Pasadas las 18 horas, el Senado de la Nación aprobó con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán-Lohana Berkins», una lucha histórica del colectivo LGBT+ en nuestro país.

La flamante normativa, que ya contaba con la media sanción de la Cámara Baja, apunta a la inclusión laboral de personas travestis, transexuales y transgéneros, hayan realizado o no el cambio registral acorde a la Ley de Identidad de Género, y establece un cupo del 1 % en el Estado nacional en sus tres poderes, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación.

En el sector privado, la normativa establece que aquellas empresas que cumplan con el cupo laboral travesti-trans tendrán prioridad en las contrataciones del Estado y una serie de incentivos, como que «las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales».

Esta legislación viene a saldar una deuda histórica con el colectivo trans en torno a la feroz discriminación con respecto al acceso a los derechos laborales. En ese sentido, resulta imposible soslayar la ausencia del joven trans Tehuel de la Torre, quien precisamente desapareció mientras se dirigía a una entrevista buscando trabajo.

Durante la sesión, la primera en tomar la palabra como miembro informante y presidenta de la Banca de la Mujer fue la pampeana Norma Durango, quien consideró que «sancionar esta ley es, en realidad, reconocer la ciudadanía de la población travesti-trans».

«Estamos discutiendo algo más que el cupo laboral travesti, trans y transgénero; estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que, como ciudadanas y ciudadanos, les corresponden: derechos humanos, de eso estamos hablando», expresó Durango.

Para la legisladora, esta ley «viene a compensar un poco tanto dolor, tanto desamparo sufrido durante décadas, tantas vidas truncas, tantos proyectos anulados», al tiempo que es «la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que ha sometido y somete a las personas travestis, transexuales y transgénero».

«Estamos aquí por la fuerza militante del activismo de la disidencia sexual de todo nuestro país. Estamos aquí por Diana y Lohana. Ojalá estuvieran esta tarde con sus banderas en el Congreso disfrutando este momento», reconoció.

La senadora del Frente de Todos destacó las grandes dificultades no solo en el acceso al trabajo, sino a la educación, la vivienda, la salud, en definitiva, «a vivir una vida en condiciones dignas». En ese sentido, resaltó que las personas travestis tienen una expectativa de vida que no supera los cuarenta años. «Estamos dando un paso histórico, sentando las bases para reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto de las personas travestis, transexuales y transgénero, para que puedan participar del desarrollo social y económico en igualdad de condiciones, oportunidades y trato, sin violencias ni discriminaciones», sostuvo.

Por su parte, la senadora Ana Almirón destacó que esta normativa pone un freno, «porque hay un grupo humano al que el acceso al trabajo digno siempre le fue negado, dejándolo siempre en el mundo de la ilegalidad». En ese sentido, destacó que, más allá de los avances normativos con la Ley de Identidad de Género, que «significó un antes y un después», las personas trans «siguen siendo víctimas de actos discriminatorios» en distintos ámbitos. En este marco, pidió a las provincias que «se hagan eco» de esta sanción.

La fueguina María Eugenia Duré, por su parte, destacó que la norma es fruto de «una lucha histórica del colectivo travesti-trans», que ha «transformado ese dolor en sus vidas en resistencia».

«Ojalá junto a nosotros en estas bancas estuvieran sentadas personas del colectivo LGBTIQ+, quienes pudieran contarnos cada una de las violencias que tuvieron que atravesar durante toda su vida, para que no nos quede ninguna duda de por qué tenemos que estar acompañando esta media sanción», agregó por su parte María Eugenia Catalfamo.

«Esta es una ley integral, de inclusión social, que nos permite darnos cuenta por qué el Estado debe estar a cargo de reparar años de discriminación, de maltrato, de violencia que ha sufrido este colectivo, que como cualquiera de nosotros merece cumplir con sus sueños y deseos más íntimos», añadió la senadora puntana.

Uno de los discursos más contundentes de la tarde lo dio la senadora Nancy González. «Felicidad y orgullo de participar de esta sesión. Nuevamente, de la mano de nuestro Gobierno podemos estar sentadas en estas bancas para votar leyes que amplían derechos. Leyes que reconocen falencias del Estado pero se avanza para repararlas», sostuvo.

«Esta es la manera en la que yo concibo la política: la política como la capacidad de transformar la vida de las personas», manifestó, y agregó: «Diez años después de la Ley de Identidad de Género tuvieron que esperar las compañeras trans».

La chubutense consideró que «lo más importante que tienen estas leyes es que no patologizan. Estamos pensando en la diversidad de los cuerpos, de las identidades, de los proyectos de vida. Estas son las leyes que necesitamos, leyes que piensen en las libertades, que no necesiten normalizar a las personas para que entren en una ley, sino al contrario. Necesitamos una ley que se adapte a las personas y que, fundamentalmente, las reconozca».

«La vejez no puede ser un privilegio para una parte de la sociedad. El acceso al trabajo implica pensar en acceder a un recibo de sueldo, a una cuenta bancaria, a una tarjeta de crédito, días de descanso y licencias por enfermedad», manifestó.

Uno de los senadores que sorprendió en la sesión fue el radical oriundo de Tierra del Fuego Pablo Bianco, quien anunció su cambio de voto. «Cuando inicié esta sesión tenía la determinación de abstenerme en este proyecto de ley, basado en que para mí todos los ciudadanos somos iguales, independientemente del sexo, la religión o la ideología», explicó, y agregó: «Pero escuchando a las senadoras preopinantes, y analizando que la única verdad es la realidad, la realidad es que no siempre se le reconocen los derechos a todos».

Por parte de la oposición, el encargado del cierre fue el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff , quien reconoció que esta ley es un avance al «tratar de dar una vuelta de página en una historia de discriminación». Asimismo, que más allá de «los desafíos que tenemos que resolver» hay «un Estado que ha estado a la vanguardia» en el reconocimiento de derechos. En esa línea, manifestó que en esta normativa no solo se reconoce el «plan de vida», sino que se le da a ese plan de vida «la posibilidad del progreso social, de construir con dignidad ese progreso social».

Por parte del oficialismo, el cierre estuvo a cargo del pampeano Daniel Lovera, titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien señaló que «el objetivo es que esta población que ha sido invisibilizada por tanto tiempo, a la que se han negado innumerables derechos, que ha sido perseguida, discriminada, estigmatizada, criminalizada y excluida de la sociedad, pueda acceder a un trabajo digno que le posibilite mejorar su calidad de vida y le dé la oportunidad de planificar proyectos».

«Tenemos que decir sin eufemismos que el motivo del desempleo estructural de la comunidad travesti-trans no es ni más ni menos que su identidad de género. Sin duda que la ampliación de derechos que propone el proyecto va a permitir sacar de a poco a esta población de la marginación», concluyó.