Organismos de derechos humanos repudiaron la maniobra del Gobierno nacional para beneficiar a represores por lesa humanidad de la última dictadura, que el pasado viernes fueron trasladados por decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, de la cárcel de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde contarán con condiciones de lujo a diferencia de los presos comunes.
El traslado fue impulsado por el Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. “Al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del No al 2×1 para genocidas, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios”, denunció H.I.J.O.S Capital en un comunicado.
Entre los 19 genocidas por crímenes de secuestro, tortura, asesinato y desapariciones se encuentra Alfredo Astiz, conocido en el mundo por sus crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada y otros nueve represores que actuaron en la ESMA: Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. También otros cuatro que lo hicieron en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos.
Según informó el SPF a los tribunales, el argumento para el traslado de los 19 condenados es que hay sobrepoblación en las cárceles federales y que necesitan las plazas que ellos ocupan para mujeres que están privadas de su libertad.
Sin embargo, desde respondieron que “el único lugar para un genocida es la cárcel común”. “¿Por qué decimos que la ‘cárcel’ de Campo de Mayo es ‘VIP’?: porque tiene condiciones privilegios como celdas individuales, quincho y campo de deportes”, enfatizaron.
“La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, añadieron.
Los favores del Gobierno de La Libertad Avanza a represores había tenido un antecedente el 11 de julio del año pasado. Ese día Astiz y compañía recibieron la visita de una comitiva de diputados libertarios integrada por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo. H.I.J.O.S denunció que de los 19 genocidas trasladados, 10 estuvieron presentes en esa reunión.
Según datos del SPF, en la Unidad 34 de Campo de Mayo había hasta este viernes 52 internos, todos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. La Unidad tiene capacidad para 115 personas. Según informó Página 12, en 2021 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entonces encabezada por Horacio Pietragalla Corti, relevó que los represores de la Unidad 34 gozaban de comodidades que no tienen otros presos: canchas de tenis, pistas de caminata, celdas individuales con televisor y hasta una heladera cada dos internos.
