El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) expuso un panorama preocupante sobre la situación social y laboral en Argentina. Según el informe, el 15% de los trabajadores asalariados atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria, y esa condición se amplía al 25% se se contabiliza a informales y cuentapropistas.
Los investigadores advirtieron que la precariedad laboral está directamente asociada con una mayor vulnerabilidad alimentaria, y que el fenómeno “trasciende la mera inserción laboral”, ya que tener empleo no garantiza hoy el acceso a una alimentación adecuada. A su vez, en los casos de trabajadores sin aportes a la seguridad social, los niveles de inseguridad alimentaria son “notablemente superiores” respecto de los que sí realizan aportes.

El dato se enmarca en los planes del Gobierno nacional que, envalentonado por el resultado electoral, busca acelerar en el Congreso la aprobación de un paquete de reformas estructurales, entre ellas la reforma laboral, que flexibiliza las condiciones de contratación y despido con el argumento de dinamizar el mercado de trabajo.
Desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una alimentación adecuada es parte esencial de las condiciones de trabajo dignas, estrechamente vinculada con la salud, la productividad y el bienestar integral. Por eso, subraya el informe, una dieta insuficiente no sólo reduce el rendimiento laboral, sino que refleja desigualdades estructurales más profundas en ingresos y acceso a derechos.
El estudio elaborado en centros urbanos de más de 80.000 habitantes también revela brechas marcadas según el nivel educativo y el estrato socioeconómico. Entre los trabajadores con educación secundaria incompleta, la inseguridad alimentaria alcanza al 34%, mientras que entre quienes poseen estudios universitarios desciende al 4,6%. En los hogares pobres, la proporción llega al 38,6%, frente al 6,8% registrado en los no pobres. Estas diferencias muestran que la privación alimentaria se profundiza en los sectores con menor nivel educativo e ingresos más bajos.
Además, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del Conurbano Bonaerense se ubican entre los grupos más afectados. En el conurbano bonaerense el 18,9% de los asalariados sufren hambre, mientras que en el interior del país, el 14,8%; en la Ciudad de Buenos Aires, el 7,1%. Las diferencias también se ven en materia de género: las mujeres trabajadoras registradas son las más afectadas con el 8,5%, frente al 6,6% de los varones.
Asimismo, la afiliación sindical aparece como un factor protector ya que entre los trabajadores afiliados, la inseguridad alimentaria alcanza al 7,7%, mientras que entre los no afiliados asciende al 10,7%. Según el informe, esta diferencia podría vincularse con mejores condiciones laborales y mayor acceso a derechos.
El informe de la UCA se relaciona con la crítica situación que atraviesan las familias argentinas para llegar a fin de mes. Según un informe de la Universidad de Buenos Aires, casi la mitad de los argentinos se endeuda para comprar comida. La Facultad de Económicas reveló que el 45% de las compras en supermercados se realiza con tarjeta de crédito, lo que muestra que casi la mitad del consumo de alimentos se financia con endeudamiento, mientras el consumo y los salarios caen.









