El Gobierno nacional profundizó su política de achicamiento del aparato estatal con la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) del INTI, un área estratégica con más de cuarenta años que permitió al país sostener estándares de medición comparables con los de los principales sistemas industriales de la región. La medida fue oficializada mediante la Resolución 198/2025, publicada en el Boletín Oficial.
La decisión implica el desarme de la estructura que coordinaba la red de laboratorios públicos encargados de asegurar trazabilidad, coherencia técnica y uniformidad en los certificados de calibración utilizados por industrias, empresas de energía, sistemas de salud, cadenas alimentarias y servicios de transporte. Desde ahora, esas funciones recaerán en el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y en laboratorios privados.
Hasta su eliminación, el SAC garantizaba que las mediciones realizadas en cualquier punto del país respondieran a los mismos criterios técnicos, un elemento central para evitar fallas en procesos productivos sensibles. Su desaparición implica que cada laboratorio deberá reorganizar protocolos, acreditarse nuevamente y operar en un marco más disperso, sin la coordinación que proveía el INTI.
Referentes del sistema científico y productivo, como el expresidente del INTI Enrique Martínez, señalaron que el cierre borra una capacidad estatal única en la región y desmonta un entramado técnico construido durante décadas. La medida “equivale a borrar el Estado de una prestación que era casi única en Latinoamérica y que ubicaba al país en primer nivel mundial en materia de Metrología. De allí en más es todo retroceder”, afirmó Martínez.
Las empresas también afrontarán consecuencias. Si bien existen laboratorios privados acreditados bajo la norma ISO 17025, sus certificaciones pueden tener alcances distintos y ser evaluadas de manera más estricta en auditorías externas o procesos de exportación, especialmente en mercados donde la trazabilidad metrológica es determinante. Este cambio podría generar demoras, pedidos adicionales de información o rechazos en destinos regulados.
A esto se suma un impacto directo en los costos: sin la cobertura y los subsidios que sostenían el servicio público, las calibraciones pasarán a tener precios entre un 30% y un 50% más altos, una carga particularmente difícil de absorber para pymes industriales, que ya operan en un contexto de tarifas dolarizadas y contratos rígidos.
La medida forma parte del rumbo de desregulación impulsado por el Gobierno, que reduce la presencia estatal incluso en áreas donde su intervención garantizó mediciones confiables, transparencia técnica y condiciones de seguridad durante décadas. En un país que necesita sistemas de control robustos para producir, exportar y sostener competitividad, el desmantelamiento del INTI no moderniza: debilita capacidades esenciales tanto para el Estado como para el sector privado.
