Tal como lo había anunciado semanas atrás, el Gobierno formalizó este martes la demanda ante la Justicia para declarar la nulidad de los contratos firmados por la Administración Cambiemos que dolarizaron las tarifas de peajes en las autopistas Norte y Oeste. Los convenios concretados en 2018 por la gestión de Mauricio Macri establecían un incremento injustificado para los contribuyentes, cuyas ganancias ahora son materia de investigación.

«Por decisión de Alberto Fernández, a través de Vialidad nacional, a cargo de Gustavo Arrieta, presentamos la demanda para que la Justicia declare nula la renegociación de 2018 con AUSOL. Queremos terminar con un acuerdo que generaba un perjuicio patrimonial para las y los argentinos», indicó esta tarde el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. 

«Los contratos establecían una dolarización de las tarifas y una deuda injustificada que pretendían que la gente todos los días la pague en el peaje. Solicitamos también una medida cautelar que restituya la administración del Acceso Norte al Estado. Lo mismo haremos con GCO», agregó el funcionario de Casa Rosada respecto del convenio sobre el cual el Gobierno tenía la lupa puesta desde hace meses. 

Se trata de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), ambas firmas cuyas acciones eran en parte propiedad del Grupo Socma, perteneciente a la familia Macri. El 2 de julio de 2018, el Gobierno de Cambiemos oficializó los decretos 607 y 608, donde extendía el plazo de concesión, ya que vencía en 2020.

Los decretos concedían a las empresas Autopistas Del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste el manejo de los peajes de las autovías respectivas bajo una serie de parámetros que permitían alcanzar una «rentabilidad extraordinaria» (según definió el propio Alberto Fernández) y «comprometían» al Estado con un impacto final para los usuarios de unos 2.000 millones de dólares.

Semanas atrás, desde Nación decidieron lanzar un decreto propio donde solicitaban la nulidad de estas conexiones por resultar «lesivas» para los contribuyentes. Este año, el Gobierno intervino en los precios del peaje, que, si hubieran acatado los criterios de los contratos, hoy alcanzarían una tarifa de 1.830 pesos. 

«En primer lugar, se estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva, una deuda a diez años a favor de las empresas concesionarias. En el caso de AUSOL, en 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A., en un monto de 272 millones de dólares. Un total de 813.143 millones de dólares», explicó a mediados de septiembre el ministro Katopodis respecto de los detalles pautados en los decretos del macrismo.

«Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional, y fundamentalmente a los usuarios», expresó el propio Alberto Fernández cuando informó sobre la presentación del Decreto 633/2022, que se oficializó hace dos semanas, para solicitar la nulidad de las concesiones.