Por Gabriela Calotti

Haydée Lampugnani reivindica su tarea como asistente social que ya ejercía hacía 45 años en el barrio El Gato, en las afueras de La Plata. «Trabajaba en promoción comunitaria y conciencia política. Hacía trabajo de base», afirmó el martes ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 que lleva adelante de forma virtual el juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Investigación de la Policía Bonaerense de Banfield, de Quilmes y El Infierno de Lanús.

Secuestrada el 5 de octubre de 1976 en las cercanías del ferrocarril provincial, Haydée estuvo secuestrada y sometida a torturas en varios Centros Clandestinos de Detención (CCD) empezando por la Comisaría 5ta de La Plata.

El terror la acompañaba desde tiempo antes. En La Plata, ella y su marido habían recibido amenazas y sufrido intentos de secuestro de parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), brazo universitario de la Triple A.

Su marido, Guillermo Eduardo Díaz Nieto, fue la primera víctima de la familia. El 8 de febrero de 1975 era secuestrado en Tucumán, convirtiéndose junto con otros dos compañeros en «los primeros detenidos del Operativo Independencia», precisó Haydée al Tribunal. Los tres permanecen desaparecidos.

El Operativo Independencia puso en marcha un decreto firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón que habilitaba al Ejército a «aniquilar el accionar subversivo», e hizo de Tucumán un escenario de ensayo macabro, antesala del golpe del 24 de marzo.

Días antes del secuestro de Haydée, su suegro, Rafael Díaz Martínez, un escribano de Catamarca que había venido para ver a su nuera y a sus nietos, Rafael de cuatro años y Gervasio de tres y medio, sería secuestrado junto a Juan Domingo Plaza, conocido como «El Bocha», sobrino de monseñor José María Plaza, capellán de la Policía Bonaerense y activo colaborador del sistema represivo. Juan Domingo Plaza permanece desaparecido.

El suegro de Haydée fue liberado en la zona de Punta Lara, descalzo, sin sus anteojos. Por miedo, ella se había ido al departamento de unas amigas, Graciela Jurado y Liliana Violini, junto con sus hijos pequeños.

Graciela sigue desaparecida, al igual que Liliana, quien sin embargo logró entregar a los niños a un tío abuelo que los mandó a Catamarca con la familia paterna.

El caso de Haydée evidencia el plan sistemático represivo federal.
«Lo último que veo son las baldosas de la vereda», contó Haydée al relatar cómo fue su secuestro. «Aparecen dos autos que se nos vienen encima. Grito, trato de defenderme. Igual me meten en un vehículo, tapada y apretada por alguien», precisó. Eran las seis de la tarde. Los represores estaban de civil.

De allí la llevaron a la Comisaría 5ta de La Plata, según pudo saber tiempo después. Le siguió el Pozo de Arana, donde vio a Mario Salerno, al que le decían «Dueño», y a Inés Pedemonte; ambos siguen desaparecidos. A Haydée la colgaron de los brazos y la torturaron.

Hacia el 12 o 13 de octubre los llevaron al CCD El Vesubio. Recuerda que ahí estuvo también con Marlene Krugger, una paraguaya de origen alemán. Además, estaban Graciela Jurado y Nilda Eloy. Del otro lado de la pared estaban los varones, «pude reconocer a ‘Piura’ Mendoza Calderón, estaba el compañero del que me hicieron ver la tortura, Mario Salerno y Horacio Matoso».

«Ahí estuvimos veintidós días sin comer. Aparte de ser un campo de tortura, era un campo de exterminio […] Nos bañaron a manguerazos. No solo era la tortura sino una afrenta permanente a la dignidad de la persona», sostuvo.

Haydée Lampugnani es sobreviviente también de la Brigada de Investigaciones de Lanús, como ella lo llama para no decirle El Infierno. «Prefiero llamarlo así para que quede claro de quiénes estamos hablando», manifestó.

Ahí fue con Jorge Mendoza Calderón, Horacio Matoso, Mario Salerno, Nilda Eloy y Graciela Jurado. «Nos meten en una celda totalmente cerrada. Entrábamos parados. Llevábamos más de veinte días sin comer, por lo tanto no podíamos estar casi parados por el estado físico. Entonces nos turnábamos. Dos se acostaban y cuatro se paraban. En los cinco o seis días no nos dieron de comer», relató.

«En la Brigada de Investigaciones nos pasaban una botella de agua y una vez fuimos al baño. Teníamos que hacer pis por debajo de la reja porque tampoco podíamos mojar el lugar donde nos teníamos que tirar», refirió, poniendo en evidencia las condiciones infrahumanas en las que estaban secuestrados.

De allí junto a Salerno la llevaron en avión a Córdoba, donde estuvo en el CCD La Perla, a cargo del III Cuerpo del Ejército. «El traslado a La Perla prueba la coordinación y la sistematización que han hecho en todo este diseño represivo. Yo paso de ser una presa o secuestrada de la policía de la Provincia a manos del Tercer Cuerpo del Ejército», afirmó.

Recién en octubre de 1977 supo que sus hijos estaban bien y que su madre los había llevado a Catamarca con su familia paterna.

En Córdoba estuvo hasta septiembre de 1977, cuando la trasladaron a la cárcel de Devoto donde meses después, ya en febrero de 1978, volvió a ver a sus hijos.

Haydée Lampugnani advirtió al Tribunal que «después de 45 años ha sido todo un esfuerzo armar un relato con cierta precisión con respecto a las fechas». Su hijo menor, Gervasio Antonio Díaz, completó con su testimonio algunas precisiones.

«La responsabilidad del Estado»

Al inicio de su declaración, Gervasio Díaz aclaró que el «objetivo principal» de su testimonio es «dejar absolutamente en claro las responsabilidades del Estado argentino en el secuestro y desaparición de mi madre y mi padre. Hablo del Estado en democracia, en la dictadura genocida y el Estado en democracia del año 83 en adelante», sostuvo.

“Nuestra familia es un claro ejemplo de que la dictadura, la tortura y el secuestro no comenzó el 24 de marzo de 1976″, afirmó.

Hoy de 49 años, Gervasio Díaz contó que en febrero de 1975, cuando secuestran y desaparecen a su padre, «estábamos intentando empezar una nueva vida en Tucumán», y precisó que su padre, Guillermo Díaz Nieto, fue secuestrado junto a Pedro Medina, un maestro rural, y José López, un compañero de Termas de Río Hondo. «Los tres siguen desaparecidos», puntualizó.

El testigo, afincado en Cipolletti, provincia de Río Negro, desde chico, completó el relato de su madre al mencionar claramente al sobrino de Plaza y a Liliana Violini como víctimas del genocidio que permanecen desaparecidas.

Aunque era chico, aseguró que «ir a Devoto fue una de las cosas más aterradoras que me tocó vivir», y contó que cuando su madre recuperó la libertad eso no significó «el fin del calvario», pues en Catamarca ella no conseguía trabajo y por eso decidieron irse al sur en una suerte de «exilio interno».

Con los años se fue acercando a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y del Alto Valle y al difunto obispo Jaime de Nevares, donde encontraron contención para «poder reconstruirnos».

«Siempre supimos quiénes somos y de quiénes somos hijos», aseveró antes de afirmar, dirigiéndose al Tribunal: «Después de tantos años lamento decirles señores jueces que no venimos a pedir Justicia. Los momentos de Justicia fueron los de movilización popular, los de escraches, los momentos de gritarles a la cara a los asesinos».

Fundamentó sus palabras en el hecho de que los represores sigan callando sus crímenes, y en que aunque muchos estén condenados gozan del beneficio de detención domiciliaria.

Gervasio Antonio Díaz rindió homenaje a los 30 mil desaparecidos y a Jorge Julio López, y agradeció el apoyo del Programa de Acompañamiento a Testigos.

Hugo Pujol confía en encontrar a su sobrina/o

Su hermana, Graciela Pujol, era estudiante ya avanzada de la carrera de Medicina en Córdoba. Fue secuestrada en 1976 junto a su compañero, Horacio Olmedo. Para ese momento tenía entre tres y cuatro meses de embarazo. Su hermana y su cuñado estaban vinculados al OCPO (Organización Comunista Poder Obrero).

«Estando en la cárcel me entero del secuestro de mi hermana, Graciela Maris Pujol», explicó Hugo al Tribunal, antes de precisar que estuvo ocho años preso en la Unidad Penitenciar Nº 1 de Córdoba, siendo liberado dos meses antes de la vuelta a la democracia en 1983.

Explicó que Graciela pudo enviar «algunas cartas a través de conocidos. Sabíamos que estaba embarazada y que el bebé iba a nacer en febrero o marzo de 1977».

Según sobrevivientes, su hermana fue vista en el Pozo de Banfield a principios de octubre de 1976. Contó que en agosto de 1978 sus padres recibieron una carta escrita a máquina firmada por Rubén Omar Bricio y fechada en Chascomús, diciéndoles que había estado con su hermana «en un lugar clandestino, y ahí nos enteramos de que estaba viva».

Sin embargo nunca dieron con ella, quien permanece desaparecida.

«No dejo de tener la esperanza de que mi hermana haya podido tener su bebé y que ese chico que hoy debería tener 44 años algún día aparezca. Ya hice donación de sangre, igual que mi familia, y tenemos fe en que suceda un ‘milagro’ y que este chico, ya adulto, se pueda contactar por lo menos con los que quedamos todavía vivos».

Hugo Pujol pidió «verdad y justicia para tener el corazón un más tranquilo y poder decir ‘el que la hizo, la pagó'», y consideró que es «muy importante que se haga justicia por la democracia y la Constitución».

Un hermano de su cuñado, Gustavo Olmedo, también fue secuestrado. Sus restos aparecieron como NN en el cementerio de San Vicente, en Córdoba.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737. Tiene solo dieciocho imputados y apenas dos de ellos están en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas.

El juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia de covid-19. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio.

El tribunal está presidido por el juez Ricardo Basílico, acompañado por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero, todos ellos subrogantes.

En esta etapa de juicios, invitamos a todes a acompañar los testimonios a través del canal de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria.
Más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.

La próxima audiencia será el martes 17 de agosto a las 9 hs.