Un país con justicia y un Estado que nos cuide de los discursos negacionistas

Dos testigos que eran niños cuando junto con sus familias fueron víctimas del terrorismo de Estado en Mar del Plata y en La Plata reclamaron unificación de causas, celeridad judicial, sentencias firmes y el fin de los privilegios a los genocidas en el juicio por las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús.

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Fabián Muñoz tenía 9 años y vivía en Mar del Plata con sus padres y sus hermanos. Silvia, la mayor, fue secuestrada en La Plata y vista en la Comisaría 5ta y en el Pozo de Banfield y permanece desaparecida. Ana Laura tenía 2 años y medio cuando una patota allanó su casa en Tolosa y se llevó a su mamá, Anahí Fernández y a su papá Mario Mercader. Los vieron en el Pozo de Banfield, entre otros CCD. Los fusilaron. Sus restos fueron identificados en 2009 por el EAAF.

«Lo único que quiero es un país con justicia. Donde se ejerza la justicia, para cuidar a los pibes que salen a reclamar por sus derechos. El ‘Nunca Más’ tiene un significado inmenso […] El Estado es central, ustedes son centrales para que la memoria, la verdad y la justicia mantengan el equilibrio y para proteger a las víctimas. Mi hija Paloma tiene la edad que tenía mi hermana Silvia y cuando uno escucha declaraciones negacionistas, me pica el estómago y le pido al Estado que la cuide», afirmó Fabián Muñoz, hoy ya de casi 60 años al cerrar un testimonio de casi tres horas ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata.

En el marco de la audiencia número 52 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Investigaciones de la policía bonaerense de Banfield, Quilmes y de Lanús, conocido éste último como El Infierno, con asiento en Avellaneda, los dos testigos que eran criaturas por aquellos años de feroz represión, relataron lo que vivieron y la reconstrucción que hicieron en todos estos eternos años de búsqueda de justicia.

Este juicio, que comenzó el 27 de abril de 2020 y se desarrolla de manera virtual por la pandemia, tiene lugar más de 45 años después de los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones denunciados.

Su papá, Alberto Mario Muñoz, trabajaba en el Casino de Mar del Plata. Era peronista de toda la vida y estaba casado con Carmen Leda Barreiro. Su hermana Silvia tenía 20 años, estudiaba Psicología en la Universidad de Mar del Plata y militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su hermano Alberto «Beto», unos años menor, estudiaba en el Colegio Industrial y formaba parte de la conducción nacional de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Recuerda que su casa «era una casa compañera», es decir «militante, muy comprometida […] mis viejos muy politizados», contó Fabián al Tribunal en la audiencia del martes. Hasta el año 74, cuando comenzaron a ser muy vigilados, la casa era un lugar de encuentro.

Durante su testimonio aseguró que el asesinato del líder de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) marplatense, Ernesto Piantoni, ocurrido el 20 de marzo de 1975, fue un punto de inflexión en la represión en esa ciudad. Su hermano y su hermana tuvieron que abandonar Mar del Plata. La organización Montoneros, a la que ambos pertenecían, los destinaron a Mendoza y a La Plata respectivamente, según pudo saber más tarde.

Semanas después una patota irrumpió en su casa de la calle Quintana. Recuerda que rompieron todo y robaron más aún. «Fue una noche feroz de mucha violencia», sostuvo. «Lo buscaban fundamentalmente a mi hermano», aseguró.

A partir de ese momento, sus padres y él comenzaron a cambiar de ciudad. «Empezamos a escondernos», afirmó. Primero fue Bariloche, Alta Gracia y luego Paraná. Entre tanto su hermano había «caído» en Mendoza junto con su compañera Ivone Larrieu, que daría a luz a Antonia. En dos ocasiones pudieron ver a su hermana y su pareja, Gastón Larrieu.

En diciembre de 1976 logran ver a Silvia y a su compañero. Recuerda que «La Plata estaba tan militarizada, era todo tan inseguro, tan precario […] Es una sensación difícil de explicar», relató al Tribunal. Esa fue la última vez que vieron a Silvia porque al encuentro que habían previsto para el día siguiente ella nunca apareció.

En cambio pudieron ver nuevamente a Gastón. Él les dijo que la sorpresa que tenía Silvia para darles era que «estaba embarazada».

En enero de 1978, ya a los 13 años de edad, volvió con sus padres a Mar del Plata sin imaginar lo que vendría. Sus padres fueron secuestrados y permanecieron tres meses en el centro clandestino de detención La Cueva que funcionaba en la Base Aérea marplatense. Él logró escaparse del edificio donde vivían y al cabo de tres días de dar vueltas, logró ubicar a un tío.

Tras recuperar la libertad su madre se sumó rápidamente a las primeras reuniones que madres, abuelas, familiares y amigos de víctimas mantenían en la iglesia Santa Ana, a las que también acudía Antonia «Negrita» Segarra. Su padre «quedó muy mal del secuestro y no se recuperó nunca», aseguró. Falleció en 1989.

Por esos días, la primera que se puso en contacto con sus padres para darles noticias de Silvia fue la sobreviviente Adriana Calvo de Laborde. «Les habló de Silvia viva, que estaba embarazada». Por ese motivo, su madre y luego él, siguen buscando a la hija o hijo o mellizos que pudo haber tenido su hermana.

Alicia Mini, sobreviviente, les contó que la vio a Silvia «embarazada de seis meses» estando en la Comisaría 5ta de La Plata. Adriana Calvo les habló también del Pozo de Banfield.

Beto fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. A finales de 1981 recupera la libertad su mujer y luego él.

Luego de su testimonio, el juez Esteban Rodríguez Eggers, integrante del Tribunal, le preguntó «¿cuál sería para usted una reparación integral?».

«Para nosotros sería que los genocidas hablen, que más allá de los horrores que cometieron no se vayan en silencio sino que cuenten, que den información», le respondió Fabián Muñoz, antes de reclamar «en segunda instancia que el Estado le dé continuidad y celeridad a estos procesos […] y que profundice la búsqueda de unos 300 niñas y niños» que fueron robados a sus familias y/o nacidos en cautiverio.

Muñoz cuestionó la lentitud de la justicia que es responsable de que muchas madres y abuelas mueran sin saber qué pasó con sus hijas, hijos y nietas y nietos y criticó los privilegios que la justicia le otorga a los genocidas al mandarlos a su casa con domiciliaria.

«No va a haber un ‘Nunca Más’ hasta que este proceso judicial cierre»

«Mi mamá se llamaba Anahí Silvia Fernández de Mercader y mi papá Mario Miguel Mercader. Los dos desaparecieron el 10 de febrero de 1977 en Tolosa en la casa donde vivíamos en 119 entre 523 y 524 en el horario aproximado de las 7 de la mañana. Una patota de unos 20 hombres vestidos de fajina ingresó algunos por el techo y otros allanando mi casa, rompiendo todo. Mi papá había salido a trabajar, era técnico electricista y en la casa estábamos mi hermana María, yo que tenía dos años y medio y mi mamá que luego iba a trabajar en una boutique en el centro», explicó Ana Laura Mercader al tribunal de forma virtual.

Tras el violento allanamiento, los represores decidieron esperar a Mario. Mientras en una habitación mantenían a las dos nenas y a la chica que las cuidaba, Mari, de 17 años.

«Mi papá llegó en moto junto con un compañero al que apodaban ‘el piraña’. Cuando mi mamá sintió la moto, le gritó desde adentro ‘corre Mario’ y cuando mi papá quiso saltar una medianera que había le pegaron un tiro en una pierna. Vino una ambulancia y se lo llevaron», continuó. Poco después apareció Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense.

Al padre de Mari Cambiaso Camps le dijo que se llevara a las nenas. «¡Lléveselas, tirelas, regálelas, haga lo que quiera!», aseguró Ana Laura.

Mari había memorizado el número de teléfono de su abuela materna Elba Edith Laera. Ella y su abuela paterna, Nélida Haydée Meyer, vinieron a buscar a las dos nietitas. «Ellas fueron quienes nos criaron amorosamente y a quienes tanto mi hermana como yo les debemos todo lo que hemos podido por esto que ha sido tan traumático para toda la familia, para todos los seres queridos», dijo Ana Laura sin poder ocultar su emoción y la voz temblorosa.

Reponiéndose de esos instantes inevitables, volvió al relato racional. «Mis abuelas comienzan una búsqueda incansable, haciendo trámites ante la CONADEP, Hábeas Corpus, ministerio del Interior, Arzobispado de Buenos Aires, neuropsiquiátricos […] y todas las respuestas fueron negativas».

A través de una monja del Hospital Naval un coronel identificado como Héctor Flores le hizo creer a su abuela que su hija Anahí estaba en un neuropsiquiátrico. Pero el 12 de febrero en el diario La Opinión sale una nota según la cual su papá, Marito, había muerto en un enfrentamiento.

Al día siguiente allanan la casa de su abuela paterna, saquean y roban.

A partir de allí supieron que «dos días después del secuestro de mi mamá y mi papá habían secuestrado a Claudia y a Luis Favero» que estuvieron secuestrados con sus padres, de modo que la teoría de que había muerto en un enfrentamiento «era una noticia falsa».

Sus abuelas fueron a Madres de Plaza de Mayo. «Todo el tiempo lucharon por recuperarlos en esta incertidumbre […] que fue mutando porque al principio nos preguntábamos si estaban vivos o muertos, después nos preguntábamos si los habían tirado al río o al mar, después nos preguntábamos de aquellos hijos apropiados, nos fuimos preguntando cosas y la incertidumbre fue mutando porque seguimos luchando porque haya justicia», sostuvo Ana Laura Mercader

Sus padres fueron vistos en los centros clandestinos que funcionaron en Arana, en la Comisaría 5ta, en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en la Brigada de Investigaciones de Banfield por Mario Félix, Claudia Favero, Luis Favero, Adriana Calvo de Laborde, Miguel Laborde, Alicia Meni y Adriana Achetti.

Ana Laura Mercader también criticó «esta justicia tardía» porque sus abuelas fallecieron y «no pudieron ver a los genocidas condenados».

En 2008 ella, su hermana y sus tías y tíos dieron muestras de sangre al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En 2009 su tío les informó que el EAAF había reconocido «los restos de Mario y Anahí», contó Ana Laura que ese año había tenido a su primer hijo, Manuel. De los nervios y la emoción ella y su hermana se pasaban al bebé «de brazo en brazo».

«Aquello que parecía tan volátil pasaba a tener una certeza y era de que los habían matado», sostuvo antes de haber una breve pausa, también por la emoción.

La larga espera de HIJAS e HIJOS

«Los hijos y las hijas hemos pasado nuestra vida intentando completar nuestra identidad, nuestra historia, nuestros proyectos familiares, nuestras descendencias y dentro de eso, cuando hablaba de la incertidumbre que mutaba seguimos intentando completarnos. A 45 años yo me pregunto cuántos años tenemos que sobrevivir para poder vivir en paz como sociedad […] Esa es la pregunta que yo le hago a la justicia».

«Cuánto tiempo más necesitamos para que se unifiquen las causas, para que haya sentencias firmes. No queremos seguir sintiendo esta incertidumbre o si vamos a llegar a ver a estos genocidas que se están muriendo y además tienen privilegios de no estar en la cárcel».

«No va a haber un ‘Nunca Más’ hasta que este proceso judicial cierre», concluyó rotunda y clara Ana Laura Mercader, integrante de la asociación HIJOS La Plata.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 con sólo 17 imputados y con apenas dos de ellos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas ignorando las audiencias. El 21 de octubre pasado, los abogados del policía retirado Miguel Ángel Ferreyro, denunciado por Nilda Eloy como el represor que la violó «reiteradamente» en la Brigada de Lanús, falleció, según informó su abogado defensor al Tribunal sin precisar los motivos. Ferreyro murió impune.

El presente juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que lleva adelante este juicio está integrado junto a Basílico por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y el cuarto juez, Fernando Canero.

En esta etapa de juicios, que se hacen mediante plataformas virtuales en razón de la pandemia, invitamos a todes a acompañar los testimonios a través del canal de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP. La próxima audiencia se llevará a cabo el martes 21 de diciembre. Luego habrá un receso hasta el 1° de febrero.