Cuando restan cuarenta días para el vencimiento de la prórroga de la actual concesión por los peajes y las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná, hoy en manos del consorcio Hidrovía S.A., la Cámara de Diputados emitió dictamen esta tarde sobre el proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná y del Sistema de Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina.

La iniciativa del Frente de Todos, que podría tratarse para su sanción definitiva en la próxima sesión, contó con el apoyo unánime de los demás bloques durante un plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda. Además del bloque oficialista, tuvo el respaldo de Juntos por el Cambio y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. Esto le asegura la mayoría para ser convertida en ley.

La comisión tendrá como objetivo «el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio» de la vía navegable troncal, de las inversiones para el desarrollo integral de las regiones del país comprendidas y de toda cuestión vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo.

Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Mayda Cresto (Frente de Todos), consideró que «es una gran oportunidad para hacer una diferencia después de veinticinco años de concesión» del corredor fluvial. «La Bicameral supone tomar una activa participación en el contralor del sistema de navegación», resumió.

Por su parte, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), resaltó que la iniciativa «forma parte de un proceso de valoración del rol del Parlamento en el seguimiento y control de cuestiones trascendentes para todos los argentinos». Su compañera de bancada, Fernanda Vallejos, destacó la posibilidad que se abrirá cuando venza la actual concesión. «Nos encontramos ante la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control de la ruta fluvial más importante del país».

Desde la oposición, el diputado radical Atilio Benedetti pidió que se priorice para la conformación de la bicameral a los diputados de origen ribereño, ya que la comisión debe «tener una mirada sobre las inversiones necesarias para el desarrollo integral».

El debate parlamentario se enmarca en la discusión sobre qué sistema aplicar para la explotación comercial del río Paraná. El 30 de abril, el Gobierno prorrogó la actual concesión por un plazo de noventa días, para luego llamar a una licitación de fondo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había adelantado en una entrevista que el Gobierno realizará «un llamado a licitación corta para el mantenimiento, hasta tanto se defina la licitación larga». Agregó que en esta última habrá una definición más clara sobre el rol del Estado y se creará un ente de control que contará con la participación de las provincias involucradas.

La relevancia estratégica de este corredor radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.

Las funciones de la comisión

La comisión, que estará integrada por seis senadores y seis diputados, tendrá entre sus facultades solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la vía troncal y su sistema de navegación, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales. A su vez, podrá «auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación» del corredor fluvial y «ejercer el contralor del proceso licitatorio».

Otra de sus atribuciones será «citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación».

La Proclama del 20 de junio

El plenario se realizó dos días después de conocerse la Proclama del 20 de junio que impulsó el Grupo 25 de Mayo. En ese texto, más de 3.000 dirigentes y personalidades reclamaron el fin de la actual concesión con Hidrovía S.A. y, a su vez, pidieron «recuperar para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas el imprescindible control y administración de la ruta fluvial».

Encabezaron la iniciativa la diputada Fernanda Vallejos, el senador Jorge Taiana, el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el titular de la CTA y también diputado nacional, Hugo Yasky, y el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni.

En la proclama pidieron retomar el control y la administración estatal de la red troncal, que el menemismo dejó en manos del consorcio Hidrovía S.A., integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa. 

Para esto, plantearon la asistencia de la Administración General de Puertos (AGP), con intervención del recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral cuya conformación obtuvo dictamen hoy en Diputados.

Bajo el lema «nos une la bandera del Paraná soberano», a su vez abogaron por la revisión y optimización de la operatoria del sistema en su conjunto. En particular, propusieron «optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial», para combatir prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como el tráfico ilícito.