En tiempo récord, Gendarmería Nacional decidió cerrar el expediente sobre el ataque a Pablo Grillo y desligó de responsabilidades a Héctor Guerrero, efectivo de la fuerza que disparó en el rostro al fotógrafo. El informe interno sobre el caso definió que la agresión ocurrida durante la represión a jubilados fue un “hecho fortuito” e incluso ubicó la responsabilidad sobre el propio Grillo por estar “en la línea de tiro” durante el operativo.
“Desde nuestra perspectiva, la implicación de Guerrero no se ve afectada en lo más mínimo por el informe, sino que se fortalece. Al contrastar dicho informe de Gendarmería con las fotografías y videos que ya hemos presentado, se vuelve evidente que es falaz”, fueron declaraciones de Claudia Cesaroni, una de las abogadas de la familia del fotógrafo, en relación al rumbo que tomó el sumario sobre el caso.
Es que, según el documento presentado por la propia fuerza de seguridad, el disparo ocurrido durante la represión del pasado 12 de marzo se produjo por “mala visibilidad” y por la supuesta imprudencia de la víctima, a quien acusaron de haberse ubicado “en la línea de tiro”.
La definición de Gendarmería generó la reacción inmediata de organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que acompañó desde el primer momento el reclamo de familiares de Grillo. “Este informe es una especie de sumario administrativo de Gendarmería Nacional que es ‘un como si’; una investigación sin profundidad que intenta cumplir con la formalidad ante la indignación social que produjo el hecho”, dijo Agustina Lloret, abogada y referente del CELS.
En ese sentido, la abogada indicó que el informe presentado por la fuerza federal “revela el aval político y decisión de no prevenir y alentar e incentivar a la represión. Ya desde el armado de los operativos con una cantidad de policías que es descomunal y desproporcionado y que ponen en peligro la integridad de vidas de las personas que ejercen su derecho a la protesta”, tal como indicó en declaraciones radiales.
“Desde el 21 de marzo, cuando nos presentamos como representantes legales de la familia, tanto Agustina Lloret del CELS como yo hemos solicitado que se cite a prestar declaración indagatoria a Guerrero, ya que contábamos con elementos suficientes para considerarlo responsable. En ese momento, interpretamos que la situación se encuadraba en un intento de homicidio agravado que, afortunadamente, no se consumó”, expresó Claudia Cesaroni al portal Noticias Argentinas en torno al avance del caso.
