Por Gabriela Calotti

«De la totalidad de las víctimas secuestradas-desaparecidas por el Estado, el 46 % no ha tenido la suerte de ser visto. Doblemente desaparecidos para el registro de la Justicia. Esas víctimas que no han sido vistas en centros clandestinos y tampoco se puede tener su cuerpo, no han sido vistas y por lo tanto parece ser que no van a tener justicia», sostuvo Bellingeri, quien se desempeña además como directora del programa Justicia por delitos de lesa humanidad, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En el marco de la audiencia número 79 del juicio que investiga los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y El Infierno de Lanús con asiento en Avellaneda durante la pasada dictadura cívico-militar, Bellingeri instó al tribunal a pensar «en ese 46 % de esas víctimas».

«¿Dónde estuvo ese 46 %?», se preguntó. «¿Cuál va a ser la justicia para esos detenidos-desaparecidos?», insistió, antes de reivindicar el «esfuerzo de los sobrevivientes para nombrar a la mayor cantidad posible de secuestrados que vieron durante su cautiverio» y ubicar así a la mayor cantidad de víctimas en tiempo y espacio. Sin embargo, en gran medida, esa tarea solo recayó en los sobrevivientes del genocidio.

Para introducir justamente el caso de los «no vistos», Bellingeri arrancó su declaración explicando la reconstrucción que hizo a partir de archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que obran en poder de la CPM, y de investigaciones que llevaron adelante desde la agrupación HIJOS acerca de un importante operativo de las fuerzas de seguridad entre el 11 y el 12 de junio de 1977 en Marcos Paz.

Ese fin de semana se iban a reunir en una quina los integrantes de una agrupación política que había nacido dos años antes, conocida como PROA (Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos), fundada por Eduardo Luis Duhalde y Haroldo Logiurato. Su padre formaba parte también de esa agrupación.

Unos quince militantes fueron secuestrados entre el sábado y el domingo. La mayoría ni siquiera fueron «vistos» en algún centro clandestino, precisó.

«Las fuerzas de seguridad ingresaron a esa casa y tomaron de rehenes a los que encontraron. Al día siguiente esperaron a los que se integraban el día domingo», agregó, mientras desde un proyector se mostraban en la sala fotografías de las quince mujeres, hombres y hasta adolescentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado esos dos días.

Se trata de «Gabriel Boloch, Gustavo Varela, Ignacio Ikonicoff, Pedro Insaurralde, Blanca Atman, Fabián Logiurato –que tenía dieciséis años cuando fue secuestrado–, María Logiurato, Haroldo Logiurato, María Bedoyán, Carlos Arias, Gloria Bainstein, Virginia Allende Calase, Liliana Galletti, Alicia Contrisiani y mi padre, Héctor Aníbal Bellingeri», enumeró.

«Sabemos que antes de ingresar al Pozo de Banfield pasaron por Coti Martínez. No todos fueron vistos en Banfield», afirmó. «Sabemos que Liliana Galletti y Virginia Allende Calase fueron vistas por una estudiante de historia, Liliana Zambano, que llegó a este lugar el 8 de septiembre», agregó más tarde en su relato.

Su papá, secuestrado a la edad de 44 años, era militante desde mucho antes. Junto con Haroldo Logiurato, habían creado una agrupación política en La Plata en tiempos de la resistencia peronista. La dictadura de Agustín Lanusse lo había encarcelado, primero en Devoto y luego en Rawson. Días antes de la Masacre de Trelew, del 22 de agosto de 1972, su padre fue expulsado a Chile, donde estuvo con Liliana Galletti y de donde regresó en mayo de 1973.

El martes ante el tribunal, en esta audiencia semipresencial, Claudia Bellingeri recordó que la última vez que ella y su hermano vieron a su papá fue el 25 de mayo de 1977. «Nos trasladamos en tren y nos encontramos con él en unas calles de la Capital. Estaba absolutamente desmejorado» por su vida en la clandestinidad, sostuvo sin poder ocultar su emoción.

Bellingeri volvió a insistir en que la Justicia y el Estado deben investigar sobre los «no vistos». «Investiguemos más para saber qué pasó con ellos, para que podamos dar cuenta ‘donde están’», aseguró retomando una frase que resume la incansable búsqueda de verdad, memoria y justicia.

A raíz de una pregunta del abogado defensor Gastón Barreiro, la abogada Guadalupe Godoy salió al cruce para explicar que «en 2009 varias querellas pedimos la apertura de una causa por los ‘no vistos’», que Claudia Bellingeri firmó inclusive como querellante. «La fiscalía no acompañó ese pedido y esa causa quedó allí», puntualizó Godoy.

Los hermanos Iaccarino, despojados de sus bienes por la dictadura

Alejandro Rómulo Iaccarino y su hermano Carlos Alberto relataron el martes la pesadilla que vivieron a partir del 4 de noviembre de 1976.

Después de asegurar que el caso de su familia es el segundo caso emblemático de la Argentina respecto del despojo de sus bienes en el marco del terrorismo de Estado, Alejandro recordó una declaración de 2005 de las Naciones Unidas según la cual «el derecho a la verdad conlleva un deber de memoria por parte del Estado».

Él y sus hermanos, Rodolfo y Carlos, «pasaron por nueve centros clandestinos» de secuestro, tortura y exterminio y «estuvimos en riesgo de vida por exceso de picana eléctrica para que entregáramos todo nuestro patrimonio», afirmó al tribunal. Sus padres y los tres hermanos fueron secuestrados.

«Fuimos secuestrados para que nos robaran más de 10 millones de dólares, campos de unas 25.000 hectáreas con 6.000 cabezas de ganado. Nos robaron la planta láctea, nos robaron el avión, nos robaron bienes de todo tipo», precisó antes de indicar que fueron «el primer grupo empresario secuestrado en la Argentina» iniciada la dictadura cívico-militar y asegurar que eran empresarios pujantes que buscaban ayudar a los más humildes.

«Nosotros peleábamos día a día contra todo tipo de enemigos de gran poder. Me refiero a las multinacionales, concretamente», sostuvo en su declaración, que es una muestra de la expoliación a gran escala que llevaron adelante los represores, que tampoco dudaron en robarse los bienes de cientos de miles de otras víctimas.

Por entonces, su hermano Carlos Alberto tenía 29 años. El martes contó los inicios de la empresa familiar en la industria de la carne, la construcción y el alumbrado público en la entonces pujante ciudad de Berisso, donde, recordó, tuvieron éxito.

«Después compramos campos y la industria láctea para poder abaratar el precio de los productos», aseguró, antes de indicar que la bonanza económica quedó de manifiesto cuando en junio de 1975 decidieron comprar un avión en Estados Unidos para poder facilitar sus viajes a Santiago del Estero, donde tenían varios proyectos, entre estos, asentar la cuenta lechera del norte argentino.

Al apriete financiero de los bancos y del gigante de lácteos SANCOR le siguió lisa y llanamente el desguace de las empresas familiares. «En 1976, lo primero que hicieron fue que no nos permitieron sacar el avión de Santiago del Estero», declaró Carlos Alberto.

El inicio de la persecución y secuestro llegó de la mano de la Policía provincial de Santiago del Estero a pedido del Primer Cuerpo del Ejército. «El 4 de noviembre del 76 estábamos con Rodolfo y con mi padre en Santiago del Estero. Vienen dos policías de la Regional 1. Nos llevan para hablar». Ese fue el inicio de la pesadilla.

De allí fueron a dependencias de la Policía Federal en la calle Moreno, en CABA. De Santiago recordó claramente al comisario inspector Medina. De la Federal mencionó a los comisarios Damato, Da Nunzio y Patané. También a dos militares, Valle y el coronel Flores Joubet.

Pasaron por las comisarías 22 y 37. Paralelamente, su madre había sido secuestrada junto a Alejandro. Hacia el 16 de noviembre dejaron ir a su papá, pero ellos quedaron detenidos, extorsionándolos con que la domiciliaria llegaría a cambio de vender el avión. «Los militares querían plata», sostuvo, y precisó que después de publicar la venta del avión en el diario Clarín aparecieron dos interesados.

«Vino el dueño de Cochería Paraná y vino el abogado de la empresa Bridas», recordó, y aclaró que «lo vendíamos al 50 % de su valor porque nos pedían dinero». Sin embargo, dijo que la venta no se concretó.

Carlos Alberto refirió las deplorables condiciones de higiene y alimentación durante su secuestro.

Después de pasar por la Brigada de Investigaciones de Lanús, «seguimos en la misma camioneta hasta el Coti Martínez», indicó. El 5 de julio de 1977 los volvieron a llevar a El Infierno de Lanús, donde permanecieron secuestrados hasta el 11 de enero de 1978. De su cautiverio allí mencionó a Rubén Diéguez y Luis Guillermo Tau.

«Ahí pasamos tres días sin tomar nada, algún vaso de agua o mate cocido. Tabicados. Estuvimos 36 días. Fue brutal, doloroso, tremendo. No encuentro una palabra que pueda definir».

Aseguró que allí los fue a ver un juez de apellido Russo con su secretaria Beatriz Aparicio. «Ellos también son represores, porque venían a un centro clandestino y sabían lo que allí ocurría», afirmó.

Carlos Iaccarino reclamó al tribunal también por el hecho de que tres de los policías federales mencionados, de apellidos Patané, Da Nunzio y Damato, «que estaban en el Circuito Camps, nunca los han buscado». A raíz de ese reclamo, el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, solicitó que se disponga la apertura de una investigación respecto de Patané, quien, según el sobreviviente, siguió trabajando en la Policía Federal.

Los hermanos Iaccarino, que como muchos otros testigos en este juicio están asistidos por el Equipo de Acompñamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, agradecieron al tribunal por no interrumpirlos durante su declaración.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo quince imputados y apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran dieciocho los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.

Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semipresenciales.

Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.

La próxima audiencia, que será virtual, está prevista para el martes 13 de septiembre a las 8:30.