Organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron este martes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para denunciar la presión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre el Poder Judicial de esa provincia para que la dirigente social Milagro Salta vuelva a la cárcel. «Basta de revancha contra Milagro Sala», fue el mensaje con el que convocó el Frente Milagro Sala a la marcha de esta tarde, que partió del Obelisco hasta la sede de la cartera de Justicia, ubicada en la calle Sarmiento 329 del microcentro porteño, donde sus representantes mantuvieron una reunión con el ministro Martín Soria.

Sobre los motivos de la protesta, el Frente Milagro Sala advirtió en un comunicado que «Gerardo Morales le ha dado la orden al Fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para que Milagro Sala vuelva a cumplir su injusta condena en la cárcel». Y agregaron: «Seis años y medio lleva en prisión Milagro Sala. Su actual prisión domiciliaria fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ubica las presiones de Gerardo Morales en una franca violación de nuestra Constitución Nacional».

Antes de la audiencia, Alejandro «Coco» Garfagnini, coordinador de la Túpac Amaru y del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, pidió un «pronunciamiento muy fuerte del Estado nacional para que en Jujuy no se viole la Constitución como viene sucediendo y que el Estado nacional se comprometa a cumplir la Constitución y la cautelar del sistema interamericano».

Luego de la reunión, Garfagnini dijo desde las puertas del Ministerio de Justicia que el Estado nacional se comprometió a manifestarse públicamente para que el Gobierno jujeño «cumpla la Constitución y deje de hostigar a Milagro». También afirmó que acordaron conformar una mesa de discusión para avanzar en pos de la libertad de Sala.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó el 23 de noviembre de 2017 una medida provisional sobre la situación de la dirigente social jujeña en la que requirió al Estado argentino que «adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala». 

En esa resolución, emitida tras una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH estableció además que el Estado argentino debía «sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario».

Luego de esa medida provisional, el 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las autoridades judiciales intervinientes en la detención de Sala debían cumplir «con urgencia» los requerimientos dispuestos por la Corte IDH.

«En Jujuy no hay Estado de Derecho, no hay Justicia independiente y los principios democráticos son sistemáticamente violentados por el gobierno de Morales. Hay que dejar de sacarse fotos con Gerardo Morales y terminar con esta mancha en la ética y la moral que significan los presos y las presas políticas de la Tupac Amaru en nuestra Patria», concluyó el Frente Milagro Sala.