Durante su alegato en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, la vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que la acusación en su contra «no tiene ni pies ni cabeza», es «profundamente anticonstitucional» y se trata de «un claro caso de prevaricato». 

La titular del Senado tomó la palabra durante más de una hora y media, luego de que hace un mes se le denegara la posibilidad de ampliar su declaración. En su discurso, felicitó a sus abogados por cómo desmontaron «las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani».

«Como soy acusada, pero al mismo tiempo soy abogada, puedo hacer uso de esta etapa del alegato, por mi carácter de profesional», sostuvo la vicepresidenta, y añadió que «si no hubiese sido abogada, habría estado en estado de indefensión».

«Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio», expresó desde su despacho en el Senado de la Nación, al exponer vía Zoom en ejercicio de su propia defensa en el marco del alegato final ante el Tribunal Oral Federal N° 2.

«Quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio», afirmó la vicepresidenta, quien afirmó que los fiscales realizaron una acusación «insólita» y que «raya en lo ridículo».

Tras enumerar las irregularidades del juicio, incluso reñidas con artículos de la Constitución Nacional, Cristina afirmó que «los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación» al sostener afirmaciones que fueron refutadas por las propias pruebas y testimonios recabados en la causa.

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», subrayó CFK en su exposición, en la que puso el foco en «las arbitrariedades» cometidas en su contra en el marco de este proceso.

«A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo», enfatizó. La acusación «no tiene ni pies ni cabeza, pero es profundamente anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal», prosiguió CFK.

En caso de prosperar esa acusación fiscal en un veredicto de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, se «llegaría al ridículo de que el fiscal no lo sería porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita», ironizó.

Sobre las acusaciones de «asociación ilícita»

En este punto recordó que se trata de «tres Gobiernos elegidos por el pueblo» los que definieron las políticas puestas en tela de juicio en este debate. «No podemos ser una asociación ilícita. Se discuten decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Parlamento. Esto es lo que estamos discutiendo acá. Por eso digo que este juicio no tiene andamiaje constitucional», planteó.

«Es un disparate lo que estamos discutiendo aquí», dijo la vicepresidenta, quien exhibió un ejemplar de la Constitución nacional y otras normas para detallar cómo la fiscalía violó su artículo 1 de la carta magna, que «adopta como sistema de gobierno el sistema representativo, republicano y federal». «La gente elige los Gobiernos, los tres Gobiernos. El que le tocó encabezar a Néstor Kirchner y los que me tocó encabezar a mí fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser una asociación ilícita», insistió.

En esa línea se preguntó: «Si tres Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, ¿qué pasa con todo lo acontecido en quince años en la República Argentina? Nadie puede estar medio embarazado», sostuvo con ironía. Por eso, evaluó que, si la acusación llegase a prosperar, «quiere decir que si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos por ser los frutos del árbol envenenado, llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podrá estar en esta causa porque no es fiscal, porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita», ironizó Cristina Fernández de Kirchner, y preguntó a los jueces: «¿Se dan cuenta adónde vamos? Al desastre, al desastre que hoy en cierta manera también tenemos en la República Argentina en el ámbito judicial».

En otro tramo, la vicepresidenta señaló que los representantes del Ministerio Público Fiscal analizaron los mensajes del también procesado ex secretario de Obras Públicas José López y encontraron «cuatro» entre 26.000 que usaron para acusarla. Sin embargo, resaltó, «se pasó por alto más de 400 llamadas del señor [Nicolás] Caputo, hermano de la vida del expresidente [Mauricio] Macri», recordó. «Se le pasó en el caso del señor Caputo», y recordó que era también asiduo asistente a la quinta de Macri, Los Abrojos, al igual «que un señor juez integrante de este tribunal y un fiscal que juegan al fútbol».

El atentado y los vínculos con la oposición

En relación con el atentado que sufrió el 1º de septiembre en la puerta de su casa, dijo que los detenidos «no son autores intelectuales». En esa línea, cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición: «El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador» de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente «en estado de indefensión».

La vicepresidenta había prestado declaración indagatoria en el juicio el 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial. Tras más de tres años de juicio, intentó el 22 de agosto pasado ampliarla, pero los jueces se lo negaron. Por ese motivo, ahora decidió, en su condición de abogada, hacer uso de su derecho a la propia defensa en el alegato final en la causa.

Fernández de Kirchner tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró que la vicepresidenta «jamás impartió ninguna directiva vinculada» a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.