En apenas tres días, el gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de tres empresas públicas clave: AySA, Belgrano Cargas y Enarsa. Entre el miércoles y este viernes, el Ejecutivo publicó una serie de resoluciones que habilitan la venta parcial o total de esas compañías estratégicas en los sectores de agua, transporte ferroviario y energía. Las medidas, firmadas por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, forman parte del plan de desregulación y achicamiento del Estado impulsado por la Ley Bases y el DNU 70/2023, que habilita la intervención directa sobre sociedades estatales.
El avance de la motosierra es un paso más en el debilitamiento del Estado. El recorte no distingue sectores sensibles ni evalúa impactos sociales. En los tres casos se trata de áreas con funciones esenciales —agua, transporte y energía— cuyo traspaso al mercado promete profundizar la desigualdad territorial, limitar el acceso a derechos básicos y someter servicios críticos a lógicas de rentabilidad.
El caso más reciente fue el de Enarsa. Hoy el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 1050/25, firmada por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, que establece un plazo de 8 meses para deshacerse del 51% de las acciones que Enarsa posee en la empresa Transener, operadora del sistema de transporte eléctrico en alta tensión. La resolución establece que para concretar la operación se deberá llevar adelante una licitación nacional e internacional, y marca el inicio formal del proceso de desinversión. Se trata de una pieza central del sistema energético argentino, que pasaría a quedar bajo control mayoritario del capital privado.
La medida se enmarca en la aplicación de la Ley N° 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que declaró sujeta a privatización a ENARSA, y en cumplimiento de los Decretos N° 695/2024 y N° 286/2025, que autorizaron la privatización total de la empresa.
El Ministerio de Economía había anticipado en diciembre que la privatización iba a estar concluida en el primer semestre de este año, pero los nuevos plazos extienden ese horizonte hasta fines de marzo de 2026.
El desguace de la empresa energética será por partes, ya que su porfolio es diversificado. Creada por ley en 2004 durante el Gobierno de Néstor Kirchner, posee activos en transporte y generación de energía eléctrica, gasoductos, represas hidroeléctricas y participación en empresas del sector energético.
En tanto, Economía también estableció un cronograma de un año para avanzar en la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., empresa estatal que opera gran parte del transporte ferroviario de cargas en el país. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte del paquete de empresas habilitadas para su venta por la Ley Bases. El traspaso busca convertir una herramienta estratégica para las economías regionales en un negocio abierto al interés privado.
Por último, el miércoles 24 la gestión libertaria publicó el decreto 493/2025 que permite por primera vez desde la reestatización de AySA en 2006 el corte del servicio por falta de pago. La medida habilita interrupciones del suministro a usuarios residenciales, algo que estaba expresamente prohibido hasta ahora. Esta decisión representa un giro sustancial hacia la mercantilización del agua, y sienta las bases para un futuro traspaso al sector privado en un contexto de recorte de subsidios y ajuste tarifario.
El DNU 493 sustituye más de 100 artículos del actual régimen regulatorio aprobado en 2006 y cambia las condiciones de operación de la concesionaria, que podrá ahora garantizar financiamiento con los fondos de la explotación, cortar el servicio en caso de mora en los pagos y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal.
Para los usuarios residenciales hasta ahora regía una prohibición de corte del servicio. La empresa solo estaba habilitada a restringirlo, es decir a reducir el caudal de agua, pero no podía interrumpirlo por completo. Ahora, tras 60 días de mora en el pago de la factura, la compañía podrá proceder al corte total.
