Horas de tensión se vivieron en la mañana del martes al desarrollarse el violento desalojo de la cooperativa textil Nueva Generación, ubicada en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. La represión con balas de goma y gases lacrimógenos –que derivó en la detención de trabajadores, periodistas y una legisladora electa del Frente de Todos– fue condenada por Provincia, que apuntó al juez que ordenó el operativo.

El conflicto se originó por un problema alrededor de la sede donde funciona Nueva Generación, que había quedado en medio de un litigio legal. En ese marco, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense iniciaron conversaciones con los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa para consensuar una desocupación pacífica de la sede.

En ese marco, se firmó un convenio conjunto entre autoridades provinciales y referentes de la cooperativa para avanzar en el traslado de maquinaria y herramientas para que el trabajo pudiera continuar en otro espacio. El acuerdo fue sellado por la presidenta de la cooperativa, Alicia Gutiérrez; por la Defensoría del Pueblo, en representación del secretario de Hábitat Alejandro Rusconi; y por el Ministerio de Gobierno, el jefe de Gabinete Omar Furlán.

El acuerdo otorgaba un plazo de treinta días para avanzar con la retirada del lugar, punto que fue comunicado al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Avellaneda por la Defensoría del Pueblo. La orden de desalojo policial dictada por el juez a cargo de ese mismo juzgado, Pablo Bocaccia, fue en desmedro de ese trabajo.

El accionar del magistrado fue señalado por el propio ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien se pronunció sobre el violento operativo. «Esto se hace violando un acuerdo que hay entre el Estado provincial y obviamente la cooperativa y todos los actores participantes, la Defensoría del Pueblo entre ellos. Esto planteaba un plazo de treinta días hábiles. El juez en teoría hasta la semana pasada venía acompañando ese proceso y decidió, de buenas a primeras, llevar adelante un desalojo», remarcó Larroque en declaraciones radiales.

«En este caso, la policía es auxiliar del Poder Judicial, pero entre otras cosas intentaron llevarse detenido a un periodista y al subsecretario de mi ministerio. El juez ha violado el acuerdo que habían desarrollado las distintas instancias del Estado provincial, la propia cooperativa y el Estado nacional a través del INAES, que iba a financiar el traslado de la cooperativa a otro inmueble», agregó el titular de Desarrollo Comunitario bonaerense.

No es la primera vez que las decisiones del Poder Judicial y el accionar de la Policía bonaerense chocan con la articulación de Desarrollo Comunitario en conflictos de estas características. El caso de la toma de tierras en la localidad de Guernica fue paradigmático, en la contraposición entre el desalojo efectuado por las fuerzas policiales y el largo proceso de diálogo mantenido antes y después del operativo entre la cartera conducida por Larroque y el conjunto de familias involucradas, en busca de una respuesta habitacional.

Similar fue lo ocurrido meses atrás en el barrio San Rudecindo, en el partido de Florencio Varela, tras un violento enfrentamiento de bandas narco que dejó un saldo de tres personas muertas, incluida una joven de dieciocho años. Allí, la intervención del Ministerio de Seguridad se limitó a la instalación de un comando de vigilancia, mientras que Desarrollo Comunitario decidió avanzar sobre las problemáticas sociales y estructurales que presentaba el barrio, en términos de acceso al trabajo, cultura y herramientas para las instituciones locales.