En un contexto de persecución política y judicial por parte del Gobierno jujeño y el Poder Judicial de esa provincia, Milagro Sala fue internada ayer en la clínica Los Lapachos por un cuadro de trombosis en su pierna izquierda, y actualmente se encuentra en la unidad de terapia intensiva coronaria para recibir el tratamiento necesario. Desde ese momento permanece con un diagnóstico de «trombosis venosa profunda» en su pierna izquierda, informó el equipo de salud de la dirigente social. Tras la intervención médica se encuentra estable y sin complicaciones respiratorias, aunque «no está exenta de mayores complicaciones que pueden surgir en cualquier momento producto de su cuadro patológico de base», agregaron.

En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció que, a pesar de este grave estado de salud, Sala «está rodeada del hostigamiento que caracteriza a los poderes judicial y ejecutivo jujeños». En un comunicado, precisó que «desde el momento de su internación, la policía local envió oficiales que permanecieron, en todo momento, al lado de Sala y le impidieron tener cualquier tipo de intimidad con su familia y con el personal médico». 

Por este motivo, la secretaría que encabeza Horacio Pietragalla reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales de Jujuy que «se cumpla lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó el 23 de noviembre de 2017 una medida provisional sobre la situación de la dirigente social jujeña en la que requirió al Estado argentino que «adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala». 

En esa resolución, emitida tras una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH estableció además que el Estado argentino debía «sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario».

La Secretaría de Derechos Humanos reclamó que la Corte Suprema y las autoridades judiciales de Jujuy «dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento contra Milagro Sala, privada de su libertad de manera arbitraria desde 2016, y se dé cumplimiento a las medidas de protección dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

A su vez, detalló que «los policías no se limitaron a aguardar en las puertas de terapia, sino que permanecen armados, al lado de su cama, y realizan constantes preguntas tanto a sus allegados como al personal de la clínica. Sus abogados defensores denunciaron también que le han tomado fotografías y la han filmado».

Además, el comunicado enfatizó que «la situación de Milagro Sala es una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en Argentina. La dirigente política lleva ya casi siete años detenida con prisión preventiva, y se le iniciaron 11 causas penales y una actuación contravencional dirigidas contra ella y su familia».

«Un paso más en esa persecución es la amenaza constante de trasladarla nuevamente a un penal provincial», prosiguió. «En las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy expresó públicamente su intención de que vuelva a la cárcel y realizó varias presentaciones para revocar su detención domiciliaria», advirtió.

La semana pasada, organizaciones políticas, sociales y gremiales denunciaron la presión del gobernador Gerardo Morales al fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para que Milagro Sala vuelva a la cárcel, incumpliendo de este modo una exigencia de la Corte IDH. «Esto ubica las presiones de Gerardo Morales en una franca violación de nuestra Constitución Nacional», resaltaron.

Por último, la Secretaría de Derechos Humanos sostuvo que «las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir» la resolución de la CIDH debido a que «su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos».

El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe en Jujuy, en el marco de una arremetida del gobernador Morales contra las organizaciones sociales jujeñas. Desde entonces sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme y su encierro es violatorio de las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia.