Los abogados de la Confederación General del Trabajo (CGT) presentaron este lunes un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que amplía el listado de servicios esenciales y, en consecuencia, limita el derecho constitucional a huelga. La presentación judicial se suma a otras dos que ya habían sido impulsadas por trabajadores del Hospital Garrahan y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Los aviadores en tanto recurrieron a la Organización Internacional del Trabajo.
El decreto 340/2025 publicado la semana pasada amplió las actividades consideradas esenciales. En este marco, no sólo se incluyen aquellas que dejen en peligro la salud, vida o seguridad de la población, sino que ahora se amplió a la educación, los servicios aduaneros, la aeronautica comercial y el transporte maritimo y fluvial. Todas estas actividades deben garantizar entre el 50 y 75% su actividad.
La medida generó un rechazo instantaneo en los diferentes centrales y sindicatos que rápidamente recurrieron a la Justicia. Este lunes, la CGT se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 (el mismo que frenó la reforma laboral que impulso el Ejecutivo sin el visto bueno del Congreso) un amparo contra el decreto de Javier Milei al cual consideraron que «es un ataque directo al derecho de huelga» y lo calificaron como «inconstitucional».
Para la CGT, en representación de los trabajadores, sostuvo que además se trata de un caso de gravisima regresividad legal, que viola no sólo la constitución sino los tratados internacionales y que no puede realizarse via DNU. “Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”, indicó la central obrera y agregó: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
“La limitación (del derecho a huelga) debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”, dice el texto presentado ante la Justicia.
La Asociación de Profesionales y Ténicos (APyT) también se presentó ante la Justicia con un amparo indicando que se trata de una medida que va contra el derecho constitucional. “Nuestro equipo legal preparó un amparo judicial contra el DNU del gobierno nacional que cercena ilegalmente el derecho a huelga. Lo que hay que decir es que si el gobierno de Milei y Lugones están preocupados por garantizar la salud de nuestros pacientes, que atiendan el reclamo que les venimos haciendo desde hace un año y medio”, indicó Norma Lezana, secretaria general del sindicato, referiendose así la situación del Garrahan y sus trabajadores, que vienen reclamando por más presupuesto y mejores salarios, a la vez que denuncian el desmantelamiento del Hospital.
El viernes pasado ATE también se presentó a la Justicia. En el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 20, denunciaron «la afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y al de libertad sindical» mediante el decreto presidencial.
“Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada. Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle”, sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se presentó en tanto ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicando que la medida del Gobierno afecto «libertad sindical» y afectar «el legítimo derecho a huelga».
«El Gobierno vuelve a intentar condicionar el derecho a huelga, estableciendo servicios mínimos, en el caso del transporte aeronáutico del 75%, repitiendo el texto del DNU 70/23, que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo», indicó APLA.
