El fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, firmó un dictamen que podría anular toda la prueba colectada durante la instrucción de la megacausa de espionaje ilegal y extorsión que se tramita en Dolores y que tiene como principal acusado al falso abogado Marcelo D’Alessio. 

El pedido es para que la Cámara declare la nulidad de las pericias realizadas sobre los teléfonos de D’Alessio en febrero de 2019, por considerar que se le pidió al acusado que desbloqueara los aparatos mientras estaba en un estado de indefensión.

De los registros telefónicos obtenidos se pudo conocer la red de contactos que manejaba el falso abogado, que involucraba, entre otros, al fiscal federal Carlos Stornelli (procesado en esta causa), la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada Paula Olivetto y el periodista Daniel Santoro (también procesado).

De acuerdo con el dictamen de Pettigiani, la apertura de los teléfonos se realizó en contra de la voluntad del acusado, y sostuvo, citando al abogado defensor de D’Alessio, que se encontraba «devastado emocional y psicológicamente».

El fiscal, que el año pasado había pedido el sobreseimiento de su colega Carlos Stornelli, acompañó así el reclamo de la defensa del falso abogado, y deberá resolver la Cámara si hace lugar o no al planteo. En ese otro escrito, en el que pidió que se desvincule a Stornelli de la causa, Pettigiani ya había señalado que la pericia era irregular.

En 2019, a poco de estallar el escándalo, Alejo Ramos Padilla (que actualmente ejerce la presidencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata) había ordenado que se trasladase a D’Alessio a la unidad de cibercrimen para que aportase las claves de sus teléfonos. El episodio no contó con la participación del letrado que lo patrocina, pero sí con un perito de parte.

La apertura de los teléfonos ameritó la presentación de un habeas corpus en favor del falso abogado y una denuncia penal contra el juez de Dolores por coacción. Sin embargo, la causa fue cerrada también en 2019 por el juez Martínez de Giorgi, tras comprobar que las personas que participaron como testigos del proceso y los veedores «coincidieron en que Marcelo D’Alessio suministró voluntariamente, colaborativamente y sin ningún tipo de coacción» las claves.