La madrugada del 30 de diciembre de 2021, el Congreso sancionó la Ley 27.610, que consagra la interrupción legal del embarazado como un derecho. Este jueves se cumple el primer aniversario de la normativa impulsada por el Ejecutivo nacional y, fundamentalmente, por los feminismos en Argentina, que desde hace décadas venían luchando para la consagración de este derecho.

La sanción de la Ley 27.610 significó un hito en el movimiento feminista argentino y un impulso para países de la región y de otros continentes. Tal es así que el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró convertirse en símbolo de lucha e inspiración adoptado por los feminismos en todo el mundo, fundamentalmente en America Latina.

«Con la aprobación de la ley de aborto, nuestro país se posicionó como un referente en materia de salud sexual y reproductiva. El reconocimiento de la autonomía reproductiva es una conquista para los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Esto ha sido respaldado por el Poder Judicial de nuestro país, pese a las numerosas embestidas contra la norma. De todos modos, es importante destacar que no se ejerce un derecho que se desconoce, y el Estado ahora debe dar un paso más e informar con campañas masivas a la población dónde y cómo acceder al derecho a una interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), además de seguir trabajando para remover las barreras en el acceso», señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

A fines de septiembre, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la nación arrojó algunos datos positivos respecto de la implementación de esta normativa en Argentina: se registraron 12.010 llamados a la Línea de Salud Sexual que brinda información a la población durante el primer semestre, y se realizaron 15.455 tratamientos con misopostrol. Asimismo, esta Dirección intervino en veintidós oportunidades con su equipo legal para garantizar el acceso al aborto legal y a la anticoncepción durante la pandemia.

En ese sentido, la normativa se viene implementando, aunque desde Amnistía, una de las organizaciones que viene realizando un relevamiento al respecto, señalaron algunos obstáculos al respecto. Uno de ellos son los grupos antiderechos, con presentaciones judiciales. «A lo largo del 2021, se registraron más de 37 demandas en diversas provincias, de las cuales 32 cuestionaron directamente la norma. Ninguna prosperó, y solo 5 siguen en trámite ya que el Poder Judicial las ha ido rechazando sistemáticamente», destacaron.

Otro de los desafíos es la falta de información. Si bien se registra un claro avance, tanto Amnistía como Cedes e Ibis Reproductive Health, otros dos organismos que vienen relevando la implementación de la normativa, destacan la falta de información, sin campañas de difusión de los diferentes Gobiernos.

«La desinformación expulsa a las personas del sistema de salud o restringe su acceso. Además, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes. Por eso, el desarrollo de campañas de difusión es urgente para garantizar que el aborto sea una realidad. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado debe asegurar el acceso a la información, factor determinante para el goce de otros derechos, como el de decidir sobre nuestro propio cuerpo, libres de violencia y discriminación», agregó Mariela Belski.