A un mes de las elecciones generales, el nuevo Código de Convivencia Ciudadana impulsado por el oficialismo local avanza en el Concejo Deliberante, en busca de ser aprobado en el recinto antes del 12 de noviembre. La iniciativa, resistida por un amplio abanico de organizaciones sociales y de derechos humanos, ya avanzó en la Comisión de Seguridad y este miércoles desembarca en Legislación.

El Código de Convivencia de Julio Garro viene recorriendo un amplio camino. La primera vez que el intendente platense intentó impulsarlo fue en 2017, tras las elecciones de medio término, a los fines de «ordenar el espacio público de cara a la gente». Meses después, lo ingresó al Concejo y comenzó una serie de encuentros, para que vecinos y vecinas pudieran «debatir» el proyecto, en espacios como clubes y establecimientos comunitarios. Esta medida fue ampliamente criticada por los sectores directamente afectados por el proyecto, que nunca fueron convocados a la discusión: vendedorxs ambulantes, limpiavidrios, manterxs, cartonerxs y trabajadorxs sexuales. Lo que siguió fue una larga lucha hasta la fecha, con masivas movilizaciones de estos sectores y de organismos de derechos humanos, en rechazo del código que catalogaron como «represivo».

Sin embargo, una vez más el oficialismo local insiste con este proyecto y busca darle fin a la discusión antes de las elecciones. La Comisión de Seguridad y Derechos Humanos, conducida por la edil Romina Cayón, le dio despacho favorable el jueves pasado con el voto de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, en tanto, lo rechazó.

Este miércoles se comenzará a tratar en Legislación, encabezada por Francesco Arriaga. Con cinco de ocho integrantes de esta comisión pertenecientes al oficialismo, se espera despacho favorable a la brevedad para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto en la sesión prevista para el 3 de noviembre, donde Juntos por el Cambio con aliados podría aprobarlo.

De 2017 a la fecha, el proyecto recibió varias modificaciones. Si bien se quitaron las penas de arresto que se establecían en los primeros borradores, las elevadas multas y contravenciones a trabajadores informales y los límites a la protesta social siguen estando presente. El capítulo VII está directamente dedicado al comercio ambulante, estableciendo penas que alcanzan los 136.500 pesos y el decomiso de los productos, siendo esta ya una práctica recurrente por Control Urbano.

También, según el artículo 214, serán multados quienes ofrecieran servicios «a quienes se encuentren en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos, que pudieren poner en peligro su propia integridad física o afectaren al tráfico en la vía pública». En ese sentido, vendedores ambulantes, limpiavidrios y artistas callejeros se verán afectados.

Respecto a las movilizaciones o manifestaciones, el artículo 150 establece que «deberán realizarse con el máximo respeto de la normativa vigente y sin impedir el ejercicio de derechos constitucionales por parte de terceros». En ese sentido, señala que «deberán procurar no impedir el normal desarrollo del tránsito vehicular de la ciudad», por lo que «queda expresamente prohibido obstaculizar totalmente los carriles de circulación así como aquellos destinados al transporte público. El Departamento Ejecutivo podrá habilitar una excepción a este supuesto, en los casos de manifestaciones multitudinarias en las cuales no sea posible otra alternativa». Asimismo, penaliza la quema de neumáticos con multas de hasta 182.000 pesos.

En lo que respecta al trabajo sexual, el Ejecutivo local será el encargado de delimitar los lugares permitidos, por lo que quien «ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos no autorizados, será sancionado» con penas de hasta 81.900 pesos.

El capítulo VIII, en tanto, establece normas de «convivencia responsable con animales», con la prohibición en el artículo 229 de la «tracción a sangre», punto controversial para el sector cartonero, que ante los constantes decomisos de los caballos piden al Municipio otra alternativa para el traslado. El proyecto establece penas de hasta 136.500 pesos «y la realización de un curso de cuidado animal con una carga horaria de 8 horas».