Como parte de las diversas medidas para revertir el modelo de privilegios de los sectores corporativos que legó el macrismo durante su gestión, el Gobierno decidió oficializar el pedido de anulación de los contratos de concesión de los peajes de las autopistas Norte y Oeste que Cambiemos selló en 2018. La medida busca eliminar de manera definitiva el acuerdo que dolarizó las tarifas y que, de no haber sido intervenidas por la actual gestión, estarían costando unos 1.830 pesos.

«Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios», expresó el propio presidente Alberto Fernández al anticipar ayer la presentación del Decreto 633/2022, que se oficializó este jueves.

Allí se solicita la nulidad de la serie de contratos que la Administración de Cambiemos hizo posible en 2018. «Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida», expresa el artículo 1º del mencionado decreto. 

El Ejecutivo ordenó también iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente. Para ello, se dio aviso a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, al de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

Cabe recordar que los contratos establecidos por Mauricio Macri en 2018 concedía a las empresas Autopistas Del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste el manejo de los peajes de las autovías respectivas bajo una serie de parámetros que permitían alcanzar una «rentabilidad extraordinaria» (según definió el propio presidente) y «comprometían» al Estado con un impacto final para los usuarios de unos 2.000 millones de dólares.

«En primer lugar, se estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva, una deuda a diez años a favor de las empresas concesionarias. En el caso de Ausol, en 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A. en un monto de 272 millones de dólares. Un total de 813.143 millones de dólares», explicó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien anunció la medida junto a Fernández este jueves.

«En ese plazo, lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, que tienen que ver con el objeto central de un contrato de concesión. En definitiva, lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma», afirmó el ministro de Obras Públicas.

Vale aclarar que estas concesiones están vinculadas con las investigaciones que se llevan adelante en el marco de la mentada «Causa Peajes», enfocada en presuntas maniobras para beneficiar al Grupo Socma (que poseía parte del paquete accionario Ausol y GCO), propiedad de la familia Macri. Las concesiones vencían en 2020, pero la Administración de Macri logró «renegociar» extensiones dos años antes, bajo las mencionadas condiciones.