El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó este jueves en el Museo del Bicentenario la presentación del proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, y compartió por primera vez acto con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, desde el resultado electoral adverso del Frente de Todos el pasado 12 de septiembre. 

El mandatario y su vice estuvieron acompañados además por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, único orador además del presidente. 

En el acto estuvieron también presentes representantes de la cadena agroindustrial, de los equipos técnicos de la Mesa de Enlace, del Consejo Agroindustrial Argentino, sindicalistas y legisladores. De manera virtual, participaron representantes de los Gobiernos provinciales de todo el país. 

«Esta ley es el resultado de un trabajo que duró más de un año. En ese trabajo participaron ministros, sectores de la agroindustria, productores, universidades, científicos; en verdad es el resultado de escucharnos, de buscar puntos de encuentros, de ver cómo conciliamos intereses», dijo Fernández. 

La iniciativa, que contempla distintos incentivos fiscales y económicos para promover la inversión, la productividad y el aumento de las exportaciones agroindustriales, fue desarrollada en el marco del Consejo Económico Social que preside Gustavo Béliz, también presente en el encuentro. 

El presidente insistió con la idea de que solo tuvo 99 días de normalidad durante su gestión hasta la llegada de la pandemia, y manifestó: «Estoy sintiendo que el día cien ha llegado, y ya no tenemos que hablar tanto de lo que no pudimos porque la pandemia nos lo impidió, sino que tenemos que hablar de lo que debemos hacer para encontrar el rumbo y encontrar el futuro y construir la Argentina que nos hace falta». 

«Esta no es una ley cualquiera, es una ley que ha sido construida con un criterio federal muy claro, donde participaron gobernadores, donde participaron universidades de todo el país, donde participaron grandes productores y muy pequeños productores de la agricultura familiar; todos han sido oídos, todos», enfatizó. 

El mandatario también consideró que la ley «respeta una triple ecología» (ambiental, económica y social) ya que busca apuntalar la producción de alimentos de mayor calidad respetando el medioambiente, la exportación y generación de divisas y el incremento de puestos de trabajo de calidad en el sector. 

«Ahora, esta ley no es completa, esta ley necesita atender a otros sectores de la agroindustria, necesita atender la agro-bio-economía, como la llaman algunos ahora; la agricultura familiar, que todos conocemos, la producción orgánica; y eso reclama de una redistribución de tierras fiscales, de incentivos para esos pequeños agricultores, para esas familias que trabajan la tierra», señaló. 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, detalló algunos de los estímulos acordados con las distintas partes de la cadena agroindustrial y recordó el lanzamiento del Plan Agroestratégico y Agroindustrial en 2011 junto a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que seguía lineamientos similares. 

«La producción agropecuaria es una parte indisoluble de nuestra identidad nacional. El trigo, el maíz y la carne son considerados bienes culturales argentinos y están en el centro de nuestras tradiciones. El presidente me ha resaltado que nuestra obligación es cuidar el interés general y la seguridad alimentaria de los argentinos como lo señala la Constitución Nacional», dijo el funcionario, y destacó: «Nuestro deber sobre estos parámetros es administrar con responsabilidad e inteligencia los saldos exportables de la Nación». 

Entre otros objetivos, Domínguez detalló la posibilidad de exportar 100.000 millones de dólares, metas de 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres, nuevas inversiones con valor agregado en origen y la generación de 700.000 puestos de trabajo para 2030. 

Algunos de los beneficios incluidos en la norma son la promoción de prácticas del cuidado ambiental mediante un bono del 50 % de la inversión en crédito fiscal para los insumos promovidos; amortizaciones aceleradas para las nuevas inversiones; menor tiempo de devolución del IVA; cambio del concepto de «tenencia» por el de venta o realización para beneficiar al sector ganadero en el cálculo del impuesto a las ganancias; IVA diferente para economías regionales; impulso a la compra de semillas fiscalizadas de producción nacional mediante un bono de la inversión del 50 % en crédito fiscal; entre otros.