En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, la sede argentina de Amnistía Internacional denunció que, a pesar de que el aborto es legal en Argentina desde 2019, este año se triplicaron las denuncias por dificultades para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La denuncia no es casual: el Gobierno de Javier Milei, abiertamente en contra de la IVE, mantiene un ajuste en el área de Salud, con un fuerte desmantelamiento de los programas de salud sexual y la suspensión de compras de misoprostol. Esto deriva, por un lado, en la falta de campañas de información y, por otro, en la escasez de insumos necesarios. Además, con el avance de los discursos de derecha, cada vez más médicos se amparan en la “objeción de conciencia” para negar el derecho al aborto.
“La falta de información pública se ha convertido en un obstáculo crítico. Muchas mujeres no saben qué hacer ni adónde acudir en caso de necesitar un aborto, lo que pone en riesgo su salud y sus derechos. Si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituyen un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Según informó la organización, el 60% de las denuncias se registraron por barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada. Hoy, muchas personas que desean realizarse un aborto no saben cómo ni dónde acceder al servicio. La falta de campañas, el desmantelamiento de la línea 0800 de Salud Sexual y la ausencia de asesoramiento son los principales factores que destacan.
Por otro lado, Amnistía Internacional advirtió que obras sociales, prepagas y centros de salud siguen interponiendo barreras para acceder al aborto, a pesar de la obligación legal establecida en la Ley 27.610. La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación informó que “los reclamos por obstáculos en el acceso al aborto se deben principalmente a demoras evitables, como la falta de formación del personal, la ausencia de asesoramiento sobre cómo acceder a la cobertura total de la medicación, demoras en la autorización de presupuestos y falta de derivaciones adecuadas a prestadores disponibles para garantizar la práctica”.
En algunas provincias, como San Juan, Mendoza y Salta, son frecuentes los casos de profesionales que invocan la “objeción de conciencia” para negarse a prestar el servicio. Sin embargo, las instituciones no pueden declararse objetoras: deben garantizar que haya un profesional disponible que realice la práctica y así proteger el derecho.
Un caso emblemático se registró en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, donde se realizaron maniobras para impedir las prácticas, con consejerías disuasorias, demoras injustificadas y estudios innecesarios. Incluso, algunas instituciones privadas se comunicaron con las personas que buscaban interrumpir sus embarazos intentando disuadirlas. En el Municipio de San Miguel, también son multiples las denuncias al respecto.
