Por Miguel Croceri (*)
Dentro de pocos días, el 1 de septiembre, se cumplirán tres años del fallido intento para asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. En el tiempo transcurrido desde entonces, el hecho que pudo haber cambiado la historia nacional y latinoamericana si hubiera conseguido su objetivo criminal femi-magnicida, fue desplazado del centro del interés público por los poderes hegemónicos. (Acompaña a este texto una imagen de la pistola calibre .22 con la que se perpetró el atentado. Foto que trascendió de fuentes judiciales).
Pero no solo eso. También las dirigencias democráticas y populares, empezando por las del peronismo y el propio kirchnerismo, y junto con ellas/ellos los medios de comunicación contrarios a las ideologías dominantes y a los poderes de facto del país y del extranjero, mayormente también ignoraron el asunto y lo relegaron casi al olvido.
Lo único que mantuvo activa la búsqueda de verdad y justicia fue el laborioso esfuerzo de la víctima y de sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, que hicieron lo posible y también lo imposible para que al menos fueron investigadas tres personas -dos varones y una mujer- acusados/da por la autoría material.
Desde los espacios de comunicación masiva, solo un puñado de medios y de periodistas se ocuparon de romper el muro de ocultamiento e impunidad. En ese ínfimo grupo -de medios y de profesionales de prensa- estuvo la periodista Irina Hauser, quien además hace dos años -en el primer aniversario del hecho- publicó en colaboración con Ariel Zak el libro “Muerta o presa. La trama violenta detrás del atentado”. (Hauser explicó la hipótesis central de su trabajo y en general los avances de la investigación, en una entrevista que Vaconfirma publicó hace pocos días. Nota del 10/08/25).
Según el ordenamiento legal argentino, los jucios referidos a delitos penales constan de una fase “de instrucción”, donde se generan y producen -se “instruyen”- las pruebas y demás procedimientos para investigar los hechos denunciados, y después tiene lugar la etapa que (en sentido lego, en decir por fuera de los saberes jurídicos estrictos) se puede considerar como un juzgamiento “propiamente dicho”.
Este último se desarrolla en audiencias orales y públicas, durante las cuales un tribunal escucha a las partes -querella, defensa y fiscalía-, también escucha a los/las acusados/as, y finalmente emite una sentencia. Sentencia que, a su vez, luego podrá ser apelada por alguna de las partes o por todas, y entonces será revisada por instancias judiciales superiores.
En la causa por la autoría material del atentado contra Cristina, la instrucción estuvo a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. En la etapa siguiente, las audiencias orales y públicas se realizaron y realizan en jurisdicción del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 de Buenos Aires, integrado por la jueza/los jueces Sabrina Namer, Adrián Grûmberg e Ignacio Fornari, con Gabriela Baigún como fiscal.
Y aunque el proceso fue ocultado por la abrumadora mayoría de los medios y por la comunicación digital, la semana pasada comenzó la etapa de alegatos, que antecede a la decisión final del órgano juzgador.
El primero en exponer su posición y sus argumentos fue Marcos Aldazábal, uno de los dos abogados integrantes de la querella que representa a la víctima.
De entrada nomás, el profesional del derecho manifestó de forma explícita lo que podía ser muy visible y evidente para quien estuviera informado/da del tema pero que al mismo tiempo fue deliberadamente escondido ante las mayorías sociales, y que él decidió expresar en palabras clarísimas y contundentes desde su alta responsabilidad funcional.
Dijo el abogado al iniciar su alegato: “Tres años después del atentado sabemos dos grandes cosas. (La primera es que) Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel fueron responsables directos del hecho, ya lo sabíamos a horas del atentado. La segunda es que la jueza Capuchetti hizo todo lo posible para que no supiésemos nada más. A lo largo de todos estos años obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles, y re-victimizó a Cristina Fernández de Kirchner cada vez que pudo”. (Puede recuperare la crónica que publicó Página 12, incluido un breve video donde se ve/escucha el fragmento aquí transcripto. Nota del 14/08/25).
La categórica afirmación de uno de los patrocinantes legales de la líder/lideresa política que fuera victima de un ataque terrorista hace tres años y que ahora está detenida y proscripta, ratifican y tratan de llamar la atención sobre lo que pudo apreciarse desde las primeras semanas posteriores al intento criminal.
Qué respuesta política hubo después del atentado
En aquellos meses finales de 2022 se podía advertir que el sistema judicial actuaba con su habitual negligencia, y que gran parte del “país político” seguía su vida como se nada hubiera ocurrido.
Nada era casualidad sino la consecuencia de decisiones y acciones, o bien de sus contrarios -es decir de indecisiones e inacciones, por si hiciera falta aclararlo-, por parte de instituciones, corporaciones, organizaciones y dirigencias que determinan la configuración de las disputas de poder en Argentina. Y a las cuales este artículo denomina “país político”, en el sentido de que son los actores públicos que, por sus respectivas motivaciones, son los más influyentes en dichas disputas de poder.
Desde el principio la investigación quedó a cargo de funcionarios/as que integran la fracción dominante de la judicatura (mal llamada “justicia”), o sea la fracción que se caracterizó al menos en la última década y media por su descarado accionar ultra-antikirchnerista, y en general por haber corrompido la propia razón de ser del servicio de justicia mediante la violación de normas básicas del Estado de Derecho.
En forma combinada, las principales cadenas mediáticas se encargaron de generar “dudas” acerca de si el atentado verdaderamente había existido. (Cuatro días después del hecho lo hizo por ejemplo el canal de noticias TN, del conglomerado Clarín. Informe de El Destape, nota del 05/09/22). Fue una maniobra de manipulación de la opinión pública cuidadosamente estudiada, a fin de instalar la creencia o sospecha de que en realidad se trató de “un invento”.
Mientras transcurría el tiempo y poco a poco, ese mismo aparato comunicacional hegemónico le restó importancia o directamente hizo silencio sobre la información surgida tanto respecto del ataque criminal, como también acerca del financiamiento de las bandas extremistas por parte de allegados a empresas de la familia Caputo.
Las instituciones democráticas del Estado se limitaron a expresarse en los primeros días posteriores al atentado. El entonces gobernante Frente de Todos, y en particular el presidente Alberto Fernández, así como los/las gobernadores/as, el Congreso Nacional, legislaturas provinciales, órganos representativos municipales, etcétera, reaccionaron iniialmente con la condena y repudio correspondientes, en sintonía con las grandes movilizaciones populares de las horas y jornadas posteriores a la intentona criminal.
Pero después se dejaron arrastrar por la estrategia de la oposición tanto mediática como político/institucional (Juntos por el Cambio y otros sectores de derecha o ultraderecha), destinada a que se hable cada vez menos del tema y así lograr paulatinamente un mayor efecto de ocultamiento, hasta su objetivo final: el encubrimiento.
No hubo más llamados a nuevas manifestaciones populares o a distintos tipos de movilización social, como tampoco reuniones específicas por el tema por parte de dirigentes y/o de representantes gubernativos o legislativos; o nuevos pronunciamientos (aparte de aquellos de los primeros días); o conferencias de prensa o declaraciones conjuntas de diferentes sectores o comunicaciones coordinadas en las redes digitales… Nada de eso: faltaron acciones políticas de cualquier naturaleza tendientes impulsar la búsqueda de verdad y justicia desde las bases de la sociedad y desde el sistema político-institucional.
Pasados los días, semanas, meses y primeros tres años, se impuso la voluntad del bloque de poder dominante para que el atentado fuera paulatinamente ajeno al interés de la población. A Cristina Kirchner la dejaron sola con sus abogados en la ciclópea tarea de combatir el encubrimiento y la impunidad, con apenas la valiosa colaboración de pocos/as dirigentes, militantes, periodistas y medios.
(Los párrafos anteriores tomaron como base una columna de opinión de este mismo autor, publicada cuando habían pasado dos meses del atentado. Allí se señalaban los planes “de la derecha y la ultraderecha para que el intento de asesinato vaya siendo tapado por el silencio y el ocultamiento, como si nada hubiera sucedido”, hasta lograr que los discursos demagógicos dijeran que no se debía “insistir más con el tema porque ‘no le interesa a la gente’”. (Nota del 30/10/2022).
Algún día, la democratización judicial
“La jueza Capuchetti encubrió a todos los sospechosos posibles”, dijo el pasado miércoles (13/08) el abogado Aldazábal, ante el tribunal que debe emitir sentencia.
Sin embargo esa gigantesca denuncia “no movió el amperímetro” en las dirigencias representativas de los intereses del pueblo, ni tampoco en el periodismo contrario al régimen gobernante ni -en consecuencia- en la sociedad en general. Se constata así la inacción que los propios sectores democráticos y populares tuvieron desde finales de 2022, dejándose arrastrar por la estrategia de los poderes hegemónicos.
Ante semejante estado de indefensión ciudadana y de sus líderes/lideresa política/políticos, existen algunas propuestas -por el momento aisladas- para que en algún momento más o menos cercano del futuro histórico los/las representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, surgidos/as del voto ciudadano, impulsen una radical transformación del sistema judicial.
En ese sentido pueden tomarse en cuenta los aportes del dirigente Agustín Rossi, quien fuera presidente del bloque de diputados/as peronistas en dos periodos políticos distintos, también dos veces ministro de Defensa, además director general de la entonces llamada Aencia Federal de Inteligencia (AFI), y asimismo candidato a vicepresidente de la Nación en 2023.
Se transcriben a continuación declaraciones realizadas por Rossi pocos días después del canallesco fallo de la Corte Suprema que confirmó la sentencia para meter presa y proscribir a Cristina. Fue durante una entrevista realizada por la periodista Julia Mengolini en radio Futurock:
-”Si nosotros pretendemos gobernar nuevamente con este Poder Judicial, somos unos tontos. Entonces, hay que plantear una reforma de la Constitución para terminar con este poder judicial. Hay que agarrar este poder judicial y tirarlo al tacho de la basura.
-”Está todo corrupto. Del primero al último (comentario ratificatorio de la conductora).
(Luego, sigue Rossi):
-”Entonces, hay que ir con una reforma de la Constitución para elegir los jueces por el voto popular. Los jueces de la Corte, los integrantes de la justicia federal. Y hay que ponerle tér-mi-no (separa en sílabas, enfáticamente, para referirse a la duración de los cargos judiciales). No pueden ser a perpetuidad. (Tienen que estar durante un plazo de, por ejemplo) cuatro años, cinco años, más cinco de reelección, y después ‘a tu casa a laburar, hermano, abrí tu estudio (de abogado), hacé lo que quieras hacer pero laburá, sé lo que tengas que ser’. Pero no puede ser que los tipos (tengan) un seguro de vida. Los tipos impunemente toman una decisión, toman otra decisión, porque saben que su vida va en otro sentido. Ma parece que cosas como esta, el próximo gobierno peronista las va a tener que tomar en cuenta”. (Después, el diálogo periodístico continúa. Puede accederse a la entrevista completa en el canal de Youtube de Futurock. El tramo reproducido aquí dura algo más de un minuto y empieza después del minuto 25. Posteo del 13/06/25).
(Asimismo, Rossi también desarrolló su propuesta para una democratización del sistema judicial en una entrevista exclusiva con VCF a comienzos de julio. Nota del 06/07/25). https://www.vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_963/id_16202/hay-que-ponerle-un-termino-a-los-cargos-en-el-poder-judicial
En las semanas y días más más recientes, hasta el urgente y electrizante momento de este domingo (17/08) en los ambientes politizados, las controversias por candidaturas para la elección legislativa del 26 de octubre han sido un obstáculo para debatir otros asuntos trascendentes para el destino de la Nación.
Ahora la expectativa se traslada hacia el resultado electoral, para el cual faltan más de dos meses. Pero previamente se realizará la votación provincial en el territorio bonaerense el 7 de septiembre, la cual a su vez condicionará a la posterior, que tendrá lugar el último domingo del mes siguiente en todas las provincias del país.
Después de esa secuencia de elecciones la escena política argentina quedará reconfigurada según lo que determine el voto ciudadano, y según lo que resuelvan hacer “los mercados”, es decir los poderes capitalistas que dominan a la economía y a la sociedad aunque la opinión pública prácticamente ni sepa que existen.
Quizás más adelante la sociedad civil democrática y las dirigencias que aspiran a representar sus intereses, se propongan encarar una transformación profunda de la judicatura.
Para que nunca más haya juezas y/o jueces capaces de “encubrir” un atentado terrorista contra una líder/lideresa polítia -o cualquier otro delito, pero más aun si son de ese tipo, de tamaña gravedad histórica-, y para que los/las representantes del pueblo genuinos/as y honestos/as no sean “tan tontos” (como dijo el dirigente citado en párrafos anteriores) de creer que se puede gobernar a favor del bien común y del interés nacional dejando intacta a la corrompida estructura judicial que sufre hoy nuestra Patria.
(*) Publicado en www.vaconfima.com.ar
