La causa por el envío de material represivo por parte del Estado argentino al Ejército y la Policía bolivianos durante el golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019 sumó este viernes una nueva querella, encabezada por la Aduana, según confirmó su titular, Silvia Traverso.

La funcionaria explicó que el organismo presentó el jueves documentación ante el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, y el viernes confirmó la querella. «El bien jurídico afectado es el control aduanero, somos víctimas de esta maniobra», dijo Traverso, y agregó, en ese sentido, que tienen la obligación de hacerlo en causas de contrabando agravado como la que tiene imputados, entre otros, al expresidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad.

«Iniciamos una información sumaria para definir si hubo responsabilidades de nuestro personal», destacó la funcionaria, y añadió que también realizan «una auditoría interna de los procesos».

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, confirmó que el material bélico, que días atrás el Gobierno boliviano mostró durante una conferencia de prensa, forma parte de lo que compró en 2018 el Gobierno de Mauricio Macri para custodiar la cumbre del G20 que se desarrolló en Buenos Aires.

«Hemos encontrado mucha documentación y también incoherencia entre la información documentada que dejó la Gendarmería y Aguad», dijo Frederic en una entrevista radial con Futurock.

La cartera que conduce la funcionaria también realiza un sumario administrativo en el que recoge testimonios de los gendarmes que participaron del operativo que, se suponía, debía velar por la seguridad de los funcionarios diplomáticos argentinos en territorio boliviano. El resultado de esa auditoría será entregado la semana próxima en el juzgado de López Biscayart.

El miércoles, además, el Gobierno amplió la denuncia contra los funcionarios de la Administración macrista por contrabando agravado, con documentación que probaría la alteración del manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019, para ocultar el envío del material represivo.