Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal 2 que suspenda la ejecución de sus bienes en el marco de la causa Vialidad y anule la decisión de decomiso. Su argumentación se basa en que su evolución patrimonial es legítima y que no dispone de bienes vinculables al delito por el que fue condenada
La exmandataria, junto a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó el recurso un día antes del vencimiento del plazo para el depósito fijado en $684.990 millones de pesos (aproximadamente USD 537 millones)
En su defensa, Cristina Kirchner cuestionó el cálculo aplicado para definir el monto a decomisar: según ella, se utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin motivar la exclusión de otras alternativas técnicas como tasas bancarias, lo que generó una cifra «cien veces mayor».
Además, sostuvo que el tribunal penal es incompetente para decidir sobre la ejecución patrimonial y reclamó que el caso se derive al fuero Civil y Comercial Federal, donde existe una causa paralela por daños y perjuicios
La defensa introduce también la necesidad de esperar a una sentencia firme sobre el monto y la fundamentación técnica del cálculo, y solicitó que se realice una nueva decisión judicial conforme al proceso legal correcto.
Con la presentación judicial, la causa ingresa ahora a una nueva fase: el Tribunal Oral debe resolver si suspende o no la ejecución patrimonial, mientras que la Cámara Federal de Casación deberá dilucidar los reclamos sobre procedimiento y montos
La causa Vialidad deriva de una condena por administración fraudulenta durante sus mandatos, en los que se adjudicaron obras públicas en Santa Cruz por montos millonarios. La Justicia exigió la restitución de $684.990 millones, y ante el incumplimiento, quedó habilitada la ejecución sobre bienes embargados.
Por su parte, Máximo y Florencia Kirchner acompañaron el pedido de su madre ante el Tribunal Oral Federal 2, y afirmaron que nunca fueron imputados en la causa Vialidad. En su presentación señalaron que heredaron 25 bienes de sus padres, de los cuales 24 fueron adquiridos antes del decreto 54/2009, considerado la base de la acusación en el expediente. Por ese motivo, argumentaron que esos inmuebles “no son producto del delito” por el cual Cristina Kirchner fue condenada.
Los hijos de la exmandataria, Florencia y Máximo Kirchner, presentaron a su vez escritos ante el TOF 5. En ellos, sostuvieron que los bienes que heredaron de sus padres no deberían formar parte del decomiso ordenado por el tribunal, ya que no provienen de las operaciones que se investigaron en la causa. Además, cuestionaron el cálculo del monto total que el tribunal busca ejecutar, alegando que la suma es incorrecta y no se corresponde con el valor real de los bienes
