Como cada 17 de agosto, a veintiocho años de la desaparición del estudiante de la Facultad de Periodismo Miguel Bru en la Comisaría 9ª de La Plata, familiares, amigos y dirigentes políticos y de derechos humanos participaron de un acto y una vigilia con distintas actividades en la puerta de la comisaría de calle 5 y 59, donde el joven fue visto por última vez con vida. 

Durante el acto, Rosa Bru, madre de Miguel y presidenta de la Asociación que lleva el nombre de su hijo, y Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, inauguraron el cartel que señaliza la Comisaría 9ª como el lugar en el que fue torturado y asesinado Miguel el 17 de agosto de 1993. Esto, en el marco del Plan de Señalización Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

La actividad fue generada por la Asociación Civil Miguel Bru (organización creada en 2002 que busca el cuerpo de Miguel y ayuda a otras personas víctimas de la violencia institucional), junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Contó con una radio abierta, una muestra de fotos en la pared de la dependencia policial, la proyección de un video sobre la lucha por justicia y la búsqueda de Miguel entre 1993 y 2020 y el camino que ha recorrido la Asociación Miguel Bru. Como siempre, contó con el apoyo y la presencia de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

«Queremos saber dónde está Miguel», reclamó Rosa Bru, quien pidió a «los tipos que saben dónde está Miguel que entiendan que queremos que venga alguien y diga dónde está». Rosa agradeció la solidaridad y el acompañamiento de quienes se acercaron y remarcó que «la pregunta ‘¿Dónde está Miguel?’ nos marcó toda la vida».

Rosa Bru y diputada Florencia Saintout.

Quien también se hizo presente fue la diputada bonaerense del Frente de Todos Florencia Saintout, referente de la oposición platense al gobierno de Julio Garro. La legisladora y directora del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico saludó a familiares y amigos de Miguel y les agradeció «porque en estos años de lucha, la Asociación Bru, las Madres y Abuelas [de Plaza de Mayo] nos han vuelto mejores. No han peleado solo por sus hijos y han hecho de este país un país mejor».

En otro video proyectado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que su Gobierno ofrece una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar el cuerpo. Quien tenga información para aportar puede hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante el fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 3 de La Plata, los fiscales generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, indicó la Asociación Miguel Bru.

Además, a través del proyector, el cantante León Gieco, padrino de la Asociación y presente en la causa desde el principio, dedicó una canción a Rosa Bru.

De la actividad participaron también Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; la senadora y secretaria de Derechos Humanos de la CTA, María Reigada; el nieto recuperado Leonardo Fossati. También estuvieron presentes la decana de la Facultad de Periodismo, Andrea Varela, y autoridades de esa casa de estudios; Octavio Miloni (ADULP y CONADU), integrantes de Madres en Lucha y familiares de víctimas de violencia institucional.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y Rosa Bru.

La desaparición de Miguel y la búsqueda de justicia

El 17 de agosto de 1993, cuando tenía veintitrés años, Miguel Bru fue torturado, asesinado y desaparecido por policías de la Comisaría 9ª de La Plata. Unos días antes había denunciado a efectivos de esa dependencia por un allanamiento sin orden judicial en su casa. Luego de ese hecho, fue hostigado y amenazado para que retirara la denuncia. Su cuerpo nunca apareció.

Los policías Justo José López y Walter Abrigo fueron condenados en 1999 a prisión perpetua por tortura seguida de muerte. Por encubrimiento, el excomisario Domingo Ojeda y el exoficial Ramón Cerecetto recibieron una pena de dos años de cumplimiento efectivo. En el marco de la causa, también fue destituido el juez Amílcar Vara por complicidad policial.

Desde la desaparición de Miguel se realizaron más de 39 rastrillajes de búsqueda. Su familia y la Asociación continúan pidiendo que el único detenido en la actualidad, Justo José López, el resto de los policías implicados en la desaparición o cualquier persona que pueda brindar algún dato cooperen para poder encontrarlo y cerrar una herida que lleva abierta veintiocho años.