Este miércoles, la causa por el atentado al local de La Cámpora y el Frente de Todos de Bahía Blanca quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2, que preside la jueza María Gabriela Marrón. A su vez, la Policía bonaerense comenzó a analizar los registros de las cámaras de seguridad privadas, luego de la explosión de un artefacto casero que destrozó las ventanas y el mobiliario del interior y generó un fuerte repudio político.

«Desde el Juzgado Federal N° 2 a cargo de la jueza María Gabriela Marrón se presentó ante el Juzgado de Garantías N° 4 a cargo de Marisa Promé un pedido en el que se solicitó que se inhiba de seguir interviniendo en las actuaciones labradas en relación a la explosión ocurrida en la sede de la agrupación política y remitir las actuaciones realizadas a dicho Juzgado», indicaron desde el Ministerio Público Fiscal a Télam.

De este modo, se impartieron las primeras directivas para que el personal policial pudiera realizar las tareas investigativas.

Los peritajes que se realizaron en el frente del local de la agrupación política determinaron que la detonación se produjo a partir de la colocación de un artefacto explosivo casero «con el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros». Se trata de un informe preliminar que fue elaborado por integrantes de la División Explosivos de la Policía bonaerense.

El atentado transcurrió en la madrugada del último martes, en el local del Frente de Todos ubicado en la intersección de las calles Donado y Beruti, en el centro de la ciudad.

«Se investigan los delitos de estrago doloso por explosión, tenencia de bombas y materiales explosivos y organizaciones que tienen por objeto imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor», señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Los autores del atentado dejaron panfletos que enumeran una serie de acusaciones contra el gobierno nacional e incluyen una amenaza: «Ahora a cuidarse traidores, sabemos dónde viven».

Ante esto, los dirigentes del Frente de Todos que militan allí advirtieron a través de una declaración pública que «fue un acto de violencia política inédito».

El hecho generó un amplio repudio de distintos sectores del arco político. «Hemos consolidado nuestra democracia con mucho esfuerzo, sobre la base de la pluralidad, la participación y la discusión política. Todo mi repudio a este accionar antidemocrático e intolerante», tuiteó el ministro del Interior, Wado de Pedro.

En tanto, Facundo Tinganelli, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, apuntó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por el tono y contenido de sus discursos. «Hacemos un llamado de atención a toda la dirigencia política y especialmente a Patricia Bullrich para que baje los decibeles, que le está metiendo cosas en la cabeza a inadaptados sociales que generan estas consecuencias», afirmó a El Destape Radio.

«Este ataque es un hecho de gravedad institucional que pone en evidencia hasta dónde pueden llegar los discursos de odio que incitan y avalan este tipo de conductas, contrarias a toda convivencia democrática», remarcó La Cámpora en su comunicado. «No se trata de una novedad ni de algo reciente: desde hace meses venimos advirtiendo sobre el incremento de la violencia discursiva proveniente de dirigentes de la oposición, propalados a través de redes sociales y medios de comunicación afines a los sectores más duros del macrismo, que nunca pudieron asimilar la derrota electoral de 2019», concluyó.