La comisión de Salud le dio el visto bueno al nuevo proyecto de ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS presentado por el Frente de Organizaciones por la Salud de las personas. Esta iniciativa busca ser una instancia superadora a la actual normativa, sancionada en 1990, con un cambio de paradigma enfocado en los derechos humanos.

En su primer encuentro presencial desde la llegada de la pandemia, la Comisión de Acción Social y Salud, comandada por Pablo Yedlin, dio dictamen al proyecto Respuesta integral al VIH, la hepatitis, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), elaborado por organizaciones civiles, que ahora buscará abrirse paso en las comisiones de Presupuesto y Legislación General.

«Estamos muy felices de haber obtenido un dictamen favorable del proyecto en la Comisión de Acción Social y Salud, pero ahora nos toca seguir trabajando, seguir presionando para que las otras comisiones puedan dar también su dictamen para que pueda ser tratado en el recinto», dijo Matías Muñoz, presidente de Ciclo Positivo, a Contexto. «Esperamos tener un movimiento del proyecto dentro del Congreso que es muy necesario. Con las elecciones en el medio, entendemos que va a ser difícil, pero estaremos ahí las organizaciones trabajando para que el proyecto no vuelva a perder estado parlamentario una vez más», añadió.

El proyecto fue presentado en octubre de 2020, pero previamente hubo dos proyectos similares que habían desembarcado en la Cámara Baja: uno en 2016, que tuvo dictamen en la Comisión de Salud pero no logró avanzar, y otro en 2018, que directamente fue cajoneado. En plena pandemia, las organizaciones volvieron a redactar un proyecto que en veinticuatro páginas resume la experiencia de años anteriores, recomendaciones de organizaciones y organismos pertinentes y la convicción de que es necesaria una legislación nueva, que refuerce y mejore las actuales políticas para que los cambios políticos no traigan consigo un ajuste en la materia, tal como sucedió en el macrismo.

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En ese sentido, desde la organización Ciclo Positivo destacaron que, a diferencia de la ley vigente 23.798, sancionada treinta años atrás, el actual proyecto «tiene un enfoque de género y de derechos humanos para asegurar los derechos y garantías inherentes a la condición humana para todas las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS». En ese marco, esta iniciativa «pone en el centro de la escena los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma, la discriminación».

«Es muy necesario poder sancionar una ley que cambie la perspectiva biomédica que tiene la ley actual hacia una perspectiva de ampliación de derechos, hacia una perspectiva de derechos humanos», destacó Muñoz.

Para avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos y la no discriminación, el proyecto propone la eliminación de la prueba preocupacional para diagnosticar estas enfermedades; la producción pública de medicamentos y el acceso universal, oportuno y gratuito a los mismos; la capacitación y promoción dentro del sistema de salud para acompañar a las personas diagnosticadas; la provisión de tratamientos y servicios para quienes nacieron con VIH y la promoción de la investigación. Asimismo, el proyecto propone la creación de dos entes: por un lado, una Comisión Nacional de VIH, hepatitis, TBC e ITS que reúna a organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil y, por el otro, la creación del Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación bajo la órbita del INADI para visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS.

Además, el proyecto hace hincapié en el desarrollo de programas destinados a la prevención, «teniendo en cuenta las desigualdades, discriminaciones que sufren las mujeres», apostando a la construcción de una nueva ley con perspectiva de género.

El tratamiento en comisión

La primera firma del proyecto es la de la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard. De su banca, también acompañaron Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Mara Brawer, Mónica Macha, Itai Hagman y Ayelén Sposito. Juntos por el Cambio, en tanto, aportó la firma de Silvia Lospenatto, Brenda Austin, Maximiliano Ferraro y Carla Carrizo. Por el Frente de Izquierda, Romina del Plá fue una de las diputadas firmantes al momento de la presentación, pero por el sistema de rotación que tiene su espacio político ya no está en su banca. Además, la iniciativa fue respaldada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, que, previo a su presentación, manifestó la necesidad de actualizar el marco jurídico.

Este miércoles, al abrir la comisión, Yedlin consideró que es «muy necesaria» una nueva normativa «para la atención de estos pacientes en Argentina».

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Fue Gaillard la encargada de presentar el proyecto en la comisión. «Contempla un enfoque diferente a la Ley de Sida que tiene nuestro país, que fue muy importante para su momento, pero que tenía una mirada un tanto biologicista. Esta es una ley de VIH que además incorpora a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual, una novedad en este proyecto de ley», destacó.

«Viene también a dar una respuesta integral y a atender de manera integral estas enfermedades. Tiene algo que creo que es fundamental, que establece en cuanto a la cuestión previsional algo muy importante: que las personas que padezcan estas enfermedades puedan jubilarse a la edad de cincuenta años y acceder a las pensiones no contributivas cuando cobran por debajo del salario mínimo, vital y móvil», informó la diputada del Frente de Todos.

Asimismo, Gaillard destacó la situación que vivió esta población durante la gestión de Mauricio Macri, con «muchos problemas para el acceso a los reactivos, a las vacunas y a todos los tratamientos que tenían que ver con estas enfermedades». Por eso «es tan importante esta ley, para que quede consolidada como una política pública y el Estado tenga la obligación de garantizar los tratamientos».

Visibilizar a las poblaciones claves

En la previa, la eliminación de un artículo referido a las personas destinatarias de esta normativa en las que se destacaba a las personas trabajadores sexuales generó alarma en las organizaciones. Es que, si bien se había excluido a este sector, se había dejado el término «personas en situación de prostitución», dando lugar a interpretaciones cruzadas respecto a esta temática.

Durante su exposición, Galliard destacó que ya no se nombra a cada una de las poblaciones claves en el proyecto, pero sí en la reglamentación de la normativa se puede indicar «de manera concreta cada una de las poblaciones para no meternos en un debate que aún no ha sido saldado por el feminismo, que tiene que ver con el trabajo sexual y la prostitución».

Su compañera de banca, Mara Brawer, también se refirió al respecto y destacó que se trató de «un consenso que nos hemos dado en esta comisión y que expresa las dificultades que tiene la Argentina en encontrar un consenso en relación a la situación de prostitución o trabajo». Por lo que llamó a «no detenernos en este debate y que lo importante es que salga la ley».

Sin embargo, la diputada se refirió a las recomendaciones de la ONU de hacer «una mención específicamente a estas poblaciones que llama poblaciones claves al tener mayor riesgo de contraer» estas enfermedades. En este punto, haciendo suyas las palabras del organismo internacional, llamó a visibilizar estas poblaciones para avanzar en pos de su derecho y en contra de su estigmatización.

Las organizaciones del sector marcaron esto como un retroceso, pero seguirán trabajando de cara a la reglamentación para poder dejar en claro las personas destinatarias.

«Seguiremos sensibilizando al personal de salud, haciendo prevención entre pares, formándonos como promotoras de salud, y así como logramos reducir la prevalencia en VIH dentro de nuestra población, seguiremos militando para eliminar el estigma y la discriminación», manifestó Georgina Orellano, referente de AMMAR, el sindicato que nuclea a las trabajadoras sexuales.