Funes.
Mientras el oficialismo celebra la aprobación legislativa, las asambleas socioambientales ya anunciaron nuevas protestas. La movilización, bautizada como “Gesta libertadora por el agua”, expresó un clima policlasista, transversal y decidido, como lo describió el abogado ambientalista Enrique Viale. Con solo el cuatro por ciento del territorio cultivable, Mendoza vive en una relación vital y cotidiana con su agua: el recurso que sostiene su producción agrícola, su economía y su identidad.
Por eso, la sensación en las calles es que el conflicto recién empieza. La Asamblea por el Agua de Uspallata lo sintetizó: “Este pueblo ya frenó la megaminería una vez y volverá a hacerlo”.