El gobierno de Javier Milei disolvió este jueves el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. A la vez también eliminó el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica. La medida, formalizada mediante el Decreto 312/2025, se suma a una serie de decisiones que evidencian un retiro del Estado en materia de políticas habitacionales.
Desde su creación en 2019, el FISU fue una herramienta para mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales, canalizando recursos hacia obras de infraestructura básica y acceso a servicios esenciales. Sin embargo, en diciembre de 2024, el Gobierno redujo drásticamente su financiamiento, pasando del 9% al 0,3% de la recaudación del Impuesto PAIS, que fue finalmente eliminado a fines del año pasado.
Según un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, el vaciamiento del FISU «paralizó más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad»..
En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado en una entrevista que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.
La medida fue luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestas maniobras de corrupción en la administración de este dinero. Durante 2023, el monto que se destinó al fondo fue de casi $6.000 millones y los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez. Sin embargo las acusaciones del Gobierno nunca fueron comprobadas.
El Gobierno justificó el recorte en el decreto señalando que «la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos».
Añadió que «se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario».
Más ajuste para el acceso a la vivienda
La eliminación del FISU se enmarca en una serie de recortes que afectan directamente al acceso a la vivienda. En noviembre de 2024, el Ejecutivo disolvió el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a créditos hipotecarios. Posteriormente, en febrero de 2025, se oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, trasladando sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas.
La eliminación de programas como el FISU y el Procrear deja en suspenso derechos básicos para la población argentina que habita en barrios populares, y agrava la crisis habitacional en un contexto donde millones de personas viven en condiciones de hacinamiento.
El cierre del FISU y de otras políticas habitacionales evidencia el retiro del Estado y delega la responsabilidad al sector privado y a las administraciones provinciales y municipales en un área tan sensible como la vivienda, y plantea interrogantes sobre la capacidad de los sectores más vulnerables para acceder a soluciones habitacionales dignas y sostenibles.
