Diputados del Frente de Todos presentaron este mediodía el proyecto de ley para establecer un salario básico universal (SBU) que permita sostener un piso de ingresos asegurado para los sectores más vulnerables de la población. 

La iniciativa fue presentada por los diputados Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara Baja. Estuvieron presentes el jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, y el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros.

El proyecto fue firmado también por los diputados oficialistas Hugo Yasky, Mónica Macha, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Carlos Selva, Pablo Carro, Mara Brawer y Graciela Landriscini.

El grupo social objetivo del proyecto abarca a 9 millones de personas, precisó Hagman. Se encuentran comprendidos desocupados, asalariados informales, cuentapropistas pobres e incluso trabajadores formales de bajos ingresos. «Es una prestación monetaria individual cuyo objetivo es eliminar la indigencia, reducir la pobreza y valorizar las tareas del mercado laboral». 

La iniciativa representa una inversión social de 2,1 % del PBI, aunque se reduce al 0,9 % si se contabilizan «las políticas que podrían estar subsumidas» en el SBU y el «retorno fiscal que tiene cualquier inyección de recursos en los sectores populares», dijo Hagman, quien agregó que la cifra total a valores del año pasado alcanza los 400.000 millones de pesos. «Es un monto significativo, pero no es un proyecto inviable, se puede discutir cómo financiar», añadió.

«El salario básico universal es una respuesta para intentar garantizar un piso de derechos e ingresos para todas las personas, en un mundo donde la lógica del funcionamiento de la economía es, al contrario, concentrar cada vez más ingresos y dejar cada vez más gente afuera», subrayó Hagman. 

Para determinar un parámetro de ingreso, los diputados tomaron el valor de la canasta básica alimentaria por adulto, esto es, alrededor de 13.000 pesos según los últimos valores relevados por el INDEC. Para acceder a ese salario se pide a cambio una contraprestación, que puede ser el estudio o la realización de talleres relacionados con empleabilidad. A su vez, cada grupo familiar podrá percibir prestaciones del salario básico universal por un monto mensual de hasta dos canastas básicas alimentarias de un adulto. 

Según el texto, la prestación «será otorgada a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente».

«Hay millones de personas que trabajan sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno no pasa solo en Argentina, es mundial, y es consecuencia de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza. El salario básico universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro», dijo Hagman.

El proyecto representa una posición en las discusiones internas del Frente de Todos donde el sector kirchnerista aboga por políticas redistributivas que permitan recomponer los ingresos, frente a un proceso inflacionario alto y sostenido que impacta en el poder adquisitivo y en los niveles de pobreza e indigencia.

A nivel internacional, la necesidad de establecer un piso salarial para toda la población ha sido sostenida desde el comienzo de la pandemia por el papa Francisco y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).