Un entramado aterrador: el secuestro de los hermanos Forti y de su madre

El 18 de febrero de 1977, efectivos de civil y de la Fuerza Aérea los bajaron de un avión que estaba a punto de despegar hacia Caracas. Con la complicidad del comandante de ese vuelo de Aerolíneas Argentinas, los cinco varones Forti Sosa, menores de edad, y su madre Nélida fueron llevados al centro clandestino de detención conocido tiempo después como Pozo de Quilmes.

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Alfredo Forti Sosa tenía dieciséis años cuando, estando ya sentado junto a sus cuatro hermanos varones más chicos y su madre a bordo de un vuelo que los iba a llevar a Venezuela para reunirse con su padre, fueron reclamados por los altoparlantes de la nave para que se presentara en la parte delantera.

«A través de los parlantes llaman a Alfredo Forti. Mi padre se llamaba así. Vamos al frente de la nave y había efectivos armados. Preguntaron por mi padre. Les dije que estaba en Venezuela. La llaman a mi madre y este señor uniformado de la Fuerza Aérea dice que no podemos viajar y que tenemos que descender del avión. Mi madre exige la presentación de una orden de un juez competente. Se le niega y la amenazan con que si ella no aceptaba bajar del avión, procederían los civiles armados que estaban en la escalera y no se responsabilizaban por lo que pudiera ocurrir», así relató Alfredo Forti hijo los términos en los que se produjo su secuestro y el de sus hermanos menores y su madre a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas el 18 de febrero de 1977.

«Por la fuerza de personal del grupo armado y la total negligencia de los funcionarios, del comandante de la nave, nos hicieron descender del avión», recordó Forti. «En esa época, Ezeiza no tenía mangas para descender del avión. Nos bajaron y ya bajo control de los civiles armados nos subieron a un ómnibus. Estuvimos más de 45 minutos esperando que bajaran las maletas. Todo esto a la vista de todos los pasajeros del avión», agregó.

Forti identificó al comandante del avión como Álvaro Oscar Villafañe y al jefe operativo de Ezeiza que estaba en funciones aquel día como comodoro Ataliva Inocencio Fernández.

Nélida Susana Sosa de Forti tenía 41 años. Junto a ella y a Alfredo a bordo del avión estaban los otros varones: Mario, de trece años, Renato, de once, Néstor, de diez, y Guillermo, de ocho. Su hija Silvana se había quedado en Tucumán con su abuela porque se había llevado una materia del secundario a marzo. Otra hermana está fallecida.

Después de vivir en el interior de Santiago del Estero y en Córdoba, siempre con una «actitud militante proactiva a favor de los desposeídos», según la descripción de sus padres que Forti hizo el martes ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata de forma virtual, la familia se radicó en Tucumán.

Su padre era médico cirujano y su madre, además de dedicarse a la familia, era una incansable impulsora de proyectos colectivos, como una escuela de técnicas enfermeras, un cine club, un grupo de teatro campesino o un sindicato. «Siempre estaba atenta y sensible a las situaciones que la rodeaban», afirmó.

Entonces «comienzan a ser detenidos muchos amigos y compañeros de actividades políticas y sociales en Tucumán, lugar donde se dio el establecimiento del primer centro clandestino de detención de nuestro país por parte de los genocidas, el general [Acdel] Vilas y luego [Antonio Domingo] Bussi», sostuvo Forti antes de precisar que Bussi sucedió a Vilas al frente del comando del Operativo Independencia, feroz plan represivo contra las organizaciones guerrilleras en esa provincia, concretamente el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

Ante «esa situación de permanentes dramas familiares por las detenciones, desapariciones y asesinatos, mi familia decide salir del país. Mi padre, como médico, logra ser contratado por el Gobierno de Venezuela, viaja el 10 de enero de 1977 con el objetivo de cumplir un contrato y lograr las visas para todo el grupo familiar», relató Forti en el marco de la audiencia número 51 de este juicio, antes de precisar que para mediados de diciembre de 1976 la familia se había trasladado a Buenos Aires para tramitar los pasaportes y viajar.

Del aeropuerto de Ezeiza los sacaron por una salida lateral y en medio de un «cordón de la Policía Aeronáutica» de efectivos masculinos y femeninos. «Nos suben a dos autos particulares, un Peugeot y un Falcon, y nos sacan de la zona hasta que salen de la ruta principal a un camino de tierra secundario donde todos somos vendados y atados», contó Alfredo.

«Nos trasladaron a un lugar que no supimos nunca dónde era. Entramos por un garaje […] nos subieron, nos bajaron y nos depositaron en un patio rodeado de seis calabozos y un baño. En ese lugar de aspecto de una comisaría o lugar de detención estuvimos seis días. Hasta el 23 de febrero», afirmó.

Años después, ya en 1984, supo y confirmó que aquel lugar en la calle Allison Bell sin número era el llamado Pozo de Quilmes, en realidad, la Brigada de Investigaciones de la Policía bonaerense en esa localidad del sur del conurbano. Alfredo Forti lo denunció ante la CONADEP. Nunca les brindaron explicación sobre los motivos de su secuestro.

Tanto Alfredo como sus hermanos Renato y Guillermo, que testimoniaron posteriormente el martes, afirmaron que en el piso superior había unas seis chicas que eran de La Plata, una de las cuales estaba «embarazada de seis meses», y que ellas les habían dicho que más arriba había chicos jóvenes, también de esa ciudad.

Su madre pidió hablar con «la autoridad de ese lugar», y el penúltimo día la llevaron a hablar ante quien le fue presentado como «el coronel». «Este le informó que habíamos sido detenidos y que teníamos que ser trasladados a Tucumán. Que no sabía la razón pero que no se preocupara». Su madre pediría luego que la llevaran solamente a ella a Tucumán y que sus hijos pudieran reunirse con sus familiares.

«El 23 de febrero a la noche nos sacan en dos autos. En uno de los cuales iba mi madre y en otro mis hermanos y yo. Luego de varias vueltas, paran. Nos hacen bajar del auto sin sacarnos las vendas, nos sientan en las veredas, nos tapan con una sábana, y el que fungía como jefe, ‘el coronel’, me dice que llevaban a mi madre a Tucumán. Solo nos devolvieron las cédulas de identidad», aseguró, antes de indicar que se habían robado «el equipaje, el dinero, las joyas» que llevaban a bordo del avión, pues se iban a vivir a otro país.

Sin embargo, aquella noche, los cinco varones menores de edad fueron dejados vendados y atados en una calle de Parque Patricios, cerca de la plaza Martín Fierro. «En ese momento ayudamos a mi hermano Alfredo [a desatarse] y vemos que el vehículo en el que iba mi madre siguió derecho… Nos fuimos caminando. Recuerdo que la gente pasaba y no nos ayudaba. Ni siquiera se asombraba», declaró el martes Renato Forti Sosa.

A partir de allí comenzó un «larguísimo proceso para tratar de ubicar y recuperar a mi madre», sostuvo antes Alfredo. En ese marco, el padre Alfonso Naldi viaja a Buenos Aires desde Venezuela para acompañar a la familia en la búsqueda de Nélida y en lograr la salida del país de los cinco varones. Fue ese prelado quien los conectó con monseñor Emilio Graselli, conocido hombre de la Iglesia, partícipe del entramado represivo que nunca fue citado por la Justicia. Por Graselli obtuvieron otros pasaportes y pasajes de Aerolíneas.

Pero en el ínterin, como eran menores, habían recurrido a una jueza de Menores de San Isidro, Ofelia Hejt. «Esta jueza nos dijo algo que fue terrible para mí y mis hermanos: que la única forma en que ella otorgaría el permiso de viaje [era] si nosotros declarábamos que nuestra madre nos había abandonado y que se había robado nuestros pasaportes». Forti fustigó la actitud de esa magistrada. «Más que cómplice y encubridora», su accionar fue «un verdadero acto criminal accesorio a la práctica de detención y desaparición de personas».

El mayor de los varones Forti Sosa indicó que la familia presentó numerosos habeas corpus «que fueron sistemáticamente rechazados» y cuestionó el papel que cumplieron en aquellos años muchos integrantes del Poder Judicial argentino.

También reclamaron y denunciaron ante organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional y el Vaticano.

En un momento, en la Embajada de Argentina en Caracas le pidieron al entonces representante diplomático ante Venezuela, Hidalgo Solá, que impulsara un habeas corpus. También se lo pidieron a su sucesor, de apellido Barfeld, «que era de la Marina y de la Logia P2», sostuvo.

Y también mencionó a un «tercer secretario» de la embajada, identificado como Jorge Faurie, «que con los años sería canciller» durante el Gobierno de Mauricio Macri, que «veces nos mandaba mensajes diciendo que desde Buenos Aires indicaban que no se registraban antecedentes de detención de Nélida Sosa de Forti».

Alfredo Forti fue muy concreto al brindar nombres, apellidos, fechas y circunstancias en las que fueron secuestrados y en los hechos posteriores.

«Son gente que sin duda por sus posiciones, y por las circunstancias en que se dieron los hechos, fueron informados de qué se trataba y de dónde venía la orden para que se llevara a cabo nuestro secuestro y desaparición», y agregó: «Es importante para nuestra familia solicitar que se viabilicen las investigaciones apropiadas para determinar las responsabilidades de todas esas personas».

Precisó que recién en 1979 el comodoro Carlos Cabandoli, por entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, «reconoció» que el grupo familiar había sido sacado del avión, pero cambió la versión real de aquel secuestro, diciendo que había sido obra de un «grupo terrorista subversivo montonero que había logrado engañar a todo el personal militar y de Aerolíneas de Ezeiza haciéndose pasar por militares […] para dar una lección a gente como mi madre que era supuestamente miembro de Montoneros y que estaba tratando de escaparse del país».

Durante el secuestro, «la preocupación principal de mi madre era tratar de que nos liberaran a nosotros y pensar en cómo estarían sufriendo mi abuela y mi padre», comentó Alfredo.

«Hasta el día de hoy seguimos en la lucha por llegar a la verdad para determinar lo que sucedió y dónde esta mi madre», sostuvo, antes de asegurar que ella «se sentiría orgullosa de vernos así […] Mi madre nos ha dado la fuerza para poder llegar hasta donde estamos. Es lo que nos hace invencibles… No es aquel que gana las batallas sino aquel que no se rinde. No nos vamos a rendir nunca, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos», enfatizó antes de sentenciar en alusión a los imputados: «Ellos están ahí esperando condenas, nosotros estamos acá, avanzando en la búsqueda de justicia».

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús es resultado de tres causas unificadas en la 737/2013, con solo diecisiete imputados y apenas dos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas ignorando las audiencias. El 21 de octubre, los abogados del policía retirado Miguel Ángel Ferreyro, denunciado por Nilda Eloy como el represor que la violó reiteradamente en la Brigada de Lanús, falleció, según informó su abogado defensor al tribunal, sin precisar los motivos. Ferreyro murió impune.

El presente juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres centros clandestinos de detención pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que lo lleva adelante está integrado, junto a Basílico, por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

En esta etapa de juicios, invitamos a todes a acompañar los testimonios a través del canal de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Se puede encontrar más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP. La próxima audiencia tendrá lugar el martes 14 de diciembre a las 9 hs.