Se abre camino en el país la discusión en torno a la posibilidad de implementar una semana laboral de cuatro días, u otra forma de disminuir las horas dedicadas al empleo, con el objetivo de formalizar mayor cantidad de fuentes de trabajo, crear nuevos, aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan. Esto, a la vista de las fructíferas experiencias en otros países de la región y el mundo.

La discusión para reducir la jornada laboral adquirió mayor peso en el último tiempo, frente al impacto de la pandemia en mayores niveles de desocupación, desigualdad y pobreza.

Una de las principales iniciativas proviene del sindicalismo. «Los índices de desocupación son alarmantes. Estamos ante la posibilidad de distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo. El sindicalismo y la política deben hacerse cargo de esta discusión», sostuvo el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. El docente presentó un proyecto para reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada de trabajo sin bajar salarios y para «toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas».

«La pandemia nos golpeó fuerte, después del cimbronazo de la debacle macrista. Estamos ante la posibilidad de repensar las desigualdades y transformarlas en justicia social», escribió Yasky en Twitter.

Otra propuesta parlamentaria, de la diputada oficialista Claudia Ormaechea -también de extracción sindical (La Bancaria)-, apunta a que la duración del trabajo no pueda exceder seis horas diarias o treinta y seis semanales para toda persona ocupada en el ámbito público o privado.

Ambos proyectos, que cuentan con estado parlamentario, no contemplan «los trabajos en los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal».

Las propuestas responden a que la duración del trabajo en Argentina es una de las más altas en el continente. Según la Ley 11.544, el trabajo «no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas».

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde, la ministra de Trabajo del gobierno de Axel Kicillof, Mara Ruiz Malec, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, y la diputada Fernanda Vallejos también animaron el debate para la reducción del tiempo de trabajo. «¿Cómo puede ser que a esta altura de los avances técnicos y tecnológicos que ha acumulado nuestra sociedad, tengamos estos niveles cada vez más altos de desocupación?», planteó Vallejos.

La vicejefa del Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, no descartó abordar el tema y consideró que habría que «estudiarlo a fondo». «Es un debate válido que no solo se da en la Argentina, sino también en varios lugares del mundo. Los mercados de trabajo han cambiado en las últimas décadas», dijo ayer a Radio 10. «En Argentina tenemos un mercado de trabajo dual: hay un conjunto de trabajadores en relación de dependencia y otros que no tienen derechos y se manejan en la informalidad. Me parece interesante estudiarlo a fondo», agregó.

Los casos internacionales

Argentina mira a otros países que han avanzado en la reducción de la semana laboral o las horas diarias dedicadas al trabajo. Por caso, el Gobierno español lanzó a principios de año una prueba piloto para establecer la semana laboral de cuatro días y destinar 50 millones de euros a empresas en su adaptación a este nuevo modelo. La iniciativa provino del diputado y dirigente de Más País, Íñigo Errejón.

En Islandia, dos ensayos realizados entre 2015 y 2019 comprobaron que llevar a 35 y 36 horas semanales la jornada laboral, sin reducción de sueldo, mantuvo o mejoró la productividad al igual que la salud.

En la región, Colombia avanza en la reducción de la jornada laboral actual de 48 horas semanales a 42. La iniciativa plantea que la reducción sea gradual, es decir, cada año se bajarán 2 horas de la jornada actual, desde 2023 y hasta 2026, hasta llegar a las 42 que prevé la ley. En tanto, en Chile a fines de junio la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a cuatro días y extender los días de descanso a tres.