El juez federal Daniel Rafecas decidió este jueves archivar la causa iniciada a raíz de la polémica por la provisión de caños para la megaobra energética del Gasoducto Néstor Kirchner, que hace dos semanas fue uno de los ejes centrales del discurso de Cristina Fernández de Kirchner por los 100 años de YPF y, en medio de cruces internos en la coalición de gobierno, decantó en la abrupta salida de Matías Kulfas del Gabinete nacional. 

El magistrado tenía a su cargo las cuatro denuncias que se sucedieron en los días posteriores a la polémica, entre las cuales se encontraban dirigentes políticos, diputados y abogados allegados a Juntos por el Cambio. En un extenso fallo, Rafecas consideró que ninguna de las acusaciones o señalamientos realizados por el supuesto direccionamiento de la obra para favorecer a Techint puede ser probado y que el proceso licitatorio «se viene realizando conforme a las normas». 

A la primera hipótesis de direccionamiento en favor de la multinacional de origen argentino se sumaron después otras líneas de investigación: por un lado, el potencial incumplimiento de la Ley de Compre Argentino a través de la asignación de la licitación de válvulas a una empresa extranjera; por otro, la existencia de un supuesto lobby para que ingrese en el negocio la firma CPC, del empresario Cristóbal López. 

«Tras un exhaustivo análisis de los expedientes licitatorios, la documentación anexa, los testimonios recogidos y la palabra de los idóneos y expertos en materia en materia gasífera, las tres hipótesis han quedado descartadas», sostuvo el magistrado en su fallo. 

«Como representante del Poder Judicial de la Nación en esta causa tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional (debido a la sustitución de importaciones de gas)», afirmó Rafecas sobre el final de su falló, y manifestó: «Si hay algo que nunca debería hacer la Justicia es constituir un factor de distorsión, de entorpecimiento o de interferencia en políticas públicas, cuando sea llamada a intervenir a partir de la formulación de denuncias que, a poco de andar, se revelan como inconducentes para sostener un caso penal». 

Antes de conocerse el fallo, el Gobierno nacional prosiguió con el proceso licitatorio y firmó finalmente el contrato con Techint para la adquisición de los caños que transportarán el gas una vez terminada la obra. 

Justamente los caños habían sido el eje de la polémica: en su discurso durante el acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis, Cristina Fernández había pedido a los funcionarios que piensen estratégicamente a la hora de desarrollar este tipo de obras clave, y ejemplificó con el caso de Techint que, a pesar de producir en el país, los caños que proveerá para esta obra son traídos de una planta de producción en Brasil. «Traigan la línea de producción a Argentina», había reclamado. 

Luego de la crítica se conoció un mensaje que el exministro Matías Kulfas había enviado desde la cartera de Producción a distintos periodistas, en el que señalaba («off de record») que fueron funcionarios de la empresa IEASA, cercanos a la vicepresidenta, quienes habían hecho una licitación «a la medida de Techint» y eran los responsables del retraso en la puesta en marcha de la estratégica obra.