El gobernador bonaerense Axel Kicillof defendió la designación de nuevos empleados públicos en el Estado provincial durante su gestión para cubrir áreas claves como educación, salud y seguridad. Fue en respuesta a dirigentes y medios opositores que cuestionaron la medida. Además, apuntó a la Corte Suprema ante un posible fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires en el marco del conflicto por los fondos de coparticipación.

Las críticas opositoras fueron a raíz de una nota del diario La Nación que cargó contra la incorporación de 45.000 empleados en el Estado bonaerense desde diciembre de 2019. «Degradan la democracia difundiendo mentiras, evitando cualquier debate serio, con cifras y argumentos», comenzó Kicillof antes de desmentir el artículo con números. «Primero los datos: 38.000 es la suma de los nuevos trabajadores autorizados por los presupuestos de 2021 y 2022, votados por oficialismo y oposición. En detalle son: 18.000 Seguridad, 12.000 Educación, 4.000 Justicia (principalmente en el Servicio Penitenciario) y 4.000 Salud», especificó.

Acto seguido afirmó que la oposición tiene una «obsesión» por la cantidad de trabajadores en la provincia y que eso responde a intereses electorales y partidarios. 

«Cuando asumimos encontramos un estado atrasado, desmantelado, ausente e incapaz de brindar servicios y garantizar derechos», prosiguió, y especificó: «114 edificios educativos nuevos, triplicar las camas de terapia intensiva, 12.000 plazas penitenciarias en construcción, más de 10.000 viviendas necesitan nuevos trabajadoras y trabajadores. Estamos gestionando para asegurarle a millones de bonaerenses su derecho al futuro», enfatizó.

«Pónganse de acuerdo: coinciden con que se abran más escuelas, más hospitales, agregar más patrulleros, ampliar las cárceles», continuó. «Pero protestan porque en esas escuelas hay que poner maestros, maestras, directivos y auxiliares; y así con todo».

Además compartió una tapa de La Nación con el título «Inminente fallo de la Corte por los fondos de la Ciudad», en el marco del conflicto entre Provincia y Ciudad por los fondos de coparticipación. En septiembre de 2020 el Gobierno nacional dispuso la transferencia de un punto de coparticipación de CABA a la provincia de Buenos Aires con el objetivo de crear un fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia, el distrito con mayores desigualdades sociales. El DNU 735/20 contó con el respaldo de diecinueve gobernadores peronistas.

«Mientras se oponen a que sumemos más salud, educación y seguridad, esperan que la Corte falle a favor de Larreta manteniendo el privilegio que le había dado Macri. Así, la Corte le saca recursos a todas las provincias y mete mano indebidamente en el sistema de coparticipación. Por eso, diecinueve gobernadores rechazaron esta nueva intromisión de la Justicia en un ámbito que no es suyo. Parece que el objetivo es que la ciudad más rica del país se vuelva aún más rica», concluyó Kicillof.