Por Gabriela Calotti

Para Clara Esther Fund, hermana de Juan Carlos Fund, todo comenzó el 25 de octubre de 1976, cuando a la fábrica Faraday, donde ella trabajaba en personal y su hermano en bobinado, llegó un grupo de personas preguntando por su hermano y pidiendo su legajo. Al llegar a su casa le contó lo sucedido a Juan Carlos, quien estaba con licencia por enfermedad. Él le dijo que al día siguiente iría a preguntar a la Brigada.

“Pero ese mismo día, a las doce y media de la noche llegaron a casa. Destrozaron la puerta del golpe”, relató Clara al Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en el marco del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados en los llamados Pozo de Banfield, de Quilmes y de Lanús. El proceso se desarrolla de forma oral y virtual por la pandemia.

A ella y a su madre las obligaron a tirarse en la cama boca abajo mientras les apuntaban en la sien. “En un momento, lo traen a mi hermano hasta la habitación, lo tiran al piso y él levanta la vista y me mira… Nunca más lo volví a ver”, contó Clara con los ojos húmedos.

Del grupo de tareas que irrumpió en su casa de Quilmes recuerda que la persona que “me empujó era la misma que había ido a Faraday, donde se identificó como de la Brigada de Investigaciones, y cuando fue a mi casa dijo que era del Ejército argentino”, precisó.

Interrogada por una de las querellas, Clara aseguró que el jefe de personal de Faraday, al que identificó como Raúl Escotti, estaba retirado de una fuerza de seguridad, y que cuando secuestraron a su hermano ya habían desaparecido otros dos trabajadores antes. Juan Carlos tenía 22 años y además de trabajar estudiaba para maestro mayor de obras.

Faraday era una de las fábricas del Conurbano sur donde las asambleas y la actividad de los delegados era intensa y donde era visible la lucha contra el sindicalismo más ortodoxo. “En ese momento había mucho movimiento con la Unión Obrera Metalúrgica por mejoras salariales”, aseguró la testigo.

Al día siguiente comenzaron las peregrinaciones por las comisarías, por el Ministerio del Interior y por unidades carcelarias buscando a su hermano, que sería visto en el Centro Clandestino de Detención, secuestro, tortura y exterminio que funcionaba en la Brigada de la policía bonaerense en Quilmes. Juan Carlos Fund permanece desaparecido.

La búsqueda de su hermano llevó a Clara y a su madre a la iglesia Stella Maris, donde el cura les dijo que seguramente Juan Carlos se había “ido con una chica por ahí”, o, como otros jóvenes, a “España”. “Pero yo estaba segura de que no era así”, afirmó la mujer.

La mención a este sacerdote de la Iglesia católica es un aporte singular en el panorama de acusaciones de delitos de lesa humanidad, ya que no era otro más que Emilio Teodoro Grasselli, por entonces capellán del Ejército, quien nunca estuvo detenido por encubrir delitos de lesa humanidad y ante estos nuevos testimonios se complica su situación.

Con el retorno de la democracia –recordó Clara– vino un muchacho que se llamaba Enrique Balbuena y que dijo que había estado con Juan Carlos en el Pozo de Quilmes. Mucho tiempo después, supo por una nota periodística que un muchacho de nombre Gustavo había afirmado que había estado con Juan Carlos en el Pozo de Quilmes. “Dijo que con mi hermano miraban por una ventanita o un agujerito y veían un edificio, y Juan Carlos le decía que era el hospital de Quilmes, y que su preocupación era que nosotras estuviéramos bien”.

Su mamá, Gregoria Fernández de Fund, se enfermó. Falleció hace dos años. Clara se refirió con mucha tristeza a una imagen que le quedó grabada. “A veces la encontraba sentada en la cama mirando por la ventana y yo sé que lo esperaba a mi hermano”, contó.

Clara aseguró que nunca supo de la militancia de su hermano, cuya foto mostró al concluir su declaración y reclamar “nunca más, nunca más”.

Persecución del franquismo y desaparición en la dictadura argentina

Manuel Coley Robles había llegado a la Argentina en 1951 con apenas dieciséis años. Nacido y criado en Barcelona, padeció la persecución franquista porque era hijo de un miliciano republicano. En 1963 conoció en Tucumán a Alcira, quien sería su esposa. Con ella dejó su vida nómade y se instalaron en Quilmes Oeste para criar a sus tres hijos, María Marta, Rosa y Néstor, que en el momento del secuestro y desaparición de sus padres tenían 11, 10 y 6 años respectivamente. Su mamá tenía 34 años.

Allí, Manuel, “El Gallego”, empezó a trabajar en la fábrica de vajilla de vidrio Rigolleau, donde se convirtió en delegado sindical. Además era militante del PRT-ERP.

“Desde que se casó y formó la familia se quedó con nosotros. El papá de él había estado exiliado en Francia, que es donde se quedó”, contó su hija mayor ante el Tribunal para explicar quién era Manuel. “No se fue nunca hasta que se lo llevaron”, aseguró María Marta, quien fue mostrando fotografías familiares: cuando conoció a su mamá, el casamiento y otras con sus hijos.

En Rigolleau trabajaba en Expedición, en la entrada y salida de camiones, y al mismo tiempo integraba la lista naranja que había logrado conformar la comisión interna y que “no se sentía representada por el Sindicato del Vidrio”.

El 20 de marzo de 1976, los integrantes de la lista naranja y muchos otros trabajadores recibieron un telegrama de despido. A partir de allí, Manuel, que terminó la primaria en una escuela nocturna y había comenzado el primer año del secundario, tuvo que buscar changas para llevar algún dinero a la casa.

Lo peor llegó el 27 de octubre de 1976. “A las diez y media de la noche entraron a mi casa por las ventanas del fondo (…) A mi papá le ataron las manos atrás con un pedazo del mantel que rompieron y le vendaron los ojos”, contó al Tribunal su hija mayor.

Portaban armas largas y cortas. Revisaron todo y se llevaron cosas, también plata. Sin embargo, en un momento «se identificaron y dijeron ’no somos chorros, somos el Ejército’”, recordó la testigo. Según pudo reconstruir después, en el operativo también participaron policías de la Brigada de Quilmes que ya habían estado rondando por el barrio.

A los dos días, su tío Joaquín Coley hizo la denuncia en el Consulado de España y luego fue a la Diócesis de Quilmes, a cargo del obispo Jorge Novak, quien “siempre estuvo acompañando a los familiares”, explicó María Marta para ilustrar el compromiso de otros hombres de la Iglesia católica.

En 2009 los contactaron desde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para pedirles muestras de sangre e identificar restos que habían encontrado en el cementerio General Villegas en Isidro Casanova. “Ahí me dieron un informe y me enteré de que lo habían acribillado en la calle. Mucho. De frente y de espalda. Lo enterraron en el cementerio de San Justo en un ataúd”, aseguró.

Por el testimonio de María Kubik Marcoff de Leteroff, aseguró que se vio a Manuel entre fines de enero y principios de febrero de 1977 en el Pozo de Quilmes. Pudo saber que a su papá lo asesinaron el 5 de febrero de 1977.

En otros testimonios, Gustavo Calotti, sobreviviente del Pozo de Quilmes, aseguró que compartió celda con Juan Carlos Fund y con Manuel Coley Robles, recordó María Marta, quien concluyó su declaración leyendo un poema de su autoría en homenaje a su papá.

“Santucho vive”

Esa pintada en una columna de Plaza de Mayo en 1992 significó para Miguel Hernán Santucho, sobrino de Mario Roberto Santucho, uno de los máximos dirigentes del PRT-ERP, tomar la decisión de volverse a la Argentina. Integrantes de ese partido lo habían sacado del país cuando tenía diez años para que su vida no corriera peligro, según relató el testigo este martes ante el TOF Nº 1 en su primera declaración.

Miguel Hernán Santucho es hijo de Cristina Navajas, militante del PRT, y de Julio Santucho, con quien tenía dos hijos. Ella esperaba un tercero en el momento de su secuestro, el 13 de julio de 1975 en la ciudad de Buenos Aires.

Desde su regreso a la Argentina, siendo un adolescente y desde su incorporación a la agrupación HIJOS, Miguel nunca dejó de buscar a su hermano o hermana nacido, según testimonios, durante el cautiverio de su mamá en el Pozo de Banfield, donde fue vista por Adriana Calvo, fallecida hace más de 10 años.

Su papá era sociólogo y antes de conocer a su madre en la Universidad Católica estuvo a punto de ordenarse como sacerdote. Julio era el menor de diez hermanos, hijos de Francisco Santucho, quien los crió en Santiago del Estero en el seno de una familia donde siempre se hablaba de política.

“De los diez hermanos todos sufrieron alguna consecuencia por su militancia. Todos fueron perseguidos”, contó Miguel al Tribunal, antes de precisar que la primera esposa de su tío Mario fue ejecutada en la masacre de Trelew. Su tío Amílcar Santucho se exilió en tiempos de la Triple A. “Lo capturaron en Paraguay y estuvo cinco años preso en la época de (el dictador paraguayo Alfredo) Stroessner”, contó Miguel.

“En abril de 1975 mi tío el Negro fue secuestrado y desaparecido. Él integraba la compañía del Monte del ERP. No se pudo reconstruir qué paso con él”, relató el testigo. “En octubre de ese año, Oscar, otro hermano de mi papá, fue emboscado en Tucumán y abatido, y su cuerpo fue exhibido como demostración de lo que pasaba a los guerrilleros”.

“Yo me llamo Miguel en homenaje a él, porque Miguel era su nombre de guerra”, sostuvo este hombre nacido en 1975.

El 13 de julio de 1976 su madre Cristina, que por entonces tenía 27 años, fue secuestrada en un departamento de la familia en Buenos Aires junto con su cuñada y una amiga. Allí quedaron tres pequeños, entre estos él, que tenía nueve meses.

Su abuela materna, a quien definió como una “militante de fierro”, le contó varias veces cómo los había encontrado alertada por un vecino del edificio. Años después pudo saber que su madre había sido llevada a Coordinación Federal y al Centro Clandestino de Detención conocido como Automotores Orletti. “Como eran de la familia Santucho las ponían en un lugar de ser las ‘pesadas’ y les daban un trato especial en la tortura y los tormentos”, afirmó Miguel en base a testimonios de sobrevivientes. De allí las llevaron a la Brigada Güemes, Centro Clandestino de Detención también conocido como Protobanco.

Fue Adriana Calvo, una de las sobrevivientes que fue pilar en la reconstrucción del horror, quien le contó que había estado con su mamá en el Pozo de Banfield. “Hacia el 28 de diciembre de 1976 son trasladadas al Pozo de Banfield. Cristina llega en estado de embarazo avanzado. Ahí permanecen hasta abril del 77”, explicó el testigo. Según su reconstrucción, “el nacimiento debería haber ocurrido entre enero y febrero de 1977”. El traslado final fue el 25 de abril, según el relato de Adriana Calvo.

Tras el secuestro de la madre, Julio Santucho, que estaba en el extranjero, logró sacarlo del país con otros niños y llevarlos a Italia. En 1985, durante un viaje a la Argentina, fue por primera vez a la Casa de Abuelas de Plaza de Mayo en la calle Corrientes y allí comprendió por qué su abuela estaba en la Asociación. En Abuelas encontró fotos de sus padres con un cuadro en el medio sin foto y con un punto de interrogación.

Durante un viaje en 1992, cuando participaba en una manifestación de estudiantes secundarios, entrando a Plaza de Mayo vio “una pintada que decía ‘Santucho vive’ (…) en ese momento decidí que tenía que volver y hacerme cargo de mi historia”, afirmó, antes de referirse a su militancia en la agrupación HIJOS, a la búsqueda de su hermano o hermana, que aún no pudo encontrar, y a su tarea de reconstrucción de la historia familiar junto con su primo Diego.

La muerte de su abuela en 2012 le permitió, por primera vez en su vida, “elaborar un duelo”, porque hasta entonces “me costaba mucho llorar”, confesó este hombre que ya tiene hijos.

Miguel Hernán Santucho quiso concluir su testimonio pidiendo a los jueces del Tribunal que los imputados en este juicio no accedan “a ningún tipo de beneficio” en virtud de “los crímenes” por los cuales están siendo juzgados, pues estos “tienen que ver con esta perversidad de la desaparición y la apropiación de bebés, que es un delito que continúa”. El testigo manifestó que es “inaceptable que puedan estar en prisión domiciliaria o libertad condicional”.

“Reclamo que hasta que no se esclarezcan los crímenes o no aporten algo para esclarecerlos, no accedan a ningún tipo de beneficio. Sé que los imputados en esta causa tienen las respuestas. Espero que se tome en cuenta este reclamo al momento de expedir sentencia”, concluyó Miguel.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737 con sólo dieciocho imputados. Apenas dos de ellos están en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas.

El juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020, de forma virtual debido a la pandemia por covid-19. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio.

El tribunal está presidido por el juez Ricardo Basílico, acompañado por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero, todos ellos subrogantes.

Las audiencias pueden seguirse en vivo por diversas plataformas, entre ellas el canal de YouTube de La Retaguardia (www.youtube.com/user/laretaguardia) y el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria.

Para más información, consultar el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP (https://bit.ly/3coDVqV).

La próxima audiencia será el martes 29 de junio de 2021 a las 9 hs.