El Congreso de la Nación se prepara para comenzar a debatir el proyecto de ley que envió el Gobierno nacional, que contiene el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y los principales lineamientos económicos acordados con el organismo para los próximos dos años y medio que duren las revisiones trimestrales. 

El viernes se conocieron más detalles del entendimiento que alcanzaron las partes para renegociar el fracasado programa firmado por Mauricio Macri en 2018. El Ministerio de Economía difundió algunos de los párrafos centrales del memorandum, mientras que el ministro Martín Guzmán se refirió al tema en una entrevista radial. 

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario cuestionó a la Administración anterior por la deuda contraída y sostuvo que «a nadie le gusta que el FMI esté en Argentina, nadie quisiera tener que tener un acuerdo con el FMI, porque es contrario a los valores que pregonamos sobre cómo debe actuar un Estado nación. El tema es que el FMI ya estaba en Argentina». 

El ministro detalló que, de aprobarse en el Congreso el programa acordado, Argentina recibirá 9.800 millones de dólares que alcanzarían para cancelar los vencimientos que el país tiene que afrontar con el organismo entre marzo y abril, pero que además dejaría un saldo de poco más de 6.000 millones de dólares para engrosar las reservas internacionales. 

«Tenemos un acuerdo que no tiene ninguna de las condicionalidades estándar de los acuerdos con el FMI. Aquí no hay reforma previsional, reforma laboral ni ninguna quita de derechos», destacó Guzmán.

Además, se refirió a uno de los temas centrales del debate, que son las tarifas de servicios públicos: «Quitando al segmento de mayor capacidad económica de nuestra población, nadie va a experimentar un incremento en sus facturas de luz y de gas que esté por encima del incremento de los salarios promedio de la población». En esa línea, descartó que la determinación de la quita de subsidios o la aplicación de los criterios para el incremento vayan a realizarse por áreas geográficas, sino que se tendrá en cuenta el ingreso de cada familia. 

En un comunicado, la cartera económica compartió algunos detalles sobre el acuerdo, entre los que destacaron la suba de la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, la manutención del régimen previsional actual, la reducción «virtuosa» del déficit fiscal, entre otros aspectos. 

«Se establecerán topes a los aumentos tarifarios para usuarios residenciales en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), tal como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto impuesto por la Administración anterior», dijeron sobre el tema tarifas. En ese caso, detallaron que habrá tres grupos: los que tengan capacidad de pago dejarán de recibir subsidios; los que cuenten con tarifa social tendrán un incremento del 40 % del coeficiente de variación salarial; y el resto de los usuarios tendrá subas que no podrán superar el 80 % del CVS.