El accionar del Poder Judicial ha recibido múltiples cuestionamientos de parte del peronismo luego de una serie de fallos que demostraron el componente partidario y de interés corporativo de esas decisiones. Los chats de Lago Escondido, la proscripción a Cristina Kirchner y el reciente fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación son algunos ejemplos sobre cómo se ha posicionado la Justicia en el mapa político y en favor de qué sectores.

Ahora, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe donde detalló cuáles han sido los principales perjuicios generados por reiterados fallos contra las y los argentinos. El trabajo pone de relieve que el Poder Judicial, además de ensañarse con determinados dirigentes políticos que enfrentan intereses concentrados, perjudica el bolsillo de la mayoría de la sociedad, atenta contra distintos derechos y beneficia a grandes empresas.

A continuación, la síntesis elaborada por la consultora sobre cuáles fueron los ejes de las decisiones judiciales que más incidieron en la cotidianidad de las y los argentinos.

Contra el derecho al consumidor

– El pago de la factura de internet sería menos si la Justicia no hubiese frenado el Decreto N° 690 que en 2020 fijó que las telecomunicaciones son un «servicio esencial» con precios regulados.

– Con respecto al precio de las prepagas, la Justicia habilitó los aumentos luego de que el año pasado las empresas del sector impulsaran una cautelar para subir sus precios. Desde 2021 registran aumentos del 216 %, contra una inflación de 195,1 %.

– Peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. Las concesionarias también fueron a la Justicia para oponerse a la reestatización de las autopistas.

– En 2019 la Justicia falló en contra de la Ley de Alquileres en detrimento de los inquilinos.

– En diciembre de 2019, un fallo a favor de Mercado Libre declaró que no era responsable por la venta, en su propia plataforma, de un producto que resultó diferente al publicado.

– En 2016 la Justicia se metió con un derecho básico y fundamental: el acceso libre e irrestricto a la Universidad pública, fijado en los artículos 2 inc. a y 4 de la Ley N° 27.204. Fue Pablo Cayssials, juez en lo Contencioso N° 9, uno de los magistrados señalados por haber viajado al sur financiado por Clarín

– El mismo juez federal, Pablo Cayssials, también se metió con lo que pagás de servicios. En enero de 2017 avaló aumentos en la tarifa de agua del 375 % en CABA y en dieciocho municipios del conurbano.

Decisiones de política económica

– En septiembre, una compañía importó neumáticos recurriendo a cautelares nada menos que en treinta ocasiones. 

– En agosto de 2022, una cautelar permitió la importación de 20 millones de dólares en «toallas».

– El mencionado juez Cayssials permitió la importación de un Porsche 911 Turbo y una Ferrari Testarrosa, en un fallo de febrero 2021.

– La petrolera estatal noruega Equinor abandonó las actividades de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, ya que el Poder Judicial mantiene vigente la cautelar que le impide avanzar. 

– El Gobierno nacional estableció, por única vez, el pago a cuenta del impuesto a las ganancias para las empresas beneficiadas por la suba extraordinaria de los precios internacionales. Algunas firmas fueron a la Justicia, que frenó la medida aceptando una nueva cautelar.

– También sucedió a nivel provincial: un fallo de la Justicia de San Luis habilitó el año pasado una cautelar presentada por la oposición que impidió al Gobierno provincial avanzar en medidas destinadas a fortalecer los ingresos de trabajadores desempleados y de bajos salarios. 

– En 2015 la Justicia falló a favor de Telecom y en contra de la provincia de Santa Fe, que buscaba aplicarle, según establece la norma, una alícuota mayor de Ingresos Brutos a la compañía por no estar radicada en el territorio provincial. 

Contra los derechos de las y los trabajadores 

– En 2022, la Asociación de Abogados Laboralistas denunció el desfinanciamiento del fuero laboral, la existencia de Juzgados del Trabajo vacantes y de expedientes paralizados en el tiempo.

– En octubre de este año, un fallo judicial favoreció a una empresa láctea que despidió a veintiséis trabajadores por participar de una protesta gremial. 

– Un fallo de 2018 de la Corte negó los derechos laborales de un trabajador del Hospital Alemán que prestó servicios ahí durante siete años, avalando que la empresa desconociera la relación laboral existente.

– Otro ejemplo es el conocido fallo «Pogonza», a partir del cual la Cámara del Trabajo viene limitando las posibilidades de revisar lo determinado por las Comisiones médicas de riesgos del trabajo, y se terminan cerrando los casos sin el accionar judicial suficiente.

-Un fallo judicial en Río Negro confirmó, en plena pandemia, el despido de un trabajador porque, según argumentó la empresa, «estaba a prueba», desconociendo de esa forma el Decreto N° 329/20 de prohibición de los despidos en la emergencia sanitaria.

– La Corte Suprema determinó, a partir de dos fallos, que se deben tramitar en la Justicia contencioso-administrativa los reclamos de trabajadores públicos. Así desconoce los principios propios del derecho del trabajo, considerando la relación de empleo público desde una óptica administrativista.

– Incluso la Cámara Comercial ha intervenido condicionando el pago de salarios, que es concepto inembargable y de índole alimentaria. En 2019 impidió el cobro de los sueldos de trabajadores del ex Grupo Indalo, al bloquear una cuenta que había sido creada como «inembargable» para ese fin. En su fallo advirtió que «no se ignora que podría dificultar el pago de salarios».

Contra los derechos de las mujeres y las diversidades 

– El año pasado, un fallo judicial en San Juan impidió a una mujer practicar un aborto legal por una cautelar presentada por su exmarido, negando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ley sancionada en 2020.

– En 2019, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Lucía, de once años, ingresó a un hospital público con veintitrés semanas de gestación producto de una violación. La madre de la niña pidió ante la Justicia tucumana la ILE, medida que fue dilatada durante semanas, hasta que fue obligada a realizarse una cesárea.

– En 2021, un juez de los tribunales de la ciudad de Santa Fe dejó en libertad a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo, y declaró la falta de mérito en la causa. 

– Todavía se sigue reclamando justicia por Lucía Pérez, víctima de abuso sexual y feminicidio en 2016 en Mar del Plata. La Justicia decidió absolver a los acusados poniendo como eje el «estilo de vida» de la joven y dando a entender que una persona que compra chocolatada y facturas no es alguien que esté pensando en cometer una violación. 

Defensa a grandes empresas

– El ejemplo más paradigmático es haber limitado a la AFIP a exigir planificación fiscal a los contadores y abogados de las empresas, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países, con el objetivo de evitar que informen dónde tienen sus inversiones. De nuevo fue Pablo Cayssals quien decidió que no se aplique la Resolución N° 4.838.

– En plena pandemia, la AFIP impulsó una moratoria destinada a las pymes. Pero la Justicia habilitó a dos grandes empresas que lo solicitaron a ser incluidas, porque la medida era «discriminatoria».

– La Justicia sigue favoreciendo a la familia Macri en la causa «Correo»: avaló este año la suspensión del trámite de quiebra del Correo Argentino hasta que la Corte Suprema resuelva un conflicto de competencia pedido por la defensa del expresidente.

– La Corte Suprema intervino una medida de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que ordenaba a varias empresas de indumentaria y a centros comerciales a mantener vigentes descuentos ofrecidos por algunos bancos. Cencosud se opuso a la medida y la Justicia lo avaló. 

– La Inspección General de Justicia (IGJ) advirtió sobre el accionar sistemático de jueces de la Cámara Comercial que impiden investigar. El caso paradigmático es el «fideicomiso ciego» que administró parte del patrimonio de Macri, sospechado por ocultar bienes y falsear las declaraciones juradas como funcionario público.

– Otro caso resonante fue el rechazo judicial al pedido de la IGJ para declarar la nulidad de la sociedad Hidden Lake S.A., de Joseph Lewis, ya que se denunciaba el incumplimiento de la empresa de las sentencias firmes para el acceso a Lago Escondido y el funcionamiento irregular de esa sociedad.

– En la misma sintonía, la Cámara Comercial impidió que la IGJ, el Banco Central, la UIF y la AFIP investigasen el origen y destino de fondos de José Aranda, uno de los accionistas de Clarín, a pesar de que podría tratarse de un caso de fuga, lavado de dinero o evasión.

– La IGJ había emitido una resolución según la cual la empresa Remax Argentina viola la ley local, al beneficiarse de la actividad inmobiliaria sin estar autorizada por las normas de ejercicio profesional para hacerlo. La firma fue a la Justicia y esta anuló la decisión. 

– Los incendios intencionales en las orillas del Paraná vienen arrasando con cientos de hectáreas, sin embargo, la Justicia no avanza en investigar quiénes son los propietarios de las tierras afectadas intencionalmente.

– En el caso Vicentín, un juez de primera instancia decidió sobre un decreto presidencial disponiendo que los administradores de la empresa continuasen en sus funciones.

Cuestión sanitaria

– En el actual contexto de rebrote de contagios por covid, un juzgado marplatense decidió suspender, sin fundamentos, la vacunación en niños de seis meses a dieciséis años. 

– Ese mismo juzgado ya se había expedido en contra del pase sanitario y de la plena implementación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Condicionamientos al derecho a la información

– En 2009 la Justicia dio lugar a la cautelar que presentó el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

– También el juez Pablo Cayssials, en 2014, aplicó una cautelar para evitar la transferencia de oficio del Grupo Clarín.

– En 2015 la Corte Suprema confirmó una condena contra Víctor Hugo Morales por emitir, quince años antes, minutos de un partido cuyos derechos eran de Cablevisión.

– En 2016, el juez Ercolini sobreseyó a Magnetto, Mitre y Herrera de Noble en la causa por «desapoderamiento extorsivo» de Papel Prensa a la familia Graiver durante la última dictadura. 

– Más cerca en el tiempo, el juez Ercolini ordenó la detención de los dueños del Grupo Indalo –de la señal C5N, opositora al Gobierno de turno, de Macri– Fabián De Souza y Cristóbal López. En 2021, el TOF N° 3 los absolvió, detallando que «la operatoria nunca traspasó el umbral de lo permitido».