Por Gabriela Calotti

Fue gracias a los testimonios de un puñado de sobrevivientes del centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense de Lanús con asiento en Avellaneda que familiares de militantes secuestrados en 1976 que permanecen desaparecidos pudieron saber que sus seres queridos pasaron por El Infierno, entre otros campos de tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar.

Jorge Barry, hermano mayor de Enrique y Juan Alejandro, fue el primero en brindar su declaración de forma virtual el martes ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que lleva adelante el juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno de Lanús. En esos tres CCD funcionaban brigadas de la Bonaerense, dirigida entonces por Ramón Camps y su mano derecha, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y conformaban el represivo Circuito Camps, integrado por una veintena de centros clandestinos.

Barry describió el hogar en el que se criaron los tres hermanos varones y la menor, Juana, en Adrogué, fruto de un matrimonio que se había conocido en Londres al alistarse como voluntarios en la Segunda Guerra Mundial. Apasionados por la historia argentina, los varones empezaron a militar en el Colegio Nacional de esa localidad.

Su padre era abogado, titular de la cátedra de Derecho Agrario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto con Alfredo Martínez de Hoz, y trabajaba en el Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, desde donde fue espectador aterrado del bombardeo de la «Fusiladora», el 16 de junio de 1955.

Enrique fue secuestrado el 22 de octubre de 1976 en una plaza de Bernal. Su compañera, Susana Papic, que estaba embarazada, fue secuestrada el 6 de diciembre de ese año. Tiempo después, su bebé, Agustín, apareció en las escaleras de la Casa Cuna y pudo ser entregado a su abuela materna.

Su hermano Juan Alejandro y su compañera, Susana Mata, fueron asesinados en Uruguay por una patota de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de tortura y exterminio que puso en marcha la dictadura. Su asesinato en el vecino país se enmarcó en el llamado Plan Cóndor, sistema de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Detenido en la Brigada de Banfield ya en 1974, Juan Alejandro terminó preso en la Unidad 9 de La Plata. Su compañera pasó del Pozo de Banfield a la cárcel femenina de Olmos, donde dio a luz a su hija Alejandrina el 29 de marzo de 1975.

Recuperada la libertad, pasaron a la clandestinidad, relató Jorge Barry, y fueron asesinados en Uruguay. De este lado del río, la dictadura aprovechó el hallazgo de la niña para armar una operación mediática a través de varias revistas de editorial Atlántida, como Gente, Para Ti y Somos, con titulares como «Los hijos del terror».

Cabe mencionar que Alejandrina Barry declaró como testigo en este juicio en marzo pasado.

El propio Jorge Barry fue víctima de un violento allanamiento en el domicilio familiar en Adrogué el 23 de octubre de 1976. Allí, una decena de personas de civil fuertemente armadas y con jerga del Ejército, según su opinión, le preguntaban insistentemente por Enrique.

Su padre intentó, a través de Martínez de Hoz, obtener alguna información sobre el paradero de Enrique, pero fue en vano.

La complicidad de la jerarquía católica

Barry y las testigos que lo sucedieron, Claudia y Patricia Congett, coincidieron en referirse a las gestiones que sus familiares realizaron por entonces ante el vicario castrense Emilio Graselli en la iglesia Stella Maris de Retiro.

«Me atendió en tres o cuatro oportunidades. Me dijo que Enrique estaba bien. En la última me dijo ‘no te preocupes más. Está bien. Está con Dios», relató Barry al Tribunal.

«Años después lo declaré ante la CONADEP [Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas]. Por los relatos, por la forma en que lo describía, no tengo dudas de que estuvo en contacto con él y que tenía mucha más información. Él me relataba su asistencia a los grupos de tareas. Tengo la certeza de que Graselli había visto a mi hermano», sostuvo Jorge Barry.

El 20 de diciembre de 1977 la familia fue informada de que Juan Alejandro y Susana Mata habían sido asesinados por un grupo de tareas de la ESMA. Su padre viajó entonces a Uruguay y regresó con la pequeña Alejandrina.

«En enero de 1978 empieza una campaña feroz de desprestigio por los medios de prensa, principalmente de editorial Atlántida», precisó Barry, antes de indicar que esa denuncia penal es objeto de otro juicio «lamentablemente bastante lento».

Nilda Eloy, que pasó por el terror de El Infierno y declaró en sendos juicios por delitos de lesa humanidad, fue también quien señaló que allí había estado secuestrado Enrique Barry.

La represión se cobró la vida de sus hermanos y sus cuñadas y dejó «tremendamente doloridos» a Jorge y Juana. Su padre fue obligado a jubilarse en la UBA y echado del Banco Nación. «Terminó con una depresión tremenda», se lamentó.

Al concluir, reclamó honores para «estos luchadores y resistentes a una de las peores dictaduras que ha habido en Latinoamérica», y agradeció por haber podido atestiguar «en nombre de mis hermanos y de los 30.000 desaparecidos de un país que nos duele mucho».

Las hijas de Jorge Luis Congett, “El Abuelo”

Jorge Luis Congett había nacido el 17 de noviembre de 1931 en la ciudad de Buenos Aires. Su secuestro y desaparición son también caso de este juicio.

Sus comienzos se remontan a la CGT de los Argentinos, donde conoció a su esposa, Esther Muiños, con quien años más tarde tendría a Patricia, hoy de 62 años, y a Claudia, de 50 años, ambas testigos familiares en este juicio.

El bombardeo de Plaza de Mayo había marcado a ese hombre, que terminó desarrollando su trabajo gremial en la municipalidad de La Matanza, donde se dedicaba además a la militancia católica y de acción social, cercano a los curas tercermundistas de aquellos años. Viviendo en la localidad de Villa Luzuriaga, empezó a militar en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), en la organización Montoneros, y fue uno de los fundadores del Partido Auténtico de La Matanza.

El apodo no era en vano. Le decían «El Abuelo» porque ya para entonces tenía 45 años y era uno de los cuadros políticos de más edad.

La madrugada del 20 de noviembre de 1976, casi una docena de hombres armados, de civil, irrumpieron en su vivienda, que las dos hijas describieron como «una casa de puertas abiertas, donde venían muchos compañeros de militancia».

«Le pedimos por favor que se fuera, pero él no quiso y se subió al techo», recordó su hija mayor. Los verdugos lo hicieron bajar y se lo llevaron.

Recorrieron morgues, hospitales y juzgados. Pero recién en 2011 pudieron saber por Nilda Eloy y Horacio Matoso que habían visto a su padre en El Infierno de Lanús. En el mismo grupo de trabajadores secuestrados «en el oeste» del conurbano, en La Matanza, estaban Ricardo Chidíchimo, José Rizzo y Héctor Galeano.

«El último recuerdo lindo que tengo fue el 6 de noviembre de 1976. Yo cumplía seis años. Me hizo el mejor cumpleaños de mi vida», relató Claudia, la más chica, que no se olvidará nunca del proyector de Super 8 con el que esa tarde les pasaron películas de Disney a ella y «a todos los chicos del barrio».

Ambas mencionaron puntualmente a Diego Guelar como un «alto dirigente de la organización Montoneros» que «debería ser llamado por la Justicia porque debe saber muchas cosas».

«Como muchas familias de desaparecidos, íbamos a la Vicaría Castrense a ver a monseñor Graselli, en la iglesia Stella Maris», dijeron las dos hermanas, que coincidieron igualmente en afirmar que «fueron años muy difíciles, de mucha tristeza y de mucha soledad».

Patricia recordó claramente que Graselli confeccionaba unas fichas que forman parte de un archivo «que fue secuestrado» y que «contenía las anotaciones de los destinos que creíamos habían tenido nuestros familiares.» La mujer pidió que se busque ese archivo.

La hermana mayor, que al día siguiente del secuestro de su padre cumplía dieciocho años, recuerda claramente que lo obligaron a subir a un Chevy negro, muy probablemente al baúl. Era un auto «que no tenía patente», aseguró.

Muchos años después, los restos de José Rizzo aparecieron en el cementerio de Villegas, pero «los restos de mi padre no aparecieron. Seguimos buscando», comentó Claudia Congett, que participó de la fundación de la asociación HIJOS La Matanza, antes de señalar que entregaron su «gota de sangre» al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

«Sabemos y creemos necesario que en el cementerio de Avellaneda, donde está el panteón de la Policía… Dicen que debajo hay restos de desaparecidos. Creemos que la Justicia tiene que intervenir. Los familiares necesitamos saber el destino de nuestros familiares», reclamó. Ambas se refirieron al sector 134 de la necrópolis.

Las dos declararon en el Juicio por Brigada San Justo, pues su padre también fue visto en ese CCD por sobrevivientes. Reconocieron a uno de los oficiales de la Bonaerense que revistaba en esa Brigada, identificado como Cristóbal García.

«Hace 45 años que lo estamos buscando», sostuvo Patricia Congett, que reivindicó los testimonios de los sobrevivientes. «Sería hora de que alguien diga dónde están y qué hicieron con ellos», pidió esta mujer que reclamó a la Justicia «que nos acompañe», pues hasta ahora «ha apelado mucho a nuestra paciencia».

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737, con solo dieciocho imputados y apenas dos de ellos en la cárcel: Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas.

El juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio.

El tribunal está presidido por el juez Ricardo Basílico, acompañado por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero, todos ellos subrogantes.

En esta etapa de juicios, que se hacen mediante plataformas virtuales en razón de la pandemia, invitamos a todes a acompañar los testimonios a través del canal de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria.

Más información, en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.

La próxima audiencia será el martes 24 de agosto a las 9 hs.