«Es una obviedad que se actualizará el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan Ganancias en función de la evolución de la inflación», confirmó a Télam el ministro de Economía, Martín Guzmán, tras la nota que le había enviado el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa. 

Tal como sucedió con el adelantamiento de las subas pautadas para el salario mínimo vital y móvil, el Gobierno atendió el pedido del líder del Frente Renovador para que las nuevas paritarias negociadas por la mayoría de los gremios en el marco del salto inflacionario de los últimos meses no sean neutralizadas por el impuesto. 

«De esta manera creemos que se dará sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y el mercado interno nacional», sostuvo Massa en la misiva que el viernes por la mañana hizo llegar al ministro. 

De acuerdo con la estimación de Diputados, el nuevo piso (calculado en base al índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE) pasaría de 225.937 a 265.000 pesos de remuneración bruta. 

Durante 2021, también por impulso del presidente de la Cámara de Diputados, se modificó la ley que ordena el impuesto a las ganancias y se estableció que el Gobierno nacional está facultado para modificar el piso de acuerdo con las pautas salariales negociadas por los trabajadores. De esa manera, durante el año pasado dejaron de pagar el tributo 1,5 millones de personas, pasando de 2,3 millones de contribuyentes en 2020 a 800.000 en 2021. 

«Es lo que razonablemente establece la ley para que el beneficio a los trabajadores y las trabajadores no se pierda con la inflación, y es lo que el Gobierno ejecutará», explicó en declaraciones a la agencia de noticias estatal el ministro de Economía, aunque no dijo en qué fecha se producirá la modificación. 

En un documento de firmado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, la CGT también se expresó en favor de la medida, ya que «el Gobierno definió una política salarial de recuperación y crecimiento del valor real de los ingresos como un objetivo central de la política económica, por lo que modificar los actuales montos es un acto de estricta justicia social». 

El jueves, el INDEC dio a conocer una nueva suba abrupta de la inflación (6 %), que, si bien se desaceleró con respecto al mes anterior, continuó con registros altos en los principales componentes de la medición. 

En el marco de las consecuencias económicas que trajo aparejado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Gobierno nacional permitió que los gremios y las empresas lleven adelante una nueva ronda de negociaciones paritarias para hacer frente al aumento generalizado de precios. Con el mismo objetivo, tras un pedido de Máximo Kirchner la semana pasada, se adelantaron los tres aumentos que restaban del salario mínimo vital y móvil al 1° de julio, seis meses antes de completar el 45 % de aumento pautado en marzo.