Por Gabriela Calotti

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó este viernes a Miguel Osvaldo Etchecolatz, mano derecha del jefe de la Policía bonaerense en tiempos de la dictadura cívico-militar, y al ex jefe policial, Julio César Garachico, a prisión perpetua. Sin embargo, Garachico seguirá cumpliendo detención domiciliaria. Las querellas fustigaron esa decisión.

Etchecolatz y Garachico fueron condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el llamado Pozo de Arana, centro clandestino de detención, tortura y exterminio ubicado en las afueras de La Plata. Habían sido imputados por secuestro y tormentos de Jorge Julio López y secuestro, tormentos y homicidio de Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia Dell Orto, Francisco López Muntaner, Efraím Guillermo Cano y Ambrosio De Marco. Todas las víctimas habían sido señaladas por López, durante su testimonio en el histórico juicio contra Etchecolatz en 2006. El 18 de septiembre de ese año, López fue desaparecido por segunda vez.

Los jueces subrogantes Andrés Basso, José Michilini y Alejandro Esmoris condenaron a Etchecolatz como coautor de los asesinatos de Rodas y de Sánchez; y a Garachico por los asesinatos de Dell Orto, De Marco y Rodas.

Etchecolatz, que ya cumple ocho condenas a prisión perpetua, permanecerá en la cárcel de Marcos Paz. En cambio, Garachico, que también tiene condenas anteriores, seguirá en detención domiciliaria en Mar del Plata, por decisión de los tres magistrados, lo cual generó malestar y quejas entre los familiares, los organismos de derechos humanos, las y los abogados querellantes.

«Es bastante contradictorio condenar a perpetua y mantenerlo en prisión domiciliaria. Desde la Subsecretaría vamos a plantear las instancias recursivas necesarias para que se le revoque la prisión domiciliaria», afirmó tras conocerse la sentencia la directora de Querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Verónica Bogliano, parte de la querella unificada con la Secretaría de Derechos Humanos de la nación.

«Como todos los juicios en los que hay involucrados crímenes de lesa humanidad, son muy esperadas estas sentencias y no solamente se pide que haya penas sino también que sean efectivas las condenas, sobre todo por la magnitud de los delitos que cometieron», agregó la letrada según un comunicado de la Subsecretaría.

«El fallo es una muestra de las dificultades que tenemos en La Plata desde hace mucho tiempo por la ausencia de jueces titulares de la jurisdicción. Entonces, nos pasa que todo el tiempo estamos empezando de nuevo», explicó a Contexto Guadalupe Godoy, abogada querellante en nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión por los Derechos Humanos y la asociación de Ex detenidos-desaparecidos, familiares y compañeros de La Plata.

Desde que el juez Carlos Rozanski fue obligado a renunciar en 2016 como titular del TOF Nº 1 de La Plata, ese tribunal funciona con jueces subrogantes que desconocen la «jurisprudencia» que se fue construyendo en todos estos años en La Plata en torno a los delitos de lesa humanidad, el delito de genocidio, la desaparición forzada o los criterios referidos a las prisiones efectivas.

«Toda esa construcción está en permanente discusión porque siempre estamos con una composición nueva del tribunal», sostuvo Godoy, que llamó la atención, por ejemplo, sobre la posición que los jueces expresan al inicio de la sentencia al entender que «no se trata de delitos constitutivos de genocidio».

«En ese sentido, la sentencia no cumplió las expectativas», sostuvo la letrada, que al mismo tiempo saludó el hecho de que familiares e integrantes de organismos de derechos humanos pudieran estar presentes en la lectura de la sentencia, tal como ocurría antes de la pandemia.

El juicio oral y público había comenzado el 30 de agosto de 2021. Durante su desarrollo se presentaron 22 testimonios, entre ellos, los relatos grabados en video de Jorge Julio López, Nilda Eloy, Cristina Gioglio y Alfonso Dell Orto.

Vale precisar que una parte de los hechos sucedidos en Arana se juzgaron en 2011 en el marco de la causa «Circuito Camps».

El tribunal solicitó al Poder Ejecutivo provincial la baja por «exoneración» de Garachico y Etchecolatz de la Policía bonaerense y pidió que se tomen las medidas necesarias para desafectar el Destacamento de Arana para que allí funcione un Espacio para la Memoria, precisó la Subsecretaría.