Por Gabriela Calotti

Diana Guastavino tenía veintidós años, estudiaba Psicología en la UNLP y era empleada temporaria en el Ministerio de Economía y Hacienda. A través de la militancia en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) conoció a Roberto Miguel Yantorno, que vivía en Mar del Plata, tenía 28 años y era estudiante de Historia. Pese a un clima político cada vez más agitado, con las primeras desapariciones, persecuciones y amenazas, deciden casarse, ya en 1975. Pocos meses duró la vida en común en Mar del Plata.

En junio de 1975, de viaje en La Plata, Diana es secuestrada, llevada a la Comisaria 9ª y luego a Coordinación Federal, hoy la Superintendencia. Al cabo de cinco días de torturas, picana eléctrica, submarino y simulacro de fusilamiento, fue legalizada y llevada a Devoto, penal que llegó a albergar a más de un millar de presas políticas entrada la dictadura cívico-militar.

Desde la cárcel la comunicación era escueta con Roberto, a través de su madre o por alguna correspondencia clandestina. Hasta que en diciembre de 1977 Roberto faltó a una cita que tenía con su suegra.

«El 6 de diciembre de 1977 mi madre, que ya vivía en Buenos Aires, se había venido de Paraná [para visitarla en Devoto]. Ella tenía una cita con Roberto el 6 de diciembre. Mi madre no recibe la visita porque él ya había sido detenido», relató Diana el martes en la audiencia número 67 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús.

«Yo no sé de Roberto hasta mucho después de su desaparición, unos cuantos meses. Voy a conocer el Operativo Escoba que se hace entre el 5 y 6 de diciembre […] Es un golpe amplio contra el PCML focalizadamente y se señala la desaparición de Roberto y de muchos militantes de ese partido», precisó Diana Guastavino ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 presidido por el juez Ricardo Basílico.

En marzo de 1978, por comunicaciones que las internas de Devoto mantenían a través de las cañerías cloacales, supo que Roberto estaba desaparecido. Ya para entonces sabían de la existencia de «campos de concentración».

Diana, que tenía un problema en el tabique de su nariz, pidió que la operaran para poder acceder al hospital y recibir la visita de su mamá. Ella le dijo también que Roberto estaba desaparecido y que habían iniciado su búsqueda.

María Cristina Gioglio, militante del PCML y sobreviviente del genocidio, fallecida en enero de 2020, fue finalmente quien, al llegar a Devoto, le confirmó que Roberto había sido secuestrado y que lo había visto en el Pozo de Quilmes.

«Ella me comenta que a Roberto lo logra ver, que piensa que en algún momento está destabicado y que era llevado a tortura permanentemente y que lo escuchaba gritar y después escuchó que algún policía, encargado de las torturas, represor, decía ‘ya este no nos va a contradecir más porque se nos quedó en la tortura’».

Cristina Gioglio diría luego también que vio «en un pizarrón que estaba escrito Roberto Miguel Yantorno, muerto por ataque cardíaco».

Marta Yantorno, hermana de Roberto, también fue secuestrada en Mar del Plata y permanece desaparecida, explicó Diana, interrogada por la abogada Guadalupe Godoy.

Otros familiares fueron víctimas del terrorismo de Estado. Por parte de su madre, sus primas hermanas Susana y Cristina Marroco están desaparecidas. «Cristina creo que estuvo en Quilmes y creo que cayó embarazada. Nunca supimos nada», sostuvo. Por el lado paterno, a su prima Patricia, estudiante de Química de veinte años, «la matan en La Plata en el 76 o 77». Su primo Enrique Guastavino que había estado preso en Gualeguaychú en 1974, desapareció meses después en una plaza de Santa Fe. Otro primo suyo estuvo preso.

«¿Si quiero algo del tribunal?», preguntó retóricamente Diana Guastavino antes de concluir su declaración, y se respondió: «Todos diremos ‘verdad y justicia'». Ahora bien, «en referencia a los represores, siempre hemos pedido que aporten datos, que es lo que necesitamos para avanzar en lo social, en lo familiar y en lo político y en lo cultural. ¿Dónde están, qué fue de ellos? Hemos visto a lo largo de todo este trayecto que muy poco se ha logrado. No porque piense que puedan reflexionar. Mi pedido es que ojalá por ellos mismos no se lleven los datos a la tumba», sentenció, antes de leer un poema de una escritora polaca titulado «Torturas».

Norma Leanza, su memoria del Pozo de Quilmes

Norma Leanza tenía veintiocho años y estaba casada con Alcides Chiesa, que tenía treinta. Él trabajaba en la carpintería de aluminio con su padre, también Alcides, en Quilmes. Pero además era cineasta. Su militancia comenzó de la mano de un proyecto de película en torno a la vida de los cañeros en Tucumán. Por entonces, Alcides, fallecido en 2017, ya había hecho un filme de estudio sobre la pintura de Manuel Oliveira, de quien además era amigo personal.

El 15 de octubre de 1977, cuando estaban de sobremesa en la casa de sus suegros, fue el propio Manuel Oliveira quien llamó a la puerta preguntando por Alcides hijo. «Pasan quince minutos, no entran, no se escucha nada y salgo a ver qué pasa. Y no había nadie. Me llama la atención y por la vereda pasan dos chicos jóvenes que me preguntan qué había pasado. Y yo les digo que no sé… Me dicen que acaban de subir a un auto blanco, Renault 12, a un muchacho y lo describen a Alcides, cómo estaba vestido. Y ahí empezó todo», contó Norma al tribunal.

«Lo que nunca pude perdonarle a Manuel Oliveira fue que después de que él lo entregara se fue y no pegó la vuelta para avisarnos», lamentó la mujer. Inmediatamente ella y su suegro salieron a recorrer comisarías y hospitales de la zona.

A las dos horas y media volvieron a la casa y allí se encontraron con «seis o siete personas con armas largas. Nos llevaron manejando el auto con mi suegro y yo atrás», les taparon los ojos y los dejaron en dos celdas separadas. Tiempo después supo que estaba en el centro clandestino Puesto Vasco.

Su suegro fue liberado al poco tiempo, ella, a los seis meses, y Alcides (con quien estuvo en el Pozo de Quilmes) estuvo casi cinco años en la cárcel, entre la Unidad 9 de La Plata y la cárcel de Rawson.

Dos días después la llevaron al Pozo de Quilmes. Lo reconoció porque en Puesto Vasco había estado con su esposo, que le había contado cómo era.

En Quilmes estuvo con las mujeres. Con un ayudamemoria, Norma mencionó a todas aquellas compañeras de cautiverio que vio o que supe estaban allí. Norma Da Núñez, María Isabel Reynoso «Chabela», Mirta Teresita Gerelli, Agustina Ábalos, María Laporta, Nelly Rúa, Silvia Streger, Martina de Robles y María Elena Varela. También «vi en la Brigada a Gladys Musante, a Omar Farías, el marido», precisó.

Estaban también Carlos Rodríguez, Ricardo Ruiz, José María de la Flora, los hermanos italianos, Alberto Derman, Rubén Schell, Rodolfo Torres y su marido Alcides Chiesa. «Con el tiempo trajeron a Jorge Allega, a Juan Carlos Guarino y a Juan Carlos Robles». Mencionó igualmente a Roberto y Miguel Laporta, hermanos de María. Inclusive estuvo también secuestrada allí la mamá de los Laporta.

Durante su declaración, Norma contó que había empezado a militar con Marta Ester Escoto y su pareja, Juan Antonio Ginés, y con Alcides. Su responsable era el Chino Suárez.

Marta y Toni fueron asesinados, y el pequeño Emiliano, con síndrome de Down, fue abandonado a cargo de una jueza de apellido Pons que lo dejó morir sin que su familia biológica pudiera recuperarlo.

Durante su pormenorizado testimonio en cuanto a nombres y apellidos de otros secuestrados, Norma dijo que «en algún momento estuvieron los uruguayos Aida Sanz y su mamá; la doctora María Asunción ‘Mary’ Artigas, que estaba embarazada y tuvo una nena. También estaba su marido de apellido Moyano». «Sé que tuvo la criatura, creo que cuando los trasladaron a Banfield. Creo que se llama María Victoria», precisó, y aclaró que cuando ella llegó a Quilmes, «al grupo de uruguayos ya los habían trasladado al Pozo de Banfield». De Aida Sanz precisó que al llegar al Pozo de Quilmes «ya había tenido su criatura».

En una parte de su relato, que interesó en particular al abogado querellante por Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, Norma indicó que a «Mary, cuando se enteró de que estaba embarazada, venía a verla un oficial […] después supe que le decían Saracho y en realidad era el policía Valentín Pretti, que le traía fruta».

Allí también supo que estuvo María Castro, otra médica uruguaya, con su marido que era asmático y que falleció a raíz de un ataque que no pudo superar. «Falleció pese a que todos llamaban para que le abrieran la celda o lo llevaran al hospital» de Quilmes que estaba a media cuadra.

De los guardias, Norma recordó los apodos de cuatro: Chupete, Churrasco, Gómez, El Tío y el Oso Shogui. «Había otro grupo que comandaba las represiones: Juan Carlos, Monstruoso y Cluzot. Daba la sensación de superioridad al personal de la Brigada».

Norma fue liberada el 18 de abril de 1978. La sacaron escondida en la parte de atrás de un automóvil, tapada con una frazada. La dejaron a unas doce cuadras de su casa. Los represores que habían entrado a su casa no solo le robaron los anillos y las cadenitas que llevaba puestos el día del secuestro, sino también juegos de cubiertos sin estrenar, ropa, discos.

Los habeas corpus presentados por Alcides fueron negativos. Él estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 22 de julio de 1981 y después estuvo seis meses en libertad vigilada.

«Quisiera hacerles el pedido del mayor esfuerzo de justicia para todos los que no están. En nombre de todos, se lo agradezco», concluyó emocionada.

Un policía de la Federal secuestrado por error

Ramón Raúl Romero tenía veintisiete años y era cabo de la Federal. El 21 de septiembre de 1977 fue secuestrado en su casa en Lanús Oeste junto a su esposa de entonces, Elena Beatriz Abraham, de veinticinco. «Me preguntan si soy Romero y les digo que sí. ‘Me tiene que acompañar’», le dijeron los hombres de civil armados que lo cargaron en un Falcon y a su mujer en otro vehículo.

«Me tiran en el piso y me ponen una pistola en la sien». «Decí el nombre de guerra», le insistían. «Yo no tengo nombre de guerra, yo soy cabo de la Policía Federal», relató Romero, que recordó cómo le gatillaban el arma en la sien y le explicó a la auxiliar fiscal, Ana Oberlin, que «me hace mal acordarme de eso».

«Me subieron por una escalerita caracol al primer pisito, y ahí me tiraron a mí solo. Me tiraron en una celdita muy chiquita y a mi señora no sé a dónde la llevaron, ahí, creo, pero en otra celdita, donde estaban las mujeres», contó. Al tercer día le dieron una especie de polenta, «como si le hubieran echado una escupida», y eso le produjo diarrea. En esos días un muchacho le dijo «si te llegan a soltar, avisale a mi tío, Agüero de apellido, que vive en la calle Miguel Cané”.

Muchos años después, durante su testimonio ante la Justicia Federal en 2011, supo que aquel muchacho era Américo Ginés Agüero, el hermano de Sara (fallecida días atrás) y cuya esposa, Eva de Jesús, estaba embarazada. Ambos siguen desaparecidos.

Romero recordó los golpes y dice que también lo acostaron en una especie de cama de madera. En algún momento de su relato le dijo al tribunal que tiene miedo porque «estoy seguro de que uno de los que me interrogó fue Camps, porque yo le conocía la voz».

«Ese es el miedo que tiene mi familia. El hecho de que toda esa gente está en prisión domiciliaria y tienen gente de ellos, porque si en democracia hicieron desaparecer a un testigo, ese miedo yo tengo», volvió a afirmar, haciendo referencia concreta a Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez en septiembre de 2006.

Romero contó que en el Pozo de Quilmes escuchó cómo torturaban a niños de ocho, nueve o diez años. «Escuché que torturaron a dos chicos y era el olor a carne quemada. No sé cuanto tiempo anduve con ese olor en el alma», aseguró.

Romero, su esposa y su pequeño Emiliano de dos años vivían en una habitación. En la parte de adelante del terreno vivía su suegra y en una prefabricada en el fondo vivía otra familia. Su hermana, que vivía a la vuelta, logró llevarse al nene.

Al día siguiente, la patota volvió a buscar a Romero, pero a Hugo Romero, el vecino que vivía en el fondo. «El chango ese era pulidor de pisos e iba a la unidad básica del peronismo que estaba cerca. Lo buscaban por peronista». «¿Te buscaban a vos o a él?», le preguntó la auxiliar fiscal. «Lo buscaban a Hugo Romero. Yo les dije que vivía en el fondo y que no éramos parientes», respondió.

El día 14 de octubre llevaron a su mujer a la misma celda. «No dejaba de llorar. No sé. Me parece que hasta la violaron a ella. No me quiero acordar, doctora, me hace mal», agregó Romero, antes de indicar que a la madrugada los liberaron en una zona de monte. «Me dijeron que nos encontraron por Florencio Varela».

Años después, junto con integrantes de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Romero reconoció la Brigada de Quilmes como el centro clandestino en el que había estado cautivo.

Romero fue puesto en tratamiento psiquiátrico. Nunca más pudo volver a incorporarse a la Federal, que le renovaba la licencia hasta que «me dieron el retiro obligatorio por exceso de carpeta médica».

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013.

Este debate oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres centros clandestinos pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.

La próxima audiencia se realizará el martes 31 de mayo a las 8.30 hs de manera virtual en el Tribunal Federal de La Plata.