En el Día Internacional Contra la Violencia de Género, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, anunció que impulsará la reforma de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se tratará de un proceso participativo y federal, en busca de construir reformar la actual normativa, que ya tiene once años de vigencia.

Según se informó oficialmente, el objetivo de esta reforma «tiene por objetivo adecuar la normativa a las necesidades y demandas actuales sobre nuevos tipos y modalidades de violencias, incorporar la perspectiva de diversidad y brindar herramientas para fortalecer el rol de los distintos niveles de gobierno y de las organizaciones sociales territoriales en el abordaje de esta problemática».

El anuncio se realizó en el salón Delia Parodi del Congreso de la Nación y fue encabezado por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, acompañada por diputadas y senadoras en ejercicio y electas.

A través de convocatorias del Ministerio en conjunto con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión Banca de la Mujer del Senado, se realizarán foros participativos y federales en busca de incorporar voces de todos los sectores y territorios. Encuentros que se replicarán en universidades nacionales y otros espacios.

«Modificar una ley tan innovadora como lo fue la 26.485 da cuenta de que estamos avanzando, que hay un mayor nivel de conciencia de la problemática que como sociedad estamos enfrentando y que tenemos la potencia para hacernos cargo de transformar la realidad en que vivimos», afirmó la ministra, y enfatizó: «Tenemos la obligación histórica de defender lo conquistado, de honrar la lucha que hemos llevado adelante mujeres y LGBTI+ por nuestra dignidad y nuestros derechos».

«Que tengamos que repensar una ley que hace doce años se sancionó habla de la enorme transformación que sucedió en términos culturales, políticos e institucionales», manifestó la ministra, quien destacó que «la tenemos que cambiar porque hubo un 2015 con el Ni Una Menos, que puso en agenda» estos temas.

Gómez Alcorta ponderó el debate abierto que se realizará y destacó que la intención del Gobierno no es «una norma que sea nacida de los escritorios. No porque no pueda ser buena, sino porque seguramente nunca puede ser tan buena como tomar las voces plurales, diversas».

Por su parte, la diputada Paula Penacca reconoció que existe una deuda «muy profunda con nosotras y nosotres», por lo que llamó a trabajar por esta normativa con todos los bloques en busca de alcanzar «buenos resultados que nos permitan tener más derechos y fortalecer a los movimientos feministas».

La presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado, Norma Durango, destacó la «lucha que emprendimos hace muchos años en defensa de los derechos de las mujeres», a través de la cual «hemos conseguido muchísimos derechos, pero todavía nos falta y mucho». En ese sentido, destacó que la normativa sancionada en 2009 fue «un hito» pero «a doce años de su sanción la ley amerita una reforma integral».

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja, Mónica Macha, resaltó que «el feminismo y el transfeminismo tienen un lugar central a la hora de poner sobre el debate político cuestiones que durante tanto tiempo las hemos sufrido pero estaban en un lugar de lo privado».

Macha destacó que es necesario incorporar a la nueva normativa «la violencia en el contexto de otras identidades de género; la violencia digital; la violencia en las vejeces y personas con discapacidad; las violencias contra mujeres y personas trans de pueblos originarios».