Mientras la prensa corporativa y sectores reaccionarios de la política profundizan el discurso punitivo y de «mano dura» frente a la inseguridad, desde las propias poblaciones carcelarias se organizan para reconstruir un tejido social cada vez más golpeado por el crimen, la exclusión y el odio. Tal es el ejemplo del Fondo de Ayuda a Víctimas (FAV), orientado a trazar redes de encuentro y ayuda recíproca entre internos y víctimas del delito.

En vigencia desde hace más de un año, el FAV es impulsado y coordinado entre la cooperativa de trabajo autogestiva Liberté -compuesta de manera íntegra por personas privadas de la libertad dentro de la unidad penitenciaria de Batán, donde hay un almacén, huerta, trabajo de carpintería, entre otras actividades-, la organización Víctimas por la Paz y la Asociación Pensamiento Penal (APP). A partir de los diversos trabajos realizados por Liberté, surgió la propuesta de utilizar el excedente de ganancias por esas tareas para realizar colaboraciones y aportes hacia asociaciones de víctimas del delito.

«Esto surge como un proyecto entre Liberté, Víctimas por la Paz y APP, que aportó un capital inicial para impulsar el programa con la cooperativa. Con el excedente de dinero por el trabajo de la cooperativa, se decidió entregárselo a asociaciones de víctimas. Es un proyecto social en función de colaborar en proyectos de infraestructura, culturales o educativos, con soluciones concretas», dijo a Contexto Diana Márquez, referente de Víctimas por la Paz.

En las últimas semanas, el FAV aportó con un donativo en infraestructura y recursos para la vivienda de la familia de Milagros Paola Saavedra, joven de dieciocho años fallecida tras quedar en medio de una balacera en el barrio de San Rudecindo, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Además de generar una red de aporte solidario con acciones concretas, el proyecto apunta a revertir el paradigma punitivo construido en la sociedad civil hacia las poblaciones carcelarias, en especial en un contexto de profundización mediática y política del discurso del castigo y aumento de las penalidades.

«Además de la acción concreta solidaria, después hacemos un encuentro del FAV, que tiene que ver con lo que llamamos un encuentro restaurativo, donde se reparan los entramados y vínculos sociales. Allí compartimos nuestros dolores, experiencias, nuestro trabajo. En esa instancia, nos damos cuenta de que la gente es mucho menos ‘odiadora’ de lo que se piensa. Eso nos da esperanza sobre aquello que puede ser reparado y reconstruido», agregó Márquez.

En lo que va del año, el FAV aportó fondos para el hogar de tránsito Manos Unidas Emanuel, que funciona en el barrio Arricau en José C. Paz, lugar donde acuden personas de toda la provincia por casos de violencia familiar o de género. También aportaron fondos para obras de infraestructura para el Refugio Uguet Mondaca, de Almirante Brown, dedicado a brindar contención y herramientas a mujeres y niños que estén atravesando situaciones de violencia y vulnerabilidad.

«Lo que nos pasa como sociedad es reflejo de la violencia que no hemos podido solucionar, donde la Justicia ha fallado, la institución policial falla y un montón de dispositivos que fueron pensados para ‘darnos seguridad’. Nuestro discurso de convivencia y de una manera diferente de cómo pensar políticas públicas que no partan solo del dolor de las víctimas cuando se les pone un micrófono adelante creo que es fundamental», dijo la referente de Víctimas por la Paz.

«Lo que planteamos es fundamental. No desconozco que puede ser una gota en el desierto, pero aun así no bajamos los brazos, estamos convencidos de esto. Es posible otro tipo de pensamiento, de organización, para salirse de los odios y los rencores», añadió.